Más de la mitad de las urbes de más de 150.000 habitantes superan el valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno, emitido principalmente por el tráfico rodado. Las ciudades tienen la obligación legal de crear zonas de bajas emisiones desde 2023, pero la mayoría no han cumplido esta exigencia o han implementado medidas ineficaces. Ecologistas en Acción advierte que el problema se agrava por la mala ubicación de las estaciones de medición.
Las grandes ciudades españolas enfrentan un grave problema de salud pública relacionado con la contaminación atmosférica. Un total de 18 de las 44 ciudades españolas de más de 150.000 habitantes superaron durante 2025 el nuevo valor límite anual establecido por la Unión Europea para el dióxido de nitrógeno, situado en 20 microgramos por metro cúbico. Este contaminante, emitido principalmente por los vehículos de combustión que circulan por las calles urbanas, afecta a casi 12 millones de habitantes, aproximadamente una cuarta parte de la población española. Los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control revelan que ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Málaga encabezan la lista de incumplidores.
El dióxido de nitrógeno se ha consolidado como uno de los contaminantes más persistentes en los entornos urbanos españoles. Aunque la presencia de este gas en el aire ha disminuido paulatinamente en los últimos años, sobre todo por efecto de la renovación del parque automovilístico y del mayor peso de los vehículos de gasolina sobre los diésel, la reducción resulta insuficiente para cumplir con la normativa europea que entró en vigor el primero de enero de 2030, aunque les dio a las ciudades un plazo hasta 2025 para adaptarse. El tráfico rodado es responsable del 53,3% del NO2 total en ciudades como Madrid, cifra que se eleva hasta el 74,4% si solo se considera la contribución directa de los automóviles.
El incumplimiento generalizado del nuevo límite europeo
Madrid lidera la clasificación de ciudades con mayor contaminación por dióxido de nitrógeno, alcanzando los 32 microgramos por metro cúbico, seguida de Málaga con 31 y Granada con 30. Barcelona, Murcia, Pamplona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Vigo, Oviedo, A Coruña, Alicante, Córdoba, Zaragoza, Burgos y Valladolid completan la lista de ciudades que superaron el límite de 20 microgramos establecido por la Organización Mundial de la Salud y adoptado por la normativa europea. Estas 18 ciudades, de tamaño grande y mediano, suman casi 12 millones de habitantes que respiraron aire contaminado por encima de los valores legales durante el año pasado.
Una medida clave para reducir esta contaminación es la creación de zonas de bajas emisiones que restrinjan el acceso de los vehículos más contaminantes a determinadas áreas urbanas. Sin embargo, la mayoría de las ciudades españolas no han cumplido con esta obligación legal establecida hace tres años. Aunque es cierto que ninguna ciudad española incumplió en 2025 el obsoleto valor límite anual vigente anteriormente, establecido en 40 microgramos por metro cúbico y que no se superaba en España desde 2022, el nuevo límite más exigente pone de manifiesto el fracaso de las actuales políticas urbanas para reducir el impacto del tráfico en la calidad del aire.
Zonas de bajas emisiones: obligación legal sin cumplir efectivamente
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, estableció la obligación para todos los municipios de más de 50.000 habitantes de crear zonas de bajas emisiones antes del primero de enero de 2023. Sin embargo, vencido ese plazo hace tres años, la mayoría de las 150 ciudades obligadas no han cumplido siquiera formalmente con esta exigencia, y las zonas aprobadas hasta ahora resultan en muchos casos inoperantes. Ecologistas en Acción ha denunciado repetidamente que las medidas adoptadas carecen de la ambición necesaria para reducir significativamente la presencia de automóviles en las áreas urbanas españolas.
El caso de Cataluña representa una excepción destacable, aunque no exenta de críticas. Un total de 37 ciudades catalanas han implementado zonas de bajas emisiones desde el primero de enero de 2026, convirtiéndose en la comunidad autónoma con la normativa más estricta de España. Estas zonas no solo afectan a las localidades de más de 50.000 habitantes, como Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat o Badalona, sino también a numerosos municipios de más de 20.000 habitantes. A partir de 2026, los vehículos con etiqueta B amarilla no podrán circular por estas zonas cuando se activen avisos por contaminación de NO2, y desde 2028 quedará prohibido su acceso en cualquier circunstancia.
El problema de las estaciones de medición mal ubicadas
Ecologistas en Acción ha identificado un problema adicional que distorsiona la verdadera magnitud de la contaminación urbana: la ubicación inadecuada de muchas estaciones oficiales de control de la calidad del aire. Según la organización ecologista, las mediciones de ciudades con niveles de NO2 más bajos, o de otras ciudades medias como Alicante, Cartagena, Elche y Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico, no resultan representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes. Campañas de medición independientes realizadas en los últimos años han acreditado esta discrepancia entre los datos oficiales y la realidad de la contaminación en determinadas zonas urbanas.
La organización reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que obligue a revisar la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire en las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización establecidos por la normativa europea. «Mejorar la ubicación de las estaciones de control de la calidad del aire de las ciudades españolas» resulta imprescindible para obtener datos fiables que reflejen la exposición real de la población a la contaminación atmosférica. Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción, señala que este ajuste metodológico es necesario porque «las ciudades no están preparadas para cumplir los valores que regirán obligatoriamente en cuatro años».
Restricciones progresivas y resistencias municipales
Las ciudades que han implementado zonas de bajas emisiones enfrentan resistencias políticas y sociales significativas. En el caso de Madrid, el Ayuntamiento ha establecido un período de aviso para los vehículos con clasificación ambiental A, los más contaminantes, hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante este tiempo, los propietarios de estos vehículos empadronados en la capital que infrinjan la normativa recibirán únicamente comunicaciones informativas, sin sanciones económicas. Esta estrategia de implementación gradual busca facilitar la adaptación de los ciudadanos, aunque los ecologistas consideran que dilata excesivamente la aplicación efectiva de las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire.
Por otro lado, Ecologistas en Acción valora de forma muy negativa la prórroga que ha aprobado la Comisión Europea en relación con la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista originalmente para 2035. Según la organización, esta medida «manda un mensaje completamente equivocado tanto en materia de reducción de emisiones tóxicas para la salud como de gases de efecto invernadero». El dióxido de nitrógeno es especialmente nocivo para la salud humana, afectando fundamentalmente a las vías respiratorias y provocando entre 4.100 y 4.400 muertes prematuras anuales en España, según los últimos informes sobre la calidad del aire de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
