El PSOE impulsa su tercera tentativa legislativa para prohibir el proxenetismo mientras Sumar y los nacionalistas mantienen su rechazo. La ministra Ana Redondo admite las dificultades de una ley que no figura en el acuerdo de gobierno y reconoce que responde a los «casos vergonzosos» dentro de su partido, en referencia a los escándalos de Ábalos y Koldo. La titular de Igualdad busca aprobar un proyecto gubernamental tras dos fracasos parlamentarios, pero enfrenta una aritmética adversa que incluye desde el PP hasta ERC y Junts, pasando por los socios de Sumar que califican la propuesta de «irresponsable» y «puramente electoralista».
La ministra de Igualdad Ana Redondo ha vuelto a situar la abolición de la prostitución en el centro del debate político, pero esta vez con una confesión inédita: es una respuesta a los «casos vergonzosos y vergonzantes» que han salpicado al PSOE en los últimos meses. Durante las jornadas feministas celebradas en Alcorcón bajo el lema «Adelante con feminismo», la titular socialista ha reconocido que el momento político para impulsar la prohibición del proxenetismo responde a las conversaciones machistas filtradas del caso Koldo y los negocios del suegro de Pedro Sánchez en el sector de la prostitución.
«Por las circunstancias, por lo que hemos sufrido en el partido, creo que es el momento», declaró Redondo ante las secretarias de igualdad socialistas, admitiendo que tendrán que «responder todas las semanas preguntas sobre casos de prostitución». La ministra se refiere implícitamente a los audios donde José Luis Ábalos y Koldo García se repartían prostitutas con expresiones como «la colombiana» y «la Carlota», así como a las revelaciones sobre los locales de prostitución gestionados por la familia de Begoña Gómez hasta 2006.
Esta sinceridad contrasta con la retórica feminista tradicional del PSOE, que habitualmente justifica sus propuestas abolicionistas desde argumentos de derechos humanos y protección de las mujeres. El reconocimiento de motivaciones reputacionales evidencia cómo los escándalos internos han condicionado la agenda política del partido, convirtiendo la lucha contra la prostitución en una herramienta de rehabilitación de imagen más que en una prioridad ideológica genuina.
Sin embargo, la honestidad de Redondo no mejora las perspectivas parlamentarias de su propuesta. La ministra admite sin tapujos que enfrentan «dificultades» porque la abolición de la prostitución «no está en el acuerdo de gobierno con Sumar» ni «en el Pacto de Estado contra la violencia de género». Esta ausencia no es casual: durante las negociaciones post-electorales, Sumar logró extraer este tema del programa común para evitar comprometerse con una posición que divide internamente a la coalición.
Las grietas internas de Sumar
El socio minoritario del gobierno mantiene una posición ambigua que refleja las tensiones ideológicas dentro de su espacio político. Mientras Izquierda Unida defiende postulados abolicionistas y ha lanzado una campaña en redes sociales a favor de «una ley abolicionista integral», los Comunes de Ada Colau apuestan claramente por la regulación de la prostitución como actividad laboral. Esta divergencia convierte cualquier negociación en un ejercicio de equilibrismo político que dificulta posiciones nítidas.
La diputada Gala Pin, de los Comunes, ha sido especialmente crítica con la propuesta socialista durante los debates parlamentarios anteriores, acusando al PSOE de hacer «electoralismo con los cuerpos y vidas» de las trabajadoras sexuales. Pin defiende que la prohibición empujará la actividad hacia la clandestinidad, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres que la ejercen voluntariamente. Esta posición regulacionista choca frontalmente con las tesis socialistas y genera fisuras irreconciliables dentro del bloque progresista.
Más Madrid, la formación de Mónica García dentro de Sumar, adopta una posición intermedia que complica aún más el consenso. Sin llegar al abolicionismo radical, tampoco abraza la regulación plena, prefiriendo enfoques que garanticen derechos laborales sin criminalizar la actividad. Esta diversidad de criterios convierte las reuniones del grupo parlamentario de Sumar en debates internos que reflejan las contradicciones no resueltas del espacio político alternativo.
La estrategia de Redondo pasa por «interlocutar con Sumar» para buscar fórmulas de compromiso, pero las posiciones parecen irreconciliables. El hecho de que Sumar votara en contra de la proposición socialista en mayo de 2024, marcando la primera ruptura de voto dentro del gobierno de coalición, ilustra la profundidad de las divergencias. Los intentos de tender puentes chocan con la realidad de que el tema divide no solo a los socios, sino al conjunto del movimiento feminista español.
Ajustadas geometrías parlamentarias
Los dos intentos parlamentarios previos del PSOE han evidenciado la imposibilidad de construir mayorías estables en torno a la abolición. En 2022, la proposición socialista fue aprobada para su tramitación pero quedó guardada en un cajón sin completar el proceso legislativo. En mayo de 2024, ni siquiera superó el primer trámite, siendo rechazada con 184 votos negativos frente a 122 favorables. Esta derrota incluyó el voto en contra de todos los socios habituales del gobierno: Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV.
El PP, que en la legislatura anterior había apoyado la toma en consideración, cambió su posición acusando a los socialistas de utilizar el feminismo «con fines electorales» y como «cortina de humo». La diputada Ana Alós exigió que el PSOE retirara la propuesta y negociara una ley integral contra la trata de personas, evidenciando que incluso el centro-derecha considera insuficiente el enfoque punitivo socialista.
Los nacionalistas catalanes han sido especialmente duros en sus críticas, denunciando que la propuesta del PSOE «destroza vidas a golpe de Código Penal» y envía a las trabajadoras sexuales hacia la clandestinidad. ERC y Junts exigen medidas de acompañamiento social, políticas de empleabilidad y acceso a vivienda antes de cualquier prohibición, argumentos que el texto socialista no contempla al limitarse a modificaciones del Código Penal.
Consciente de los fracasos parlamentarios, Redondo ha optado por cambiar de estrategia y presentar un proyecto de ley del gobierno en lugar de una nueva proposición parlamentaria. «Una tercera proposición de ley no sería un buen comienzo», reconoce la ministra, que busca el respaldo de todos los informes técnicos y jurídicos que proporciona la tramitación gubernamental. Sin embargo, este cambio de formato no resuelve el problema de fondo: la ausencia de mayorías parlamentarias para aprobar cualquier iniciativa abolicionista.
El riesgo es que el proyecto ni siquiera supere el Consejo de Ministros, donde Sumar mantiene capacidad de veto. Fuentes del socio minoritario han advertido que solo tomarán posición tras leer el texto completo, pero mantienen sus reservas sobre cualquier enfoque que criminalice la demanda sin ofrecer alternativas sociales. Esta incertidumbre convierte la aprobación gubernamental en el primer obstáculo de una iniciativa que aspira a llegar al Parlamento antes de noviembre.
La nueva propuesta incluirá novedades como la penalización del cliente, la tercería locativa y un capítulo sobre prostitución online, además de una sección dedicada a «nuevas masculinidades» que busca abordar el problema desde una perspectiva educativa. Sin embargo, estas ampliaciones no garantizan mayor respaldo parlamentario si no van acompañadas de medidas sociales que convenzan a los grupos críticos. Redondo promete «dejarse la piel» por sacar adelante la abolición, pero reconoce implícitamente que se trata más de una operación de imagen política que de una propuesta con viabilidad real.
