La nueva responsable de la Fiscalía, que cuenta con más de 35 años de trayectoria y es reconocida especialista en violencia de género, escogió como padrinos a María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo que actuó como fiscal en la causa contra García Ortiz, y a Félix Pantoja, fiscal jubilado que fue coordinador de siniestralidad laboral. El acto, presidido por Isabel Perelló, reunió a una amplia representación de magistrados del Supremo, varios ex fiscales generales y el ministro Félix Bolaños. Peramato se ha comprometido a «sanar la herida» que la condena a su antecesor dejó en la institución.
Teresa Peramato ha asumido formalmente este jueves el cargo de fiscal general del Estado en una ceremonia solemne celebrada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El acto, de aproximadamente quince minutos de duración, estuvo presidido por Isabel Perelló, presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y reunió a una amplia representación institucional que incluía magistrados del alto tribunal, varios ex fiscales generales del Estado y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La ceremonia adquirió una particular significación simbólica al desarrollarse ante los mismos magistrados que integraron el tribunal que condenó a Álvaro García Ortiz, predecesor de Peramato, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La nueva fiscal general del Estado, que cuenta con más de 35 años de trayectoria en la carrera fiscal, ha sido reconocida especialmente por su especialización en la lucha contra la violencia de género. Peramato, que ejercía como fiscal de sala del Tribunal Supremo antes de su nombramiento, escogió como padrinos de su toma de posesión a dos figuras directamente vinculadas con momentos recientes de la historia del Ministerio Fiscal. María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, actuó como fiscal en la causa judicial que culminó con la condena a García Ortiz. Félix Pantoja, por su parte, es un fiscal jubilado que desempeñó el cargo de coordinador de siniestralidad laboral durante años.
Presencia de protagonistas del caso García Ortiz
Entre los asistentes a la ceremonia se encontraba Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien presidió el tribunal que enjuició y condenó a Álvaro García Ortiz por revelar información confidencial relacionada con la investigación judicial contra Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La presencia de varios magistrados que formaron parte de ese tribunal añadió un componente de especial trascendencia institucional al acto de toma de posesión de Peramato, quien asume la jefatura de la Fiscalía en un momento particularmente delicado para la credibilidad del Ministerio Público.
También acudieron al Salón de Plenos del Supremo Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, responsables de la Fiscalía Superior y de la Fiscalía Provincial de Madrid respectivamente. Ambas fiscales desempeñaron un papel clave durante el procedimiento judicial contra García Ortiz, haciendo visibles sus discrepancias tanto durante la fase de investigación como en la vista oral celebrada ante el Tribunal Supremo. La sentencia condenatoria destaca expresamente que la declaración de Almudena Lastra resultó determinante para el fallo, al explicar que desde el inicio advirtió que la información relativa a la investigación por presuntos delitos fiscales contra González Amador terminaría filtrándose públicamente.
Declaraciones clave en la condena
Según recoge la sentencia del Tribunal Supremo, Almudena Lastra relató que llegó a preguntar directamente a Álvaro García Ortiz: «¿Álvaro, has filtrado tú?». La fiscal superior declaró que el entonces fiscal general respondió: «Eso ahora no importa». Para el tribunal, esta respuesta constituye un indicio de carácter autoincriminatorio que refuerza la conclusión de que García Ortiz participó activamente en la revelación de información confidencial protegida por el secreto de las actuaciones judiciales. Esta declaración testimonial, junto con otros elementos probatorios aportados durante el juicio, resultó determinante para que la Sala Segunda del Supremo dictara una condena que ha supuesto la primera inhabilitación de un fiscal general del Estado en la historia democrática española.
A la ceremonia de toma de posesión asistieron también varios ex fiscales generales del Estado, entre ellos María José Segarra, Consuelo Madrigal y Julián Sánchez Melgar, quienes representan diferentes etapas de la evolución institucional del Ministerio Fiscal durante las últimas décadas. La presencia de magistrados del Tribunal Constitucional y numerosos vocales del CGPJ completó una representación institucional que subrayó la importancia del acto más allá de su dimensión meramente protocolaria. Como es habitual en este tipo de ceremonias, acudió el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acompañado del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Compromiso de restaurar la confianza institucional
Está previsto un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado, situada en la calle Fortuny de Madrid, a unos 500 metros del Tribunal Supremo. En ese escenario, Teresa Peramato dirigirá unas palabras a la cúpula del Ministerio Público, momento en el que se espera que desarrolle con mayor detalle su visión sobre los retos inmediatos que afronta la institución. El pasado 4 de diciembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la nueva fiscal general ya se comprometió expresamente a «sanar la herida» que la condena a su antecesor ha dejado en la Fiscalía.
Peramato compareció ante los diputados encargados de evaluar su idoneidad para el puesto pocos días después de que el CGPJ dictaminara por unanimidad que cumplía todos los requisitos legales para asumir la jefatura del Ministerio Fiscal. El Gobierno propuso su nombramiento el 25 de noviembre, apenas cinco días después de que el Tribunal Supremo anunciara públicamente su decisión de condenar a Álvaro García Ortiz. Sin embargo, el contenido íntegro de la resolución judicial no se hizo público hasta esta semana, cuando el alto tribunal precisó que el jefe de la Fiscalía «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito» de revelación de secretos, estableciendo así un criterio jurisprudencial que marca límites claros a la actuación del Ministerio Público.
Cuarta fiscal general bajo el Gobierno de Sánchez
Teresa Peramato es la cuarta persona que se pone al frente de la Fiscalía General del Estado durante los gobiernos de Pedro Sánchez, después de María José Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Dolores Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y Álvaro García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025). Esta sucesión de fiscales generales en un periodo relativamente breve ha generado debate sobre la estabilidad institucional del Ministerio Público y sobre la influencia que el poder ejecutivo ejerce en la configuración de la cúpula fiscal, especialmente después de que la condena a García Ortiz pusiera de manifiesto tensiones entre la función constitucional de la Fiscalía y su dependencia orgánica del Gobierno.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el mandato del fiscal general tendrá una duración de cuatro años. Solo podrá cesar antes de ese plazo por cinco causas tasadas: a petición propia, por incurrir en alguna incompatibilidad o prohibición legal, por incapacidad o enfermedad que le impida ejercer sus funciones, por incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones, o cuando cese el Gobierno que propuso su nombramiento. Una vez designada fiscal general, Teresa Peramato no podrá ser nombrada nuevamente para el mismo puesto, salvo en el caso de que hubiera desempeñado el cargo durante un periodo inferior a dos años.
