Mientras el líder conservador promete «despolitizar» RTVE, su formación intensifica el dominio sobre las televisiones autonómicas a través de reformas legales, nombramientos en clave de partido y represalias contra periodistas críticos. Los casos de TVG, Telemadrid y Canal Sur evidencian un patrón de instrumentalización que convierte el servicio de información pública en propaganda gubernamental, provocando las protestas de trabajadores y el desplome de las audiencias.
«Llevaremos a cabo todas las actuaciones necesarias para asegurar la independencia de Radiotelevisión Española (RTVE) y de los medios de comunicación públicos», proclamaba Alberto Núñez Feijóo durante el 21 Congreso del Partido Popular (PP) a principios del pasado mes de julio. Sus palabras están vacías cuando se confrontan con la realidad de las comunidades autónomas donde gobierna su formación. En estas, las televisiones públicas han sido sometidas a un control político sin precedentes mediante reformas legales a medida, purgas sistemáticas en la directiva y represalias dirigidas contra aquellos profesionales que osan mantener criterios independientes. Esta contradicción flagrante entre discurso y práctica no es casual, evidenciando una concepción autoritaria de la comunicación pública donde la independencia se confunde deliberadamente con la sumisión al poder.
Un caso paradigmático de esta deriva es la Televisión de Galicia (TVG), convertida en todo una laboratorio de manipulación informativa bajo los sucesivos gobiernos de Feijóo cuando era presidente de la Xunta, y ahora de Alfonso Rueda. Los trabajadores llevan seis años protestando cada viernes vestidos de negro, en una resistencia que simboliza la dignidad profesional frente al abuso político. La nueva ley de medios públicos aprobada en solitario por el PP gallego en marzo de 2025 representa el colofón de este proceso de control total. La nueva norma permite que el director general sea elegido por mayoría absoluta simple, eliminando cualquier necesidad de consenso parlamentario. Además, suprime figuras de control independiente como el Consejo de Informativos y abre la puerta a contenidos en castellano para «buscar mayor viralidad», traicionando así la misión lingüística fundacional del servicio público gallego de información.
Más allá de los “viernes negros”, los datos demuestran el fracaso estrepitoso de esta estrategia propagandística. La TVG registró en 2024 el peor share de su historia, desplomándose 2,4 puntos hasta el 8,1%, convirtiéndose en el mayor hundimiento de todas las televisiones autonómicas del Estado español. La Radio Galega sufrió una caída aún más dramática, perdiendo la mitad de sus oyentes en un solo año, pasando de 225.000 a 113.000 según el Estudio General de Medios. Cuando una televisión pública pierde masivamente a su audiencia, no es solo un fracaso de gestión y simboliza el rechazo ciudadano a la manipulación informativa. Los gallegos han votado con el mando a distancia contra la instrumentalización de sus medios públicos.
Telemadrid y Canal Sur bajo control político
El caso de Telemadrid constituye un todo un referente sobre cómo someter una televisión pública al control político absoluto. Isabel Díaz Ayuso ha modificado tres veces su ley reguladora desde que llegó al poder en agosto de 2019 y siempre en la misma dirección. ¿Qué sentido? “Más autoritarismo, menos libertad para los profesionales y más control», según denuncia el comité de empresa. En 2021, la presidenta madrileña culminó su estrategia colocando al frente del ente a José Antonio Sánchez, exdirector de RTVE, quien se define sin complejos como «votante confeso del PP» y artífice del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que despidió al 74% de la plantilla de Telemadrid en 2013. Su nombramiento no fue casual, ya que era el hombre perfecto para garantizar la sumisión mediática de la televisión pública de la Comunidad de Madrid.
La reiteración y virulencia de actuaciones contra Pedro Sánchez confirman el carácter propagandístico del ente. Recientemente, se justificó la difusión en Telemadrid de bulos sobre la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, alegando «el prestigio» de la web ultraderechista The Objective, una excusa que revela la perversión de los criterios profesionales cuando el poder político controla la información. La Junta Electoral Central ha tenido que advertir a Telemadrid en múltiples ocasiones por utilizar expresiones que comprometen su neutralidad informativa. Mientras tanto, los trabajadores denuncian que la plantilla se encuentra «en precario», con empleados cobrando 800 euros por media jornada, mientras el presupuesto se destina “a toros que no ve nadie». Esta es la realidad del servicio público, según el modelo Ayuso.
La instrumentalización de Canal Sur bajo el gobierno andaluz del también popular Juanma Moreno ha llevado esta práctica a extremos caricaturescos. El PSOE de Andalucía ha llegado a acuñar el término «morenato» para describir el uso propagandístico de la cadena. El Consejo Profesional de la Radiotelevisión Andaluza (RTVA) sitúa en febrero de 2020 y la llegada de Álvaro Zancajo a la Dirección de Informativos el momento clave de la degradación. Los profesionales de la cadena denuncian sin ambages que el «argumentario del PP es prácticamente la escaleta de los espacios de noticias», una acusación que evidencia hasta qué punto ha decaído la función informativa. Las represalias contra periodistas incómodos se han sofisticado y ya no son despidos masivos, sino que ahora se privilegian las relegaciones estratégicas donde «cualquier persona incómoda es trasladada a destinos donde no pueda molestar».
Pautas del autoritarismo mediático
El análisis comparado de estas televisiones autonómicas, y algunas otras, controladas por el PP arroja luz sobre la existencia de pautas sistemáticas, que trascienden los casos individuales. Primero, modificación de leyes para facilitar nombramientos partidistas eliminando mayorías cualificadas. Segundo, supresión de órganos de control independiente que puedan fiscalizar la manipulación. Tercero, represalias persistentes contra profesionales críticos mediante sanciones, traslados, degración y minoración de responsabilidades o simple marginación. Y en cuarto lugar, la conversión de la programación en herramienta de propaganda gubernamental, priorizando el mensaje político sobre el rigor informativo. Este es el manual que el PP aplica sistemáticamente allí donde gobierna, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Madrid y Valencia.
La hipocresía del discurso popular alcanza dimensiones grotescas cuando Feijóo denuncia la politización de RTVE y su partido no cesa de hacer de las televisiones autonómicas meros instrumentos de propaganda. «No se puede hablar de despolitizar nada sin poner controles para ello y tumbando todas las normas que caminaban en esta dirección», coinciden los profesionales de todas las cadenas afectadas. Para el PP la independencia mediática consiste en que los medios reproduzcan acríticamente su mensaje, no en garantizar el pluralismo informativo, que es lo que exige una democracia madura. Esta concepción autoritaria de la comunicación pública amenaza los fundamentos del debate democrático y convierte el servicio público en un instrumento de dominación política que ninguna sociedad libre debería tolerar.
