Vox y Se Acabó La Fiesta acumulan sanciones millonarias del Tribunal de Cuentas mientras sus líderes denuncian una supuesta «persecución política». Los organismos fiscalizadores han documentado un patrón sistemático de incumplimiento de las normas de financiación que contrasta con el discurso anticorrupción que ambos partidos abanderan en sus campañas electorales.
La paradoja de la extrema derecha española se hace evidente en los pasillos de los tribunales. Vox y Se Acabó La Fiesta (SALF), las dos formaciones que más han capitalizado electoralmente el discurso contra la «corrupción del sistema», enfrentan ahora múltiples procesos judiciales por presuntas irregularidades en su propia financiación. El Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox tres sanciones que suman más de 1,1 millones de euros, mientras el Tribunal Supremo investiga a Alvise Pérez por recibir 100.000 euros en efectivo de un empresario presuntamente vinculado a actividades fraudulentas.
Los datos oficiales revelan un patrón preocupante. Según los informes del organismo fiscalizador, Vox ha sido sancionada por aceptar donaciones no identificadas en efectivo durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, así como por recaudar fondos «finalistas» destinados a causas específicas, una práctica expresamente prohibida por la legislación española. La formación de Santiago Abascal registró ingresos de 330.000 euros a través de cajeros automáticos como «actividades promocionales» sin que se pueda verificar su origen legítimo.
La última sanción, impuesta en julio de 2025 por valor de 50.000 euros, se suma a las multas previas de 862.496 euros y 233.324 euros. En total, las infracciones documentadas incluyen la recaudación de fondos para querellarse contra el expresidente catalán Quim Torra y para pagar la fianza de un joven procesado por homicidio. «Los partidos no pueden aceptar dinero sujeto a un destino específico precisamente para evitar que empresas o grupos de presión puedan condicionar sus decisiones», explican fuentes jurídicas consultadas.
El caso de Alvise Pérez presenta características aún más graves. El eurodiputado de SALF no ha presentado la contabilidad electoral obligatoria ante el Tribunal de Cuentas, incumpliendo así uno de los requisitos fundamentales para el control de la financiación política. Esta omisión le ha costado la pérdida de subvenciones electorales por valor de 962.350 euros, aunque el político ultra ha justificado su decisión asegurando que «prometió renunciar» a esos fondos durante la campaña.
La estrategia de victimización ante la justicia
La respuesta de ambas formaciones ha seguido un patrón similar: negar las acusaciones y presentarse como víctimas de una supuesta persecución política. «Buscan hacer inviable a Vox. No se atreven todavía con la ilegalización, pero van dando pasos», ha declarado Santiago Abascal tras conocer la última sanción. Por su parte, Alvise Pérez ha sido más virulento en sus declaraciones: «Todos los partidos y todos los medios nos injurian y atacan de forma inmoral a diario precisamente porque se saben parásitos y entienden que venimos a aplastarlos de una maldita vez».
Esta estrategia de victimización contrasta con la evidencia documental aportada por los organismos fiscalizadores. En el caso de Vox, los informes revelan «falta de control» en las entradas y salidas de dinero, así como instrucciones internas que indicaban a los responsables territoriales que «no hay necesidad de identificar a los donantes si el ingreso es por una cantidad inferior a 300 euros». Una interpretación errónea de la normativa que explicaría por qué el 80% de los ingresos realizados en cajeros automáticos en 2019 eran de importes inferiores a esa cantidad.
El expediente de Alvise Pérez incluye grabaciones en las que el propio eurodiputado reconoce que necesitaba «dinero en efectivo que no pasase por el radar del Tribunal de Cuentas». Estas conversaciones, registradas por Álvaro Portillo, el empresario que le entregó los 100.000 euros, forman parte del sumario judicial que instruye el magistrado Julián Sánchez Melgar en el Tribunal Supremo. El caso ha revelado además que el líder de SALF prometió «devolver favores» legislativos cuando fuera «la llave para un Gobierno de Feijóo y Abascal».
Consecuencias políticas y judiciales limitadas
A pesar de la gravedad de los hechos documentados, las consecuencias políticas han sido mínimas. Vox mantiene su representación parlamentaria y su influencia en gobiernos autonómicos, mientras que Alvise Pérez conserva su escaño en el Parlamento Europeo. Las sanciones económicas, aunque millonarias en términos absolutos, representan una fracción de los fondos irregularmente obtenidos, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de control.
La Fiscalía Anticorrupción archivó en junio de 2025 la investigación sobre Vox por considerar que las sanciones del Tribunal de Cuentas eran suficientes, una decisión que ha generado críticas por su aparente benevolencia. En el caso de Alvise Pérez, el proceso judicial sigue abierto, pero la lentitud del procedimiento europeo para retirar su inmunidad parlamentaria permite al eurodiputado mantener su actividad política con normalidad.
Los expertos en financiación política señalan que estos casos evidencian las limitaciones del marco legal español. «Las multas son percibidas como un coste asumible para partidos que manejan millones en donaciones irregulares», explica una fuente jurídica que prefiere mantener el anonimato. «Se necesitan reformas que incluyan sanciones más disuasorias, incluida la posible inhabilitación temporal para recibir financiación pública».
El contraste entre el discurso anticorrupción de la extrema derecha y sus propias prácticas financieras representa uno de los aspectos más llamativos de la actual crisis de confianza en el sistema político español. Mientras Vox y SALF continúan denunciando los «chiringuitos» y la «corrupción sistémica» del bipartidismo, los tribunales siguen acumulando evidencias de sus propios incumplimientos normativos, dibujando un panorama que cuestiona la coherencia entre sus mensajes públicos y su comportamiento institucional.
