España necesitaría multiplicar por cuatro el flujo de inmigrantes para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el envejecimiento y la baja natalidad. Los datos demográficos revelan que en tres décadas los pensionistas de origen extranjero alcanzarán 1,2 millones, mientras la población en edad de trabajar continúa descendiendo y el país enfrenta un desafío estructural sin precedentes.
La población española alcanzó los 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025 según el Instituto Nacional de Estadística, pero esta cifra esconde una realidad demográfica que plantea desafíos estructurales para las próximas décadas. El crecimiento se explica casi exclusivamente por la inmigración, que representa el 87% del aumento poblacional registrado en el último trimestre, mientras que la población de nacionalidad española apenas registra incrementos. Los extranjeros residentes alcanzan ya 7.050.174 personas, una cifra que será determinante para el sostenimiento del Estado del bienestar.
El sistema de pensiones español afronta uno de sus mayores retos históricos con la jubilación progresiva de la generación del baby boom. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte en su más reciente informe sobre sostenibilidad y que España necesitaría un millón de inmigrantes adicionales al año para mantener la tasa actual de 2,4 afiliados por cada jubilado. Esta cifra contrasta drásticamente con las llegadas registradas, lo que implicaría multiplicar por cuatro el flujo actual de inmigración para evitar el deterioro de la tasa de dependencia.
Las proyecciones demográficas apuntan a un escenario donde la inmigración se convierte en la única fuente de crecimiento poblacional. La AIReF estima que la población aumentará hasta 52,1 millones en 2050 y 52,7 millones en 2070, pero la población en edad de trabajar alcanzará su máximo en 2029 con 33,6 millones de personas para después descender hasta 30,6 millones en 2050. Este descenso coincidirá con el aumento del porcentaje de población mayor de 65 años, que pasará del actual nivel al 69,8% de tasa de dependencia en 2050.
Una contribución económica determinante
La contribución de la población extranjera al sistema es ya fundamental. Las cotizaciones de los asalariados extranjeros financian uno de cada cuatro euros de la nómina de los pensionistas. Mercedes Fernández, directora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, explica que esta contribución se debe a su incorporación al empleo, la mejora educativa y el aumento de la productividad, lo que se traduce en un bienestar general para toda la sociedad española. La experta advierte contra análisis sesgados que atribuyen productividad negativa a los inmigrantes.
El fenómeno migratorio también se refleja en la natalidad. Según datos de 2024, las mujeres extranjeras residentes en España fueron responsables del 31,3% de los nacimientos, con 100.000 alumbramientos frente a 220.291 de las españolas. Esta cifra cobra especial relevancia en un contexto donde España registra una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, con 1,16 hijos por mujer, superando en el ranking europeo únicamente a Malta. El crecimiento vegetativo es negativo de forma ininterrumpida desde 2017, con más defunciones que nacimientos.
Las proyecciones sobre el impacto en el sistema de pensiones son concluyentes. En tres décadas, los pensionistas de origen inmigrante alcanzarán 1,2 millones de personas, lo que representará el 17,8% del total de pensionistas. El Banco de España señala en sus análisis que las personas nacidas en el extranjero pasarán de representar el 18% del total a principios de 2024 al 28,2% en 2050. Sin embargo, los expertos advierten que la inmigración actúa como un alivio transitorio que distribuye el aumento del gasto en pensiones en más décadas, pero no lo elimina.
Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales, subraya que el efecto positivo puede verse aminorado por variables como la precariedad laboral: «Es imprescindible que los inmigrantes tengan acceso a empleos estables y de calidad para maximizar su contribución al sistema». Las cifras muestran que la tasa de paro entre extranjeros alcanza el 17,43%, con diferencias entre los procedentes de la Unión Europea y los de fuera del bloque comunitario. La integración laboral y la cualificación de la población inmigrante se perfilan como factores clave para aprovechar el potencial demográfico.
El debate sobre la política migratoria cobra especial relevancia ante estas proyecciones. La AIReF prevé un flujo medio de 288.000 entradas netas anuales hasta 2050, con un máximo de 319.700 personas al año hasta 2029. Las principales nacionalidades que contribuyen al crecimiento poblacional son colombiana, venezolana y marroquí. El organismo fiscal recomienda mantener una política abierta, flexible e integradora de acogida, con medidas de adaptación a las necesidades del mercado laboral y políticas de atracción de trabajadores con alta cualificación.
España enfrenta una encrucijada demográfica que exige respuestas estructurales. El envejecimiento de la población y la baja natalidad configuran un escenario donde la inmigración no es una opción sino una necesidad para el mantenimiento del modelo social. Las decisiones sobre política migratoria e integración que se adopten en los próximos años determinarán la viabilidad del sistema de pensiones para las generaciones futuras. La sostenibilidad del Estado del bienestar español depende, en buena medida, de la capacidad de gestionar este desafío con políticas coherentes que combinen apertura, integración y planificación a largo plazo.
