Una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes movilizó a 100.000 jóvenes en más de cincuenta ciudades para denunciar la inacción institucional ante el bullying. La muerte de la menor sevillana, que denunció sin éxito el acoso en su colegio concertado, desató una ola de protestas que exigen la dimisión de directivos, más recursos de salud mental en los centros y la retirada de financiación pública a las escuelas que no activan protocolos de protección.
Una oleada de indignación recorrió España este martes 28 de octubre. Miles de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional abandonaron las aulas en una jornada de huelga nacional convocada bajo el lema «Sandra, no te olvidamos. Basta de bullying, basta de discursos de odio». La movilización, que según el Sindicato de Estudiantes congregó a 100.000 jóvenes en más de cincuenta ciudades, nació de la tragedia de Sandra Peña, la menor sevillana de 14 años que se quitó la vida el 14 de octubre tras sufrir acoso escolar continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto.
Las manifestaciones comenzaron a las 12:00 horas del mediodía de forma simultánea en las principales capitales y numerosos municipios. En Madrid, la marcha partió desde la Puerta del Sol atravesando Gran Vía y Callao, donde se vivieron momentos de tensión por una carga policial en los alrededores de la plaza donde comenzaba la convocatoria. En Barcelona, los estudiantes se concentraron en la Plaza de la Universidad. Sevilla vivió una de las movilizaciones más numerosas, con un recorrido desde Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo, donde la familia de Sandra Peña fue arropada por una nutrida masa de jóvenes que corearon consignas contra la dirección del colegio y las administraciones públicas.
El caso de Sandra Peña ha sacudido a la sociedad española por las circunstancias que rodearon su muerte. Según denuncia el Sindicato de Estudiantes y la propia familia de la menor, la dirección del colegio Irlandesas de Loreto conocía la situación de acoso. «La familia hizo una queja formal hasta en dos ocasiones y no hicieron nada y esto es porque la educación concertada es un negocio más y cuando vieron que esto iba a afectar a su reputación decidieron no aplicar ningún protocolo», declaró Elena Ocaña, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Andalucía. La familia presentó avisos formales acompañados de informes psicológicos, pero según las acusaciones, el centro nunca activó el protocolo antibullying ni las medidas de prevención de autolesiones.
El movimiento estudiantil señala responsables directos en tres frentes. En primer lugar, acusa a la dirección del colegio concertado, gestionado por la Fundación Educativa Mary Ward, de priorizar su imagen y el negocio educativo por encima de la protección del alumnado. El centro recibe millones de euros en subvenciones anuales de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, responsabiliza a la administración andaluza, gobernada por el Partido Popular, de mantener conciertos con centros que no cumplen los protocolos de protección y de recortar recursos en educación pública. En tercer lugar, extiende la crítica al Gobierno central por no destinar fondos suficientes a la prevención del suicidio juvenil ni a la salud mental en los centros educativos.
Exigencias para combatir el acoso
La huelga del 28 de octubre trasciende el homenaje a Sandra Peña para convertirse en una denuncia de lo que el Sindicato de Estudiantes define como un problema estructural. «El acoso escolar no es una cuestión individual. Es el reflejo de un sistema que fomenta la competitividad, el odio y el desprecio al diferente», señala el manifiesto de la organización. Las reivindicaciones incluyen la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de su concierto educativo, además de una investigación pública que depure responsabilidades penales y administrativas.
Entre las demandas destacan medidas concretas para transformar el sistema educativo. La organización estudiantil reclama la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. «Combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos», subraya el sindicato. También exigen que no se destine «ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos».
La convocatoria también pone el foco en los discursos de odio como caldo de cultivo del acoso escolar. Los estudiantes reclaman una educación libre de machismo, racismo, LGTBIfobia y fascismo, espacios seguros para todas y todos sin discriminación. «La violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en nuestras aulas», denuncia el manifiesto. Esta conexión entre el clima social y el acoso en los centros educativos forma parte del análisis que los jóvenes hacen de una problemática que consideran alimentada por un contexto más amplio de intolerancia y polarización.
María José Fernández Pérez, portavoz de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, intervino al finalizar la marcha en Madrid. «Ya es hora de retirar el concierto al colegio de las Irlandesas de Loreto», valoró. Hablando de la situación en la capital, Fernández Pérez indicó que mientras el consejero de Educación niega el racismo en las aulas, desde su asociación ya han ganado tres sentencias contra el acoso escolar de índole racista: dos contra colegios concertados y una contra un colegio público. La portavoz señaló que la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia no está funcionando. «Nuestros niños y niñas siguen en riesgo. Actualmente hay 14 dictámenes de la UE que señalan a España por no proteger a los menores», indicó.
El Sindicato de Estudiantes subraya que esta movilización marca un punto de inflexión. «Por primera vez en la historia, las aulas de todo el Estado se han paralizado», celebraron desde la organización. La respuesta masiva de los estudiantes contrasta con lo que consideran la pasividad institucional ante una lacra que afecta a miles de jóvenes. «No hay dinero para nuestra salud mental, pero sí para armas, privatizaciones y rescatar negocios privados», denuncia el comunicado, estableciendo una crítica más amplia sobre las prioridades presupuestarias de las administraciones.
La investigación judicial del caso de Sandra Peña está en manos de la Fiscalía de menores, que ha abierto dos líneas de investigación. La primera se centra en las supuestas acosadoras de la menor, tres compañeras de clase según la familia. La segunda investiga la respuesta del colegio ante la situación denunciada. El desenlace de estas pesquisas podría determinar responsabilidades penales tanto individuales como institucionales en una tragedia que, según los organizadores de la huelga, pudo haberse evitado con la aplicación correcta de los protocolos existentes.
Las manifestaciones se replicaron en Valencia, Bilbao, Granada, A Coruña, Málaga, Palencia, Guadalajara, Zaragoza, Oviedo, Murcia, Valladolid, Palma y Santa Cruz de Tenerife, entre otras ciudades. Los carteles con el rostro de Sandra Peña y las pancartas con mensajes contra el acoso escolar llenaron las calles españolas en una jornada que los estudiantes definen como el comienzo de una lucha colectiva. «Sandra no murió en vano. Lucharemos por una escuela pública segura, inclusiva y con recursos», concluye el manifiesto de la huelga. La movilización del 28 de octubre quedará registrada como una de las mayores protestas estudiantiles de la historia reciente de España, impulsada por la rabia y el dolor de una generación que exige que las instituciones protejan a quienes están bajo su responsabilidad.
