El periodo para solicitar la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática concluye el 21 de octubre después de recibir 676.000 solicitudes, principalmente de descendientes de exiliados de la II República española. Los consulados han aprobado 320.000 expedientes y completado 200.000 inscripciones en los registros civiles, cifras que superan las estimaciones iniciales del Gobierno.
Los consulados españoles han recibido 676.321 solicitudes de nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática desde su entrada en vigor en 2022. Las cifras oficiales comunicadas por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Xavier Martí, corresponden a la mayor avalancha de solicitudes de nacionalización procesada por la red consular española, concentrándose especialmente en países latinoamericanos donde se asentaron los exiliados republicanos tras la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El procesamiento de solicitudes muestra diferencias significativas entre los distintos estadios del trámite. De las 676.321 solicitudes recibidas en toda la red consular, los funcionarios han aprobado 320.000 expedientes y completado 200.000 inscripciones efectivas en los registros civiles consulares. La diferencia de 120.000 expedientes aprobados pendientes de inscripción refleja los tiempos de tramitación de un proceso que inicialmente estimaba 350.000 beneficiarios según las previsiones gubernamentales.
El plazo para solicitar la nacionalidad española por descendencia concluye definitivamente el 21 de octubre de 2025, tras una prórroga concedida en 2024 que extendió la fecha original de octubre de 2024. El Gobierno ha descartado nuevas extensiones del periodo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. La normativa permite recuperar la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que perdieron la ciudadanía por exilio, así como a descendientes de brigadistas internacionales.
Los consulados latinoamericanos concentran el mayor volumen de tramitación, especialmente en países como Cuba, donde las particularidades del marco legal local han complicado la apostilla de documentos esenciales para acreditar la descendencia española. El consulado de La Habana registra filas matutinas y la aparición de intermediarios que cobran entre 200 y 500 dólares por la gestión documental, según testimonio de Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo, quien explicó que «un funcionario consular español dijo que hace un año paralizaron el otorgamiento de credenciales porque había decenas de miles de solicitudes acumuladas».
Medidas para ampliar las capacidades
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desarrollado el sistema «Expediente digital», implementado inicialmente en Miami y extendido progresivamente a otras sedes consulares. La plataforma permite completar formularios online y obtener justificantes que acreditan el inicio del trámite antes del vencimiento del plazo legal. El consulado de La Habana incrementó un 27% su capacidad de atención desde mayo, mientras otras sedes han adoptado medidas similares para gestionar el volumen de solicitudes.
Una instrucción administrativa de noviembre de 2024 estableció que las personas que obtengan cita antes del 21 de octubre podrán completar su tramitación hasta 2029. Esta medida permite gestionar de manera escalonada las solicitudes iniciadas dentro del plazo legal, aunque requiere haber iniciado formalmente el proceso antes de la fecha límite establecida por la disposición adicional octava de la ley.
Los costes del proceso han experimentado incrementos debido a la demanda. La Nunciatura Apostólica de Madrid aumentó sus tarifas de tres a 30 euros por documento, mientras los arzobispados comenzaron a cobrar entre 10 y 20 euros por certificados que anteriormente expedían sin coste. Estos ajustes reflejan la presión ejercida sobre las instituciones que participan en la cadena documental necesaria para acreditar la descendencia española.
La distribución territorial de las nacionalizaciones sigue los patrones históricos de la emigración española del siglo XX. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Marruecos lidera las concesiones con 42.910 nuevas nacionalizaciones en 2024, seguido por Venezuela con 35.403 y Colombia con 26.224. En territorio español, Cataluña concentra 68.755 nacionalizaciones, Madrid registra 48.288 y la Comunidad Valenciana suma 26.729 inscripciones.
Impacto en el panorama electoral
Los españoles nacionalizados muestran patrones de participación y preferencias políticas diferenciadas. Según el Observatorio de Tendencias Sociales, el 66% de los nacidos en el extranjero afirma haber votado, frente al 85% de los españoles de origen, una diferencia de 19 puntos porcentuales. Las formaciones de izquierda obtienen un apoyo 5,7 puntos superior entre los nacionalizados (35,7%) respecto a los españoles de origen (30%), con el PSOE registrando un 30,5% del voto directo, 8,1 puntos más que entre los españoles de origen.
La experiencia cubana ilustra las particularidades geopolíticas del proceso. Cuba no forma parte del convenio de La Haya, dificultando la apostilla de documentos esenciales para el trámite. Esta circunstancia ha requerido procedimientos alternativos que han ralentizado el procesamiento en una población con vínculos históricos con España, donde podrían haberse beneficiado hasta cinco millones de personas según estimaciones de organizaciones de descendientes españoles.
El cierre del plazo marca el final del periodo de solicitudes de una política concebida como reparación histórica hacia los descendientes de emigrantes republicanos y otros exiliados del siglo XX. La Ley de Memoria Democrática continúa vigente en sus demás disposiciones, pero la oportunidad específica de nacionalización por descendencia establecida en su disposición adicional octava concluye definitivamente el 21 de octubre de 2025, estableciendo un precedente sobre la gestión de políticas de nacionalización masiva en el marco de la reparación de la memoria histórica.
