Los obispos españoles celebran su 128ª Asamblea Plenaria marcada por la investigación del Vaticano a Rafael Zornoza, primer prelado español acusado de presuntos abusos sexuales a un menor en los años noventa. El presidente de la CEE reconoce que la renuncia del obispo podría aceptarse próximamente, mientras el protagonista del escándalo ha declinado asistir a la reunión ante la tormenta mediática. La cita se produce días después de que la cúpula episcopal informara al papa León XIV sobre el Plan de Reparación Integral a Víctimas, que ha resuelto 39 casos con indemnizaciones de entre 3.000 y 100.000 euros.
La Conferencia Episcopal Española inauguró este martes su 128ª Asamblea Plenaria bajo la sombra del caso más delicado que ha enfrentado la jerarquía católica española en décadas: la investigación del Vaticano al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por presuntos abusos sexuales a un menor cometidos en los años noventa cuando era rector del seminario de Getafe. La sesión, que se prolongará hasta el jueves 21 de noviembre, arrancó con una ausencia significativa: el propio Zornoza, que estaba convocado en calidad de obispo titular pero declinó la invitación ante la presión mediática. En la sala no estaba preparado el sitio con su nombre, a diferencia del resto de prelados españoles convocados.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, abrió la asamblea con un discurso en el que se refirió implícitamente al escándalo que sacude a la institución. Las tristes noticias que han llegado a lo largo de las últimas semanas acerca de denuncias sobre delitos sexuales cometidos contra menores de edad nos conducen a todos a profundizar la renovación espiritual, comentó el arzobispo de Valladolid. Argüello reconoció con dolor que el hecho de que el Vaticano haya abierto una investigación concede verosimilitud a la acusación, aunque reclamó respeto a la presunción de inocencia durante el proceso.
La convocatoria se retrasó un día respecto a lo inicialmente previsto debido a la visita de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal al papa León XIV el lunes anterior. En ese encuentro en el Vaticano, que duró aproximadamente una hora, los nueve obispos españoles que integran la cúpula del episcopado informaron al pontífice sobre el expediente abierto contra Zornoza y sobre las medidas que la Iglesia española está adoptando para prevenir abusos y reparar a las víctimas. Al término de la audiencia, Argüello reveló que la renuncia del obispo de Cádiz podría ser aceptada próximamente por el Vaticano, aunque sin precisar fecha ni modo de la decisión.
Renuncia pendiente y la gestión cuestionada del caso
Rafael Zornoza presentó su renuncia hace quince meses al cumplir los setenta y cinco años, edad de jubilación de los prelados católicos. Sin embargo, el Vaticano no había adoptado ninguna decisión hasta que hace apenas una semana se destapó públicamente la denuncia por abusos. Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre sino en otro ámbito, que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni modo de la aceptación, explicó Argüello en declaraciones a los medios tras reunirse con León XIV.
El denunciante, cuya identidad no ha trascendido públicamente, ya habría tenido la oportunidad de declarar ante el Tribunal de la Rota, relatando unas supuestas agresiones sexuales por parte del obispo que se habrían iniciado en 1994 cuando tenía catorce años y era seminarista en Getafe. Según recogió en su momento la prensa española, los abusos se habrían prolongado hasta que el joven cumplió veintiún años y decidió abandonar el proceso formativo para ser sacerdote. Ahora se espera la declaración del obispo de Cádiz, que será el último en pasar por el tribunal eclesiástico. Zornoza ha negado rotundamente las acusaciones calificándolas de falsas.
Este caso representa el primero de pederastia que afecta directamente a un obispo en España y supone una prueba inmediata para el nuevo pontífice. Fuentes vaticanas citadas por diversos medios han reconocido la existencia de malestar en Roma, especialmente porque desde 2018, cuando salieron a la luz los escándalos de abusos del clero en España, la Conferencia Episcopal había transmitido que estaba afrontando el problema y que la situación estaba bajo control. La investigación ha sido calificada por algunos observadores como subestimada y mal gestionada tanto en el Vaticano como en España, dado que han transcurrido cuatro meses desde que la denuncia llegó a Roma y el prelado continuaba en su puesto hasta que decidió apartarse temporalmente de sus funciones.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha intentado deslindar responsabilidades explicando que la CEE no tiene autoridad jurídico-canónica sobre los obispos, competencia que corresponde exclusivamente al Vaticano y sus autoridades judiciales. No obstante, esta argumentación no ha convencido a las asociaciones de víctimas ni a amplios sectores de la opinión pública, que reclaman una actuación más contundente y rápida por parte de la jerarquía eclesiástica española ante casos que involucran a altos cargos de la institución.
Durante la Asamblea Plenaria, los obispos recibirán información actualizada sobre el informe de la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, conocido por sus siglas PRIVA, que fue aprobado en julio de 2024 y cuyo primer año de funcionamiento ha dejado un balance concreto pero cuestionado por las asociaciones de víctimas. Según los datos facilitados, la comisión ha recibido ochenta y nueve solicitudes de reparación integral por abusos sexuales, de las cuales treinta y nueve ya han sido resueltas con propuestas de indemnización que oscilan entre tres mil y cien mil euros según la gravedad del daño sufrido.
El Plan PRIVA: avances limitados y críticas de las víctimas
El ámbito de actuación de la Comisión Asesora del PRIVA se limita a aquellos casos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad o personas con discapacidad intelectual en los que el caso ha prescrito judicialmente, el agresor ha fallecido o es inimputable. La comisión está formada por diez miembros: un representante de la Conferencia Episcopal, uno de la Conferencia Española de Religiosos y ocho profesionales independientes entre juristas y terapeutas que ofrecen su servicio de manera voluntaria. El proceso desde que una víctima solicita la reparación hasta que se elabora un dictamen puede prolongarse durante un período de tres meses.
Las indemnizaciones se determinan considerando el daño moral en función de la gravedad del abuso, su duración, la edad de la víctima, las consecuencias psicológicas y personales, y la concurrencia de abuso sacramental. En el veinticinco por ciento de los expedientes resueltos la indemnización ha superado los cincuenta mil euros, mientras que el resto oscila entre seis mil y cincuenta mil euros, con un caso mínimo de tres mil euros. Además de la compensación económica, la reparación integral contempla una retribución para los gastos realizados en procesos de salud o terapéuticos derivados de los abusos, así como el compromiso de seguir asumiendo dichos costes en el futuro.
Sin embargo, el Plan PRIVA no cuenta con el respaldo de las principales asociaciones de víctimas, que lo califican de insuficiente y denuncian presiones ejercidas por la Iglesia para que las víctimas acepten indemnizaciones irrisorias sin reconocimiento público. Manuel Barbero, fundador de la asociación Mans Petites y padre de una víctima del caso Maristas, ha señalado que el plan ha sido un rotundo fracaso, con una atención residual y compensaciones ridículas. Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Abusos Sexuales en el Entorno Religioso, ha expresado críticas similares, destacando que tanto el Ministerio de Presidencia como los colectivos de víctimas consideran insatisfactorio el funcionamiento del sistema.
La Asamblea Plenaria se celebra días después de la reunión del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con representantes de veintidós asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia. En ese encuentro se abordó la posibilidad de crear una comisión mixta Iglesia-Estado para la reparación, un mecanismo que las víctimas exigen que esté operativo antes de finalizar el año. Según trasladó Barbero tras la reunión, el Gobierno ha comunicado que está trabajando en ese acuerdo y que el fin está cerca de firmarlo, aunque las negociaciones se han visto entorpecidas por la muerte del papa Francisco y la necesidad de retomar los contactos con el nuevo pontífice y las autoridades vaticanas.
Las víctimas insisten en que la respuesta institucional debe ser conjunta entre Estado e Iglesia y que debe incluir no solo compensaciones económicas sino un reconocimiento integral de los daños sufridos que avance hacia la reparación efectiva y la memoria histórica. El papel de la jerarquía eclesiástica, tanto en el reconocimiento como en la financiación de los mecanismos de compensación, emerge como el centro de la controversia. Mientras tanto, algunas voces reclaman que sean los obispos y las órdenes religiosas quienes financien íntegramente la creación de un mecanismo estatal extrajudicial de compensación y no el contribuyente.
Durante su visita al Vaticano, la cúpula de la Conferencia Episcopal informó al papa León XIV sobre el Plan PRIVA, que incluye tres campos de acción fundamentales: la víctima, la reparación y la prevención. El pontífice felicitó a los obispos españoles por sus acciones en materia de prevención, formación y reparación, según confirmó Argüello, quien añadió que la Santa Sede ha mostrado satisfacción por estas iniciativas y ha propuesto a otras conferencias episcopales que se pongan en contacto con España para conocer este camino. No obstante, esta valoración positiva desde Roma contrasta con las críticas que el plan recibe desde los colectivos de víctimas en España.
La constante de los abusos en la Iglesia
Más allá del caso Zornoza y la cuestión de los abusos, la Asamblea Plenaria abordará otros asuntos de relevancia para la institución. Los obispos tratarán la implicación de los laicos en la vida pública, el Plan de Comunicación de la Conferencia Episcopal y la propuesta para crear nuevos órganos consultivos. También tendrá lugar la elección del vicesecretario para Asuntos Económicos y los prelados ultimarán las Líneas Pastorales de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 2026-2030, que deberán aprobar antes de concluir la asamblea.
Como parte del programa, el jueves veinte de noviembre a las ocho de la tarde se celebrará en la catedral de la Almudena una ceremonia ecuménica con motivo del milsetecientos aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. En el acto se hará pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas presentes en España, un gesto de unidad interconfesional que busca proyectar una imagen de renovación espiritual en un momento especialmente delicado para la institución.
El caso Zornoza y las controversias en torno al Plan PRIVA evidencian las dificultades que enfrenta la Iglesia Católica española para gestionar de manera satisfactoria el problema de los abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero. Aunque la jerarquía eclesiástica sostiene que está actuando con rigor y compromiso, las víctimas y sus asociaciones denuncian lentitud, opacidad y falta de reconocimiento real del daño causado. La próxima aceptación de la renuncia del obispo de Cádiz, primer prelado español investigado por el Vaticano en un caso de esta naturaleza, marcará un precedente relevante sobre cómo la Iglesia española aborda situaciones que involucran a miembros de la alta jerarquía eclesiástica.
