Los ultras empujan a las comunidades del Partido Popular para suprimir de las escuelas un plan de formación del idioma puesto en marcha en 2012. Madrid y Murcia ya han cerrado el curso que el año pasado alcanzó cerca de 8.000 alumnos en 400 centros educativos de España. Cataluña ha pedido al Ministerio de Educación que oculte la lista de colegios por el señalamiento amenazante de algunos sectores. El programa fue creado mediante convenio entre el Gobierno de Mariano Rajoy y su homólogo marroquí.
La presión de la extrema derecha está llevando al Partido Popular a suprimir de las escuelas un programa de lengua árabe y cultura marroquí puesto en marcha en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que el año pasado participaron cerca de 8.000 alumnos en 400 centros educativos de España. Murcia y Madrid lo han suprimido este curso, y otras comunidades del Partido Popular se están sumando a lo que demanda Vox. En Cataluña, donde su eliminación pesa sobre la mesa, fuentes de la Consejería de Educación confirmaron que el departamento ha solicitado al Gobierno que permita consultar la lista de centros de España sin revelar públicamente su nombre real por el señalamiento amenazante por parte de ultras hacia algunos colegios. El programa se concretó en 2012 mediante un convenio firmado por el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y su homólogo marroquí para facilitar de forma recíproca el conocimiento de la cultura del país vecino.
El acuerdo establecía que el entendimiento mutuo y la cooperación para la paz y la estabilidad en sus regiones constituyen objetivos prioritarios para desarrollar de manera conjunta diversas acciones de progreso. El convenio permite diversas vías para plasmar el objetivo educativo de lengua y patrimonio cultural en el vecino de España, que debería apoyarse en reforzar su red de colegios en Marruecos, donde demanda con el Instituto Cervantes pendientes de la embajada española liderar unos 9.000 alumnos. Cerca de la mitad de la población de origen inmigrante en España procede de estudiantes de nacionalidad marroquí entre etapas educativas y primaria, y en España está matriculada fundamentalmente en la escuela pública. El convenio, firmado hace más de una década, se concretó en el Consejo de Ministros de aquel año bajo el título de acuerdo entre los gobiernos de España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural.
Murcia y Madrid han decidido suspenderlo pese al curso en marcha
Cataluña ha pedido al Ministerio de Educación que oculte los nombres de los centros que participan en el programa por el señalamiento amenazante. Las clases se ofrecen normalmente como actividad extraescolar en los centros públicos, aunque algunos territorios como Cataluña permiten en la Educación Secundaria Obligatoria elegir entre un amplio abanico de materias, en el que figuran idiomas como el alemán, el francés o el italiano. El coste para el centro es prácticamente nulo, al igual que para las familias y las comunidades autónomas, ya que el salario de los profesores lo asume principalmente la Fundación Hassan II para los Residentes Marroquíes en el Extranjero. La mayor parte del alumnado es de origen marroquí, pero también se apuntan estudiantes de otras procedencias interesados en aprender el idioma.
Media docena de directores escolares de distintas comunidades consultados aseguran que el programa no ha generado polémica en los años que se viene impartiendo. Ni tampoco ha sido fuente de conflictos en el caso español, donde la llegada de migrantes se ha convertido en un elemento determinante que explica el repunte del empleo este año y el hecho de que el paro siga por encima del 10 por ciento, sosteniendo además el consumo interno. El año pasado llegaron cerca de 400 profesores marroquíes a España para impartir estos contenidos en el curso académico, unas cifras que tras la cancelación en Madrid y Murcia se han reducido hasta aproximadamente 320 docentes. Además de las dos comunidades que han suprimido el programa, participan Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y País Vasco.
Fuentes del Ministerio de Educación advierten de forma no oficial que técnicos que trabajan en el programa en las consejerías del PP han trasladado al ministerio que la supresión está siendo sopesada en sus territorios. En algún caso como Canarias, donde el PP ostenta la cartera de Educación como socio minoritario del Ejecutivo regional presidido por Coalición Canaria, la cuestión ha sido zanjada. En otros como Aragón, el programa parece mucho menos amenazado, admiten fuentes del ministerio. Hay en total una consejera aragonesa de Educación, Tomasa Hernández del PP, a quien el programa le generó preguntas de un diputado de Vox en el Parlamento autonómico, pero la Consejería de Educación de Aragón evita someterse a la presión y pretende mantenerlo. Fuentes del ministerio temen que el resto de los territorios dependan del apoyo de Vox para aprobar leyes y presupuestos en función de los resultados electorales de las próximas elecciones autonómicas, lo que podría condicionar la evolución del programa y su uso para que se le permita formar gobierno.
Condicionantes electorales y amenazas a centros
El partido de extrema derecha lo impuso para aprobar los Presupuestos de este año en Murcia. Víctor Martín, del PP, asumió a principios de curso que la supresión se debía al acuerdo de presupuestos firmado con Vox. Al pedir formalmente la cancelación de un programa sobre cuyo alcance era minoritario aunque beneficiaba a cerca de cinco mil estudiantes, el consejero argumentó que su alcance era mucho mayor en cuanto a revisión de información sobre el programa y de control sobre la selección de los docentes. Fuentes del ministerio aseguran que el Ejecutivo madrileño no ha trasladado aún una decisión definitiva sobre la cancelación, aunque Madrid confirmó recientemente que la participación del curso se abandonaría, especificando el número reducido de participantes tras la reunión que se celebra anualmente para gestionar el programa. La falta de información concreta sobre la cancelación deja a Madrid en una posición ambigua que se espera aclare en próximas semanas.
En Cataluña, además de Vox, también la ultraderecha independentista de Aliança Catalana ha puesto el programa en su punto de mira, señalando centros y cuestionando a sus docentes. Adrià Figueras, director de un colegio donde se imparte, señala que en el colegio o instituto es un buen recurso muy protegido por las familias, sobre todo las marroquíes. El año pasado se ofreció en cerca de 400 colegios e institutos de la comunidad, alcanzando en España la cifra de aproximadamente 8.000 alumnos. Además de cuestionar la eliminación del programa, Vox critica el perfil de quienes lo dirigen y su supuesta falta de integración, argumentando que los alumnos de origen marroquí deben conocer la cultura española antes que mantener conexiones con su país de origen.
Los profesores actúan con frecuencia como mediadores entre las familias y el colegio o el instituto, constituyendo un recurso muy apreciado por el profesorado que no domina el árabe. El alumnado se beneficia de profesionales que facilitan la comunicación con familias que tienen barreras idiomáticas. En Cataluña, la extrema derecha ha desarrollado un discurso según el cual las clases se pagan con los impuestos de los ciudadanos, cuando en la práctica el coste del profesorado es asumido por Marruecos a través de la Fundación Hassan II. El debate se enmarca en una estrategia más amplia de confrontación cultural que prioriza el señalamiento de comunidades migrantes frente a políticas de integración que reconozcan la diversidad cultural como un activo social.
El caso ilustra cómo acuerdos de cooperación cultural firmados bajo gobiernos conservadores pueden convertirse en objetivo de la extrema derecha cuando esta encuentra en el señalamiento xenófobo una herramienta de presión política. El programa, diseñado originalmente para facilitar la integración mediante el respeto a la identidad cultural de las familias migrantes, se ve ahora amenazado por una narrativa que equipara el mantenimiento de vínculos culturales con la segregación, invirtiendo el sentido de políticas concebidas precisamente para promover la convivencia en sociedades cada vez más diversas.
