Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, sorprendió al atribuir buena parte del crecimiento del PIB español a la mano de obra extranjera. El dato reabre un debate incómodo: ¿cómo encajar la dependencia migratoria con discursos políticos que insisten en ver a los migrantes como una carga?
En un contexto europeo dominado por tensiones migratorias, las palabras de Christine Lagarde en Jackson Hole resonaron como un baño de realidad. España, dijo la presidenta del BCE, debe gran parte de su dinamismo económico reciente al aporte de los trabajadores extranjeros. Entre 2021 y 2024, los migrantes absorbieron cerca de la mitad de los nuevos empleos creados en España, un dato que revela hasta qué punto la recuperación económica se apoya en la movilidad humana.
El fenómeno no se explica únicamente por una carencia de brazos en sectores como la agricultura, la hostelería o la construcción. Va más allá: la mano de obra extranjera ha rejuvenecido una fuerza laboral que envejecía a marchas forzadas y ha contribuido a reducir el desempleo a mínimos históricos. En un país marcado por la precariedad juvenil y la emigración de profesionales cualificados, la llegada de trabajadores extranjeros ha servido como contrapeso inesperado.
Lagarde no descubrió un secreto de Estado. Desde hace años, España es uno de los países europeos más dependientes del turismo y los servicios, industrias que demandan flexibilidad y alta rotación de empleo. Allí, los migrantes —marroquíes, latinoamericanos, subsaharianos, europeos del Este— sostienen buena parte del engranaje. Pero la contundencia de los números obliga a reconocer que no se trata de una cuestión coyuntural: sin inmigración, el milagro económico español postpandemia simplemente no habría ocurrido.
Lo interesante es observar la paradoja política. Mientras la economía agradece la energía migrante, ciertos sectores sociales y mediáticos insisten en asociar la inmigración con inseguridad, gasto público o pérdida de identidad cultural. España vive, como América Latina, la contradicción de necesitar a los migrantes para sostener el crecimiento, pero a menudo relega su presencia al debate sobre la “carga social”.
El contraste es todavía más llamativo cuando se observa el mapa. Gran parte de la mano de obra extranjera procede del Magreb y de América Latina: comunidades que no solo aportan fuerza laboral, sino también vínculos culturales y lingüísticos que facilitan su integración. En términos prácticos, son quienes recogen la fruta en Huelva, limpian hoteles en Baleares, levantan edificios en Madrid o cuidan ancianos en Galicia. El PIB crece porque esas manos, a menudo invisibles, trabajan.
La experiencia española debería servir como espejo para el continente americano. En México, Argentina o Chile, la llegada de migrantes —centroamericanos, venezolanos, haitianos— también alimenta mercados laborales frágiles. Sin embargo, los discursos dominantes suelen presentarlos como amenaza. ¿No será tiempo de reconocer que, como ocurre en España, la migración es un motor más que un lastre?
Lagarde puso el dedo en la llaga: Europa no puede sostener su recuperación sin migrantes. España, laboratorio de esa realidad, se encuentra en el centro del debate. La pregunta de fondo es si sabrá transformar esa dependencia en políticas de integración estables, o si continuará atrapada en la contradicción de crecer gracias a quienes luego son tratados como sospechosos.
Porque más allá de los números, la inmigración revela algo más profundo: la economía globalizada ya no se entiende sin movilidad humana. Quien persista en negarlo se aferra a una ilusión y expone a su país al estancamiento, cuando la realidad exige apertura y adaptación.
