El Estado español alcanza máximos históricos de población extranjera. Las propuestas de expulsión masiva vertidas por el partido de extrema derecha Vox choca con la vívida realidad económica y demográfica del país. Los datos del INE revelan que la población nacida en el extranjero supera los 9,4 millones de personas en 2025 que, liderada por las comunidades latinoamericanas, se han convertido en factor esencial para el crecimiento económico, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la compensación del declive demográfico.
-
La falacia del «colapso»: España vive un crecimiento migratorio ordenado
La población extranjera en España ha alcanzado cifras récord, pero su evolución responde a necesidades estructurales del país y no a una «invasión» como proclama la retórica ultra. Según los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población nacida en el extranjero superaba los 9,4 millones de personas en abril de 2025, representando el 19,3% del total de habitantes. Las principales nacionalidades que llegan al país son la colombiana, venezolana y marroquí, un patrón que se mantiene estable desde 2022.
Este crecimiento no es caótico ni descontrolado. Los datos trimestrales muestran incrementos sostenidos, pero regulares: 115.612 personas en el último trimestre de 2024, cifras muy inferiores a las registradas en otros países europeos. Además, el 40% del empleo creado entre 2022 y 2024 fue ocupado por población extranjera, evidenciando una integración laboral efectiva que responde a la demanda del mercado de trabajo español.
-
El motor económico: los extranjeros sustentan el crecimiento del PIB
Lejos del relato que presenta la inmigración como una carga económica, los datos del Banco de España revelan que la población extranjera fue responsable del 25% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024. En 2024, el 13,4% de los afiliados a la Seguridad Social eran extranjeros, dos puntos más que en 2022, y, según la Encuesta de Población Activa, los migrantes han sido responsables del 57% del aumento de la población trabajadora. Entre las nacionalidades que más han crecido destacan Colombia (27,4%), Perú (27,7%) y Venezuela (16,9%), países cuyos ciudadanos muestran altas tasas de integración laboral.
La contribución fiscal de esta población es igualmente significativa. Los extranjeros no solo trabajan y cotizan, sino que consumen, alquilan viviendas y pagan impuestos, generando un efecto multiplicador en la economía. Un reciente estudio del Banco de España subraya que «la evidencia empírica disponible para España sugiere que la inmigración no tiene efectos negativos significativos sobre las oportunidades de empleo ni sobre los salarios del conjunto de los trabajadores nativos». Al contrario, el auge de la inmigración ha actuado como fuerza complementaria en un contexto de envejecimiento poblacional.
3. El dilema demográfico: sin inmigración no hay futuro para las pensiones
España enfrenta uno de los retos demográficos más severos de Europa, con una tasa de natalidad en mínimos históricos y un acelerado envejecimiento poblacional. Ante este contexto, la inmigración se ha convertido en casi la única variable que mantiene el equilibrio del sistema de pensiones. Según el Informe de Envejecimiento 2024 elaborado por la Comisión Europea, la migración será la única fuente de crecimiento demográfico en España durante las próximas décadas.
José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, lo ha expresado con claridad: «en países como el nuestro, que tienen una natalidad tan baja, en ausencia de este fenómeno migratorio tendríamos un problema muy agudo de envejecimiento de la población». Los datos lo confirman: mientras la población española autóctona disminuye, el crecimiento poblacional se debe exclusivamente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que ahora sostienen un sistema de pensiones, que se haya al borde del colapso estructural. Particularmente significativo es el aporte de la comunidad latinoamericana, que representa el 29,2% de la población inmigrante y comparte vínculos culturales e históricos que facilitan la integración.
-
La contradicción empresarial: la patronal calla ante propuestas que arruinarían la economía
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha optado por el silencio ante las propuestas de deportación masiva de Vox, que afectarían hasta 8 millones de personas, según los cálculos del propio partido de ultraderecha. Esta posición contrasta con la realidad, ya que una eventual expulsión masiva «supondría una caída abrupta de la producción, una reducción drástica de la población activa y un golpe directo al sistema de pensiones», según destacan diferentes análisis económicos.
El precedente alemán es ilustrativo: ante el ascenso del partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) y sus propuestas de «remigración», más de 30 grandes compañías como Siemens, BMW, Deutsche Bank y Volkswagen se posicionaron públicamente contra estas medidas. En España, sin embargo, la patronal prefiere no pronunciarse sobre «cada planteamiento inicial» de los partidos, una ambigüedad que revela las tensiones entre realidad económica y cálculo político.
-
El espejismo de las deportaciones: entre imposibilidad legal e irresponsabilidad política
Las propuestas de deportación masiva chocan frontalmente con el ordenamiento jurídico español y europeo. Vox plantea «revertir todas las regularizaciones de inmigrantes llevadas a cabo por el bipartidismo», lo que implicaría devolver a la ilegalidad a más de un millón de personas, incluidos menores nacidos en España y ciudadanos nacionalizados. Entre 2013 y 2023 hubo 1.645.261 naturalizaciones, destacando 54.027 marroquíes, 30.154 venezolanos y 18.738 colombianos solo en 2023. Estas medidas carecen de amparo constitucional y vulnerarían tratados internacionales ratificados por España.
Más allá de la inviabilidad jurídica, el coste económico sería devastador. Como reconocen los propios datos oficiales, una expulsión de esta magnitud provocaría una caída inmediata del consumo interno, una reducción crítica de la recaudación fiscal y el colapso de sectores enteros como la agricultura, la construcción o los servicios. La experiencia comparada demuestra que las políticas migratorias restrictivas generan más problemas que soluciones, mientras que la integración ordenada beneficia tanto a las sociedades receptoras como a los propios migrantes.
*David Alvarado: Politólogo y periodista español
