Más de 8.500 personas se concentraron este domingo frente al Palacio de San Telmo en Sevilla para exigir responsabilidades por un escándalo que ha dejado al menos 2.317 mujeres sin seguimiento adecuado tras mamografías no concluyentes. El testimonio desgarrador de Anabel, a quien extirparon un pecho el 15 de octubre por un diagnóstico tardío, evidencia la gravedad de una crisis que ha provocado la dimisión de la consejera de Salud y pone en jaque al gobierno de Juanma Moreno.
La explanada del Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno andaluz, se tiñó este domingo de rosa. Miles de mujeres, muchas de ellas luciendo camisetas de ese color y portando globos, se congregaron para exigir respuestas a un sistema sanitario que, según denuncian, ha puesto en grave riesgo sus vidas. La concentración, convocada por la asociación Amama que aglutina a afectadas por cáncer de mama, reunió a más de 8.500 personas según datos de la Policía Nacional, aunque la Policía Local rebajó la cifra a 4.500 asistentes. Sea cual sea el número exacto, la protesta evidenció la magnitud de un problema que ha sacudido los cimientos de la sanidad pública andaluza.
El origen de esta crisis se remonta a los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama, que dejó a miles de mujeres sin información sobre resultados no concluyentes de sus mamografías y, por tanto, sin las pruebas complementarias necesarias para confirmar o descartar la enfermedad. Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, informó que se han identificado 2.317 mujeres con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3, considerados «probablemente benignos», que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento. El 90% de estos casos se concentra en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Sin embargo, la asociación Amama cuestiona estas cifras y sostiene que el número de afectadas podría ascender hasta 20.000 mujeres. «Creemos que pueden ser 20.000, no 2.000, ni 2.317», afirmó Ángela Claverol, presidenta de Amama Sevilla, quien ha denunciado que existen casos en todas las provincias occidentales de Andalucía, incluyendo Huelva, Cádiz, Córdoba y Málaga, y no solo en el Virgen del Rocío como sostiene la Junta. La discrepancia en las cifras se ha convertido en una batalla que evidencia la falta de transparencia que denuncian las afectadas y sus familias.
«Lo he perdido todo»
El caso de Anabel personifica el drama que viven cientos de mujeres andaluzas. Esta paciente fue una de las primeras en denunciar públicamente que no había sido informada de que su primera mamografía había arrojado un resultado no concluyente y que necesitaba pruebas complementarias. Acudió a la concentración del domingo después de que el pasado 15 de octubre le extirparan uno de sus pechos. «No es justo. Lo he perdido todo», declaró entre lágrimas ante los medios, convirtiéndose en el símbolo de una gestión sanitaria que ha fallado a las personas más vulnerables.
Ángela Claverol, desde el escenario levantado frente al Palacio de San Telmo, fue contundente en sus declaraciones. «La supervivencia política no puede estar por encima de la humana», afirmó ante miles de personas que coreaban consignas como «Moreno dimisión» y «Sanidad pública». La presidenta de Amama, quien se definió como «una pensionista, con una pensión ridícula, paciente oncológica y con un coche de 15 años», respondió así a las acusaciones del presidente Moreno Bonilla, quien había tachado de «infundios» las denuncias de la asociación ante la Fiscalía por una supuesta manipulación en las imágenes de las mamografías.
«Para ellos no somos nada, pero les vamos a demostrar que somos muchas» las mujeres que reclaman respuestas, subrayó Claverol. La dirigente, cuya asociación mantiene desde 1995 un convenio con el Servicio Andaluz de Salud para visitar a pacientes oncológicas en los cuatro hospitales públicos de Sevilla, anunció que se reunirá «la semana que viene» con la Junta, aunque fuentes de Sanidad y Presidencia aseguraron haberse enterado por los medios de comunicación y no confirmaron fecha para el encuentro.
Bajo el lema «Nuestra vida no puede esperar», la concentración reunió a personas de toda Andalucía. Representantes de formaciones políticas como el PSOE, Por Andalucía, Adelante y Podemos participaron en la protesta, que también contó con el respaldo de sindicatos y organizaciones sociales como Mareas Blancas. Los manifestantes portaron carteles con mensajes como «No son casos, son vidas» y «Menos cofradías, más mamografías», mientras coreaban «Amama, aquí están vuestras hermanas» en señal de solidaridad con las afectadas.
Medidas tardías y crisis política
Esta manifestación se produce tres semanas después de una primera concentración el 8 de octubre que provocó la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Aquella protesta, organizada en pocos días por Amama en las puertas del Servicio Andaluz de Salud en la Avenida de la Constitución, reunió a cerca de 3.000 personas y marcó un punto de inflexión en la gestión de la crisis. El presidente Moreno aceptó la renuncia de Hernández horas después de la manifestación, nombrando a Antonio Sanz, quien añadió Sanidad a sus competencias en Presidencia y Emergencias.
El Gobierno andaluz ha aprobado un plan de choque dotado con 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales para garantizar que todas las pruebas pendientes se realicen antes del 30 de noviembre. Según datos oficiales, a fecha 21 de octubre, 1.778 mujeres de las 2.317 identificadas, aproximadamente el 76 por ciento, ya se habían realizado la prueba indicada por el radiólogo. Además, se ha anunciado un plan integral con más de 100 millones de euros y 709 profesionales para reforzar los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cuello de útero.
Para las afectadas estas medidas llegan tarde. «El tiempo de las declaraciones y las fotos han terminado. Las mujeres han confiado en un sistema que les ha defraudado y ha puesto en riesgo sus vidas», señalaron las entidades convocantes. Claverol calificó la situación como «uno de los mayores escándalos y catástrofes de la sanidad pública andaluza» y subrayó que «los cribados son solo la punta del iceberg, la sanidad pública la han destruido y por eso estamos aquí». La crisis ha reabierto el debate sobre los recortes y la privatización de servicios sanitarios en una comunidad donde la gestión de la salud se ha convertido en el eje central del debate político.
