La reconstrucción avanza con lentitud mientras 780 ascensores permanecen sin funcionar, condenando a personas con movilidad reducida a un «confinamiento selectivo». A un año de la tragedia que dejó 229 fallecidos, los testimonios de afectados, algunos de los cuales no pueden ni tan siquiera salir de un segundo piso, muestran que la emergencia aún no termina para centenares de familias en los 75 municipios devastados por la riada.
Doce meses después de que la DANA arrasara 75 municipios de la provincia de Valencia, la vida cotidiana sigue siendo un desafío diario para miles de personas. De los más de 7.500 ascensores afectados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024, todavía quedan 780 pendientes de reparación o sustitución, según datos de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencoval). Esta cifra representa más que un problema técnico: son cientos de vidas atrapadas en sus propios hogares, víctimas silenciosas de una emergencia que se prolonga en el tiempo.
El caso de Francolizy ilustra la dimensión humana de esta situación. Esta mujer de 36 años con paraplejia vive en la segunda planta de un edificio próximo al barranco de la Saleta, en Aldaia, y no ha podido salir de su vivienda con normalidad desde aquel fatídico día. «Un pequeño bordillo es para ella como un muro. Así que imagina lo que supone subir o bajar varias plantas», explica su madre, Francy da Rocha, quien lamenta que el ascensor de su comunidad, aunque instalado hace tres meses, sigue sin funcionar: «Falta la revisión final y el visto bueno para ponerlo en marcha. Aquí no aparece nadie».
La movilidad de Francolizy depende ahora de la asistencia de Cruz Roja y de la ayuda puntual de vecinos. «Es imposible que ella sola pueda bajar o subir desde un segundo piso», subraya su madre, quien recuerda que este verano su hija solo pudo bajar una vez a la piscina comunitaria. Cruz Roja ha implementado un sistema con una «silla oruga» para facilitar la salida de personas con movilidad reducida, pero se trata de una solución temporal que no resuelve el problema de fondo.
Burocracia y colapso empresarial
Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, reconoce que la situación afecta especialmente a los colectivos más vulnerables. «Es uno de los elementos más significativos y sensibles que deja la DANA un año después. Hay muchos ascensores que aún no funcionan y el sector no tiene capacidad de respuesta», admite. El edil subraya que esta realidad provoca un «confinamiento selectivo de quienes tienen más dificultades», mientras cientos de personas siguen de alguna forma atrapadas en sus propias casas.
En una finca ubicada en la Avenida de la Música de Aldaia, los vecinos están desesperados. A pesar de haber comenzado a pagar la reparación del ascensor, la empresa no da señales de vida. Antonio Ruiz, vecino del edificio, afirma que llevan casi un año sin respuesta de la empresa contratada. «Hemos intentado ponernos en contacto a través del teléfono, correo electrónico, su servicio de reclamaciones y nada», relata. La comunidad se ha visto obligada a enviar un burofax exigiendo el cumplimiento del contrato y han dejado de pagar las mensualidades del arreglo.
«En el edificio hay una señora que va en silla de ruedas con la pelvis y el hombro fracturado y no puede salir de su domicilio», denuncia Ruiz. Genoveva Ángel, de 75 años, vive en el cuarto piso del mismo edificio y ha pasado tres años de enfermedades. «Me cuesta mucho subir, al tercero llego ahogada», cuenta. Intenta salir «solo por la mañana» y comprar «muy poquito», para luego subir «escalón a escalón». Son historias que se repiten en decenas de comunidades a lo largo de la zona afectada.
La reconstrucción avanza, aunque con lentitud. Según cálculos del Consell, se necesitarán 29.000 millones de euros para reponer lo perdido y mejorar las infraestructuras. La mejor lección de esta tragedia fue el aluvión de solidaridad que generó, con miles de personas, especialmente jóvenes, que acudieron a limpiar y numerosas organizaciones humanitarias que repartieron comida y productos de higiene. La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegó a más de 33.000 efectivos en el mayor operativo en tiempos de paz de su historia.
Sin embargo, para personas como Francolizy, Genoveva o las cientos de familias que aún esperan por un ascensor funcional, la emergencia continúa. Cada día sin poder bajar a la calle libremente es un recordatorio de que la DANA, un año después, sigue condicionando la vida de los más vulnerables. Mientras la política debate responsabilidades, ellos siguen esperando soluciones.
Relato de una tragedia
El balance de un año después de la DANA dibuja un panorama de devastación que va más allá de los ascensores. La catástrofe afectó a 564 kilómetros cuadrados de la provincia de Valencia, donde viven 845.000 ciudadanos. Las precipitaciones dejaron acumulados nunca vistos, como los 772 litros por metro cuadrado registrados en Turís en 24 horas, con muchos municipios multiplicando por doce la media histórica de un día de lluvia. El epicentro de la tragedia fueron 15 municipios considerados la «zona cero», como Paiporta, Catarroja, Alfafar, Sedaví o Picanya.
La alerta llegó tarde. A las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando miles de personas ya estaban atrapadas por el agua, sonó el mensaje de Es-Alert en los móviles de la provincia de Valencia. Esto ocurrió horas después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activara el aviso rojo por lluvias y de que Emergencias decretara la alerta hidrológica en el barranco del Poyo y el río Magro. El teléfono 112 recibió ese día 19.821 llamadas, la mayoría antes de que se enviara el mensaje masivo a la población.
La instrucción judicial sobre la tragedia continúa su curso. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, instruye la causa penal abierta por homicidios y lesiones imprudentes. En sus autos, la magistrada habla del mensaje «tardío» y «erróneo» enviado a la población y de la «inactividad» de la Generalitat para avisar. Hasta el momento, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, son los únicos imputados en la causa.
