Un estudio de la Universidad Complutense y CCOO otorga un suspenso generalizado a las plataformas digitales en España por ofrecer condiciones muy inferiores a los estándares mínimos de empleo decente. La investigación evaluó mediante diez principios básicos a siete empresas del sector, concluyendo que únicamente la plataforma de reparto de comida garantiza salarios dignos y derechos colectivos. Cuideo, Glovo y Taskrabbit obtienen cero puntos al no cumplir ningún criterio de trabajo justo.
Las plataformas digitales que operan en España ofrecen condiciones laborales muy por debajo del promedio del mercado y no garantizan estándares mínimos de trabajo decente, según revela el informe Fairwork España 2025 elaborado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Valladolid en colaboración con el Oxford Internet Institute y con financiación de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras. El estudio evalúa siete empresas representativas de distintos sectores de la economía digital y concluye que solo Just Eat alcanza una nota aprobatoria con siete sobre diez puntos posibles.
El análisis se realizó mediante diez principios básicos que miden pago justo, condiciones laborales, contratos claros, gestión equitativa y representación sindical. Los resultados evidencian un panorama de precariedad generalizada donde Glovo, Cuideo y Taskrabbit obtienen cero puntos al no cumplir ninguno de los criterios establecidos. Uber alcanza apenas dos puntos, mientras que Cabify y Livo consiguen tres puntos cada una. Los coordinadores del informe, los profesores Alberto Riesco y Kiko Tovar, subrayaron que los avances son puntuales y dependen más de la voluntad empresarial que de una regulación efectiva y homogénea.
La investigación destaca que la economía de plataformas se ha consolidado en el mercado laboral español con más de 28 millones de trabajadores en toda Europa, una cifra similar al empleo industrial, pero sin mejorar sustancialmente las condiciones de quienes prestan servicios. Al contrario, la precariedad tiene recorrido y se traslada desde los sectores regulados del reparto y el transporte hacia ámbitos menos vigilados como los cuidados a personas dependientes o las tareas domésticas, donde la desprotección resulta aún mayor.
Just Eat destaca por su modelo “laboralizado”
La plataforma de reparto de comida Just Eat se convierte en la única empresa que supera el examen al cumplir con siete de los diez principios evaluados. La compañía ha hecho de la “laboralización” y el diálogo social su seña de identidad, siendo la única del sector que cuenta con convenios colectivos firmados con los principales sindicatos y con órganos de representación consolidados desde 2021, renovados en 2025. El informe reconoce que Just Eat garantiza el pago del salario mínimo y permite el ejercicio efectivo de derechos colectivos sin represalias.
Los investigadores destacan que la empresa ofrece contratos claros ajustados a la legislación vigente y mantiene canales de interlocución humanos con la plataforma para gestionar decisiones que afectan a los trabajadores. Just Eat supera ampliamente el salario mínimo interprofesional establecido en 9,26 euros brutos por hora para 2025, aunque no alcanza la máxima puntuación en igualdad y no discriminación por carecer de políticas estructuradas en este ámbito específico.
El caso de Just Eat contrasta radicalmente con el resto de las plataformas analizadas. Mientras la empresa de reparto ha consolidado un modelo basado en empleados asalariados con derechos reconocidos, sus competidores mantienen esquemas de externalización mediante empresas intermediarias o recurren a falsos autónomos para eludir obligaciones laborales básicas. Esta diferencia evidencia que es posible ofrecer servicios competitivos en la economía digital sin sacrificar los derechos de los trabajadores.
Glovo recibe cero puntos por su modelo precedente
La plataforma Glovo obtiene la calificación más baja junto a Cuideo y Taskrabbit al no cumplir ninguno de los principios de trabajo justo evaluados. Sin embargo, los coordinadores del estudio aclaran que la investigación se refiere al modelo anterior basado en riders autónomos, ya que el trabajo de campo concluyó antes de julio de 2025 cuando la empresa culminó su transición hacia la contratación laboral tras años de sentencias judiciales y sanciones millonarias por parte de la Inspección de Trabajo.
El informe señala que el cambio de Glovo representa un triunfo de las políticas orientadas a la laboralización del sector del reparto en consonancia con la ley rider y la directiva europea sobre trabajo en plataformas. Por primera vez, la mayor parte de la actividad de reparto se desarrolla en España bajo un modelo asalariado, aunque los investigadores advierten que Glovo no ha incorporado toda su fuerza laboral anterior y recurre a flotas subcontratadas para buena parte de su plantilla.
Esta práctica de externalización fragmenta las responsabilidades y debilita la eficacia de los avances logrados, manteniendo bajos salarios, inseguridad laboral y opacidad algorítmica. El estudio critica que la laboralización formal no garantiza automáticamente trabajo decente si las empresas derivan la gestión de personal a intermediarios que operan con convenios colectivos menos favorables y menor presencia sindical. La precariedad ha mutado pero no ha desaparecido en un sector que continúa buscando fórmulas para minimizar costes laborales.
Uber, Cabify y el problema de la subcontratación
Las plataformas de transporte Uber y Cabify suspenden el examen con dos y tres puntos respectivamente. Ambas empresas operan mediante un modelo de vehículos de transporte con conductor donde los trabajadores suelen estar contratados por empresas intermediarias titulares de licencias VTC, lo que genera importantes problemas de transparencia y protección laboral. El informe reconoce que estas plataformas garantizan el salario mínimo y permiten cierto ejercicio de derechos colectivos canalizados a través de las empresas intermediarias, pero suspenden en otros aspectos fundamentales.
Uber mantiene además un modelo híbrido en su filial Uber Eats que combina trabajadores asalariados subcontratados con autónomos, según se aplica a todos los VTC sin autónomos conforme a la empresa y el informe de la Universidad Complutense. La gran plataforma de VTC Cabify obtiene un punto más que Uber al demostrar tener mecanismos efectivos de interlocución y reclamación sin represalias, aunque sigue operando principalmente mediante la subcontratación de conductores a través de flotas que poseen las licencias.
El estudio critica que este esquema de externalización diluye la responsabilidad directa de las plataformas sobre las condiciones laborales efectivas de quienes prestan el servicio. Las empresas argumentan que actúan como meros intermediarios tecnológicos entre conductores y usuarios, pero en la práctica ejercen un control algorítmico determinante sobre aspectos esenciales como la asignación de servicios, la fijación de precios o la evaluación del desempeño mediante sistemas opacos de puntuación.
Sectores emergentes con mayor desprotección
El informe dedica especial atención a las plataformas que operan en sectores menos regulados como los cuidados a personas dependientes y las tareas domésticas. Cuideo, especializada en asistencia a mayores, obtiene cero puntos al transferir completamente la responsabilidad de contratación a las familias, lo que exime a la empresa de obligaciones básicas como la prevención de riesgos laborales, el respeto a los derechos colectivos o la garantía del salario mínimo. Los investigadores denuncian que este modelo reproduce desigualdades y vulnerabilidad laboral en un sector feminizado y tradicionalmente precarizado.
Taskrabbit, dedicada a mudanzas y pequeñas reparaciones domésticas, también suspende con cero puntos al basarse en un esquema de autónomos sin garantías y con ingresos muy por debajo del salario vital. La plataforma no asegura que los trabajadores perciban la responsabilidad de la colocación ni garantiza libertad sindical, ni protege contra las condiciones claras y transparentes de trabajo. El informe subraya que estas empresas aprovechan lagunas regulatorias para operar al margen de las obligaciones laborales básicas.
Livo, plataforma de enfermería a domicilio vinculada a inversores relacionados con los fundadores de Glovo, obtiene tres puntos al ser la única que supera también el salario vital estimado en 10,6 euros brutos por hora, con remuneraciones que pueden alcanzar los 42 euros en situaciones específicas. Sin embargo, el estudio advierte que su modelo puede contribuir a perpetuar e intensificar problemas estructurales de la profesión sanitaria como la temporalidad, la sobrecarga de trabajo y la falta de estabilidad laboral.
CC.OO. exige mayor control
Durante la presentación del informe, Comisiones Obreras subrayó la urgencia de reforzar la inspección laboral y la transparencia algorítmica para garantizar derechos efectivos en el trabajo de plataformas. El sindicato denunció que los avances legislativos como la ley rider no han impedido que las empresas busquen nuevas fórmulas de precarización mediante la subcontratación o el desplazamiento hacia sectores menos vigilados donde la desprotección resulta aún mayor.
Los investigadores coinciden en que se requiere una regulación más ambiciosa que cierre las vías de elusión de responsabilidades laborales. El informe propone extender las obligaciones de transparencia algorítmica, prohibir cláusulas contractuales injustas que penalizan a los trabajadores sin garantías procesales, y asegurar que las plataformas asuman la responsabilidad directa sobre las condiciones laborales independientemente de que externalicen la gestión mediante empresas intermediarias. Sin cambios normativos profundos, la precariedad seguirá siendo la norma en un sector que ya emplea a millones de personas en Europa.
