La militancia del partido de Carles Puigdemont avaló este jueves la decisión de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el Gobierno de Pedro Sánchez, alegando incumplimientos en la aplicación de la amnistía, la cesión de competencias en inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. La consulta registró una participación del 66,29%, con un 10,22% de votos en contra y un 2,8% en blanco. La ruptura deja al Ejecutivo sin la mayoría que le permitió ser investido hace dos años.
La militancia de Junts per Catalunya ratificó este jueves con un 86,98% de los votos la decisión de romper el pacto de investidura con el PSOE, confirmando la propuesta que la dirección del partido aprobó por unanimidad el pasado lunes en Perpiñán. La consulta interna, que se desarrolló entre el miércoles y el jueves, registró una participación del 66,29%. La pregunta planteada a los afiliados fue directa: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?». La cifra de apoyo resulta prácticamente idéntica al 86,16% que en 2023 avaló iniciar la negociación con los socialistas.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, justificó la ruptura señalando que «un pacto que no se ejecuta es un acuerdo roto» y advirtió que «el PSOE sólo se mueve por el tacticismo del poder». Minutos después de conocerse los resultados, Puigdemont afirmó en la red social X que «la alta participación, el debate interno que hemos tenido y el resultado de la consulta evidencian la fortaleza de JxCat». La decisión pone fin a dos años de relación parlamentaria entre ambas formaciones, periodo en el que se celebraron 19 reuniones en Suiza con mediación internacional del diplomático guatemalteco Francisco Galindo para intentar resolver lo que Junts denomina el «conflicto político» entre Cataluña y el Estado español.
El partido independentista centra sus acusaciones en tres carpetas principales del acuerdo de Bruselas firmado en noviembre de 2023. En primer lugar, la ley de amnistía no se ha aplicado de forma efectiva a los dirigentes del procés, incluido el propio Puigdemont, debido al bloqueo del Tribunal Supremo sobre el delito de malversación. Aunque desde Junts reconocen que los obstáculos provienen de magistrados concretos, reprochan al Gobierno no haber hecho lo suficiente para enfrentar al poder judicial. La formación lamenta también la ausencia de una «amnistía política» completa, con un reconocimiento de la interlocución de Puigdemont al más alto nivel que consideran insuficiente.
El segundo punto conflictivo es la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Una proposición de ley conjunta del PSOE y Junts fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox, dos miembros de Sumar, Podemos y UPN. Aunque el Gobierno socialista no controlaba el resultado de la votación, Junts considera que los socialistas deberían haber asegurado previamente el apoyo necesario. El tercer incumplimiento se refiere a la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una de las principales reivindicaciones del independentismo. Pese a que el Gobierno reactivó el pasado viernes las gestiones tras acordar con Alemania iniciar conversaciones bilaterales, este movimiento resultó insuficiente para Puigdemont, que lo considera tardío y poco ambicioso.
El Gobierno se queda sin mayoría de investidura
La ruptura deja al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su posición más vulnerable desde que asumió el poder en noviembre de 2023. Los siete diputados de Junts resultan determinantes en un Congreso donde el Gobierno carece de mayoría absoluta y depende de geometrías variables para sacar adelante cada iniciativa. Puigdemont advirtió que Sánchez «podrá tener poder y poltrona, pero no podrá ejercer el Gobierno», anticipando el rechazo de su formación a los próximos Presupuestos Generales del Estado y a las medidas legislativas clave del Ejecutivo. El líder independentista, sin embargo, no ha pedido explícitamente elecciones anticipadas ni ha anunciado una moción de censura.
Desde el PSOE, la portavoz adjunta Enma López aseguró antes de conocerse el resultado que el partido afronta «con muchísima tranquilidad» el proceso interno de Junts. «Sea cual sea la decisión, la respetaremos», declaró López, quien defendió que el Gobierno «trabaja cada día para mejorar la vida de los españoles» y subrayó los resultados económicos del Ejecutivo como prueba de estabilidad. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había instado previamente a Junts a actuar con «sensatez», advirtiendo sobre los riesgos de facilitar un gobierno alternativo liderado por PP y Vox. El ministro Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, lanzó también una advertencia recordando que «nada de lo que podemos hacer juntos es posible con un Gobierno del Partido Popular y Vox».
Analistas políticos sitúan la decisión de Junts en un contexto de presión interna y competencia electoral. El anuncio se produjo coincidiendo con el octavo aniversario de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, una fecha simbólica para el secesionismo. Según fuentes de la formación, el momento elegido busca reforzar el liderazgo de Puigdemont en un contexto en que las encuestas sitúan a Junts amenazado por el ascenso de Aliança Catalana, partido de corte radical liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. La ruptura también se produce mientras el PSC, bajo la dirección de Salvador Illa, consolida su posición en Cataluña.
Puigdemont prometió en 2023 que su formación cobraría del PSOE «por adelantado» y que se había acabado dar votos «a cambio de nada», expresiones que utilizó para erosionar a ERC. Dos años después de haber investido a Sánchez, y ante el avance de Aliança Catalana, los dirigentes de Junts temían llegar a las urnas sin logros que exhibir ante su electorado. La consulta a las bases sigue el precedente de 2022, cuando la militancia decidió con un ajustado 55,73% abandonar el Govern de Pere Aragonès. Aquella votación registró una participación del 79,18%, muy superior a la actual. Los independentistas señalan ahora que si la ruptura se consolida, pedirán al mediador internacional que haga públicas las actas de las reuniones de Suiza para demostrar los incumplimientos socialistas.
