La Guardia Civil sitúa al exdirigente del PSOE como enlace entre el Ministerio de Transportes y la constructora Acciona, mientras el Tribunal Supremo advierte que los indicios se han reforzado tras cinco meses de investigación. Santos Cerdán sale en libertad, pero el peso de las pruebas se incrementa con revelaciones sobre su familia y el uso de tarjetas corporativas.
El Tribunal Supremo levantó este martes el secreto de sumario sobre las investigaciones que rodean a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien abandonó la prisión provisional tras casi cinco meses de detención. Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente advirtió en su auto que la investigación de la Unidad Central Operativa no solo no ha diluido los indicios de criminalidad, sino que los ha reforzado de forma considerable. El informe de la Guardia Civil, de 227 páginas, detalla cómo Cerdán habría actuado como nexo entre el Ministerio de Transportes y la constructora Acciona para amañar adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones del 2%, canalizadas a través de la empresa navarra Servinabar.
La UCO sostiene que Servinabar, de la que Cerdán poseería el 45% de las participaciones, recibió 6,7 millones de euros de Acciona entre 2015 y 2023, lo que representa el 75% de sus ingresos totales. Este porcentaje provendría directamente de las obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas formada por ambas compañías. Según los investigadores, el exdirigente socialista habría desempeñado un papel central en la coordinación de estos contratos, actuando como enlace directo entre los intereses empresariales y las decisiones del Ministerio durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes. La relación de Cerdán con Ábalos y su asesor Koldo García se remonta a antes de que el primero llegara al ministerio, según documenta el informe policial.
El modus operandi descrito por la Guardia Civil incluye reuniones en pisos alquilados, desconexión de teléfonos móviles, uso de aplicaciones cifradas como Threema y el intercambio de notas manuscritas para evitar el rastreo digital. Los agentes han documentado varios encuentros entre Cerdán, su socio Joseba Antxon Alonso y directivos de Acciona desde 2015 para coordinar contratos y distribuir beneficios. En todos los casos analizados, el patrón se repite: Servinabar cobraba un 2% neto de cada adjudicación conseguida en alianza con la multinacional. Entre las obras investigadas figuran proyectos en Logroño, Sevilla, Sant Feliu de Llobregat y el túnel de Belate en Navarra, este último valorado en 76 millones de euros.
Enriquecimiento del entorno familiar
Uno de los aspectos más reveladores del informe es el beneficio económico que habría obtenido el entorno familiar de Cerdán a través de Servinabar. La esposa del exdirigente socialista, Francisca Muñoz, estuvo contratada entre marzo y julio de 2018 por la cooperativa Noran, constituida por Antxon Alonso y Koldo García, recibiendo 9.500 euros. La hermana de Cerdán, Belén, cobró 22.324 euros de Servinabar entre febrero y junio de 2020, y posteriormente pasó a estar contratada por otra cooperativa, Erkolan, que recibió 367.290 euros de Servinabar hasta mayo de 2025. El cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, percibió 53.130 euros entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022.
Además, la UCO documenta que Cerdán y su entorno familiar hicieron uso de una tarjeta de crédito corporativa de Servinabar, cuyo último pago se efectuó el 19 de febrero de 2024, un día antes de la detención de Koldo García. Los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 euros. En conversaciones interceptadas, el socio de Cerdán y su pareja comentan los elevados gastos de la esposa del exsecretario de Organización. La empresa navarra también habría pagado el alquiler del piso que Cerdán ocupaba en Madrid, con un desembolso superior a 60.000 euros durante el periodo investigado.
El informe policial destaca que Cerdán utilizó una tarjeta bancaria de Servinabar para gastos personales, incluyendo restaurantes, hoteles y viajes familiares. Los investigadores han identificado pagos en establecimientos de Málaga, donde la familia del exdirigente posee una vivienda, y en distintos locales de Madrid y Navarra. La Guardia Civil considera que estos pagos formaban parte del sistema de retribución encubierta que Cerdán recibía por su intermediación en los contratos públicos, complementando así los beneficios que obtenía como accionista de Servinabar.
Preocupación tras la detención de Koldo
Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil revelan la inquietud que generó en el entorno de Cerdán la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024. El socio del exdirigente socialista en Servinabar, Antxon Alonso, mostró cierta preocupación por el devenir de Cerdán tras trascender el arresto del exasesor ministerial. Su pareja, Karmele Atutxa, le escribió ese mismo día: «Se libra de momento, no aparece su nombre, solo Ábalos». Segundos después, Alonso le envió una captura de pantalla de una noticia que identificaba a Cerdán como el primer padrino que tuvo Koldo dentro del PSOE, a lo que Atutxa respondió con un escueto «Uff».
Este intercambio de mensajes, según la UCO, evidencia que el entorno empresarial de Cerdán era consciente de su implicación en la trama y temía que las investigaciones acabaran señalándolo. Los agentes subrayan que la referencia a Ábalos como única figura mencionada inicialmente en los medios generó un alivio momentáneo, pero que la preocupación persistía. Las conversaciones posteriores muestran cómo Alonso y su pareja seguían de cerca las informaciones periodísticas sobre el caso, valorando el alcance de las investigaciones y el riesgo de que Cerdán terminara imputado. El exsecretario de Organización sería finalmente investigado por el Supremo y detenido el 19 de junio de 2024.
El PSOE ha defendido su actuación ante el caso, asegurando que desde el primer momento en que tuvo conocimiento de la situación procedió a expulsar a Cerdán del partido y a exigir que abandonara su acta de diputado. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, admitió la sorpresa del partido ante las revelaciones, señalando que Cerdán llevaba «una vida austera» y que nada hacía sospechar su implicación en una trama de corrupción. No obstante, la oposición ha intensificado sus críticas, con el Partido Popular exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno y Podemos reclamando que se revisen todas las licitaciones bajo sospecha y se suspendan los contratos con las empresas investigadas.
