El primer grupo de españoles detenidos por Israel cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza regresó el domingo a España tras firmar bajo presión documentos que reconocían su entrada ilegal en el país. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el concejal de ERC Jordi Coronas y el diputado valenciano Juan Bordera relataron haber sufrido golpes, privación de sueño, humillaciones y amenazas durante su reclusión en la prisión de Saharonim, en el desierto de Neguev. Otros 28 españoles permanecen retenidos tras negarse a firmar los documentos de deportación, alegando que fueron interceptados en aguas internacionales.
El aeropuerto de Madrid-Barajas se convirtió el domingo por la noche en escenario de una recepción multitudinaria. Cerca de 200 personas, entre familiares, militantes políticos y simpatizantes de la causa palestina, esperaban la llegada de los 21 activistas españoles deportados por Israel tras cinco días de detención. Entre ellos, Ada Colau, Jordi Coronas y Juan Bordera protagonizaron las primeras denuncias sobre los acontecimientos vividos desde que las fuerzas israelíes interceptaron la Global Sumud Flotilla el pasado miércoles en aguas internacionales, cuando navegaba a unas 70 millas náuticas de Gaza.
El relato de los activistas describe una operación planificada con comandos especiales Shayetet 13 que abordaron las embarcaciones de madrugada. Tras la interceptación, más de 470 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas al puerto de Ashdod, donde les esperaban cientos de efectivos policiales. Según los testimonios, la violencia comenzó desde el primer momento. Rafael Borrego, uno de los tripulantes, detalló que fueron «golpeados, arrastrados por el suelo, vendados de ojos, atados de pies y manos, introducidos en jaulas e insultados». El diputado valenciano Juan Bordera añadió a su llegada que lleva «un puñetazo en las costillas» y que hay compañeros en peor estado.
La exalcaldesa de Barcelona ofreció declaraciones en el aeropuerto de El Prat tras conectar desde Madrid. Colau describió como «secuestro en aguas internacionales» la detención de la flotilla y denunció haber vivido una experiencia de «humillación sistemática». Según su relato, centenares de policías les recibieron con actitud agresiva en el puerto antes de trasladarlos a la prisión de alta seguridad de Saharonim. Durante el trayecto en furgonetas, los activistas pasaron horas sin agua ni comida, con el aire acondicionado al máximo tras haberles quitado prendas de ropa. El periodista Néstor Prieto confirmó que un soldado llegó a decirles que «no tenían médicos para animales».
Las condiciones en la prisión del desierto de Neguev añadieron otra capa de dureza a la experiencia. Colau compartió celda con 15 mujeres en un espacio de seis por tres metros. En el patio, las autoridades habían colocado una imagen de Gaza devastada con la leyenda en árabe «Bienvenidos a la nueva Gaza». Los activistas relataron que personas armadas entraban con perros en las celdas, les apuntaban a la cabeza y les privaban del sueño cambiándoles de celda repetidamente. Durante las primeras 48 horas permanecieron incomunicados, sin acceso a asistencia legal ni contacto con sus familias. La negación de medicamentos a personas con patologías previas y la falta de agua potable completaron un cuadro que varios activistas calificaron como tortura.
Deportaciones bajo coacción y resistencia
El proceso de deportación generó una nueva controversia. Las autoridades israelíes exigieron a los detenidos firmar documentos en los que reconocían haber entrado ilegalmente en el país. Los 21 españoles que regresaron el domingo aceptaron firmar para acelerar su salida, aunque Jordi Coronas aclaró que, al negarse inicialmente, las autoridades «cerraron la puerta y ellos mismos firmaron los documentos». El concejal de ERC calificó la práctica de «fascismo». Otros 28 españoles continúan en el centro penitenciario al rechazar firmar cualquier documento, argumentando que la interceptación se produjo en aguas internacionales y que, por tanto, no cometieron ninguna entrada ilegal.
La ONG Adalah, que proporciona asistencia legal a los detenidos, confirmó que Israel carecía de jurisdicción para intervenir sobre los barcos según el derecho marítimo internacional. La organización denunció que las autoridades israelíes violaron sistemáticamente los derechos de los activistas, desde la interceptación hasta el traslado a prisiones de máxima seguridad. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, acudió personalmente al puerto de Ashdod la noche del jueves para increpar e insultar a los detenidos, según confirmaron varias fuentes.
Mientras tanto, en Barcelona se desarrollaron protestas de solidaridad. Participantes de la campaña Free Palestine levantaron una acampada en el centro neurálgico de Drassanes para reclamar la liberación de todos los activistas. Miles de manifestantes tomaron las calles de la ciudad condal durante el fin de semana, cortando accesos a facultades universitarias y gritando consignas como «Gaza, no estás sola» e «Israel asesina, Europa patrocina». El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que trabaja para el regreso de los 28 españoles restantes, quienes podrían ser deportados este lunes junto a otros 170 activistas de diversas nacionalidades.
Ada Colau anunció que emprenderá acciones legales por las violaciones de derechos humanos sufridas. La exalcaldesa hizo un llamamiento a mantener las movilizaciones para detener lo que calificó como «genocidio» en Gaza y exigir la apertura de corredores humanitarios. Al menos 22 activistas de la flotilla permanecen en huelga de hambre en la prisión de Ketziot, seis de ellos españoles, según informó Lubna Tuma, abogada que representa a los participantes. Israel ha negado todas las acusaciones de malos tratos y asegura que respeta la integridad de los detenidos.
