La portavoz parlamentaria Miriam Nogueras rechaza el intento de acercamiento del presidente del Gobierno tras aprobar medidas en materia local y vivienda. La formación independentista reclama el cumplimiento íntegro del acuerdo de Bruselas de 2023 y traslada la responsabilidad al Ejecutivo para explicar cómo continuará la legislatura en minoría. Sánchez reconoció públicamente los incumplimientos, pero los posconvergentes denuncian años de promesas sin materializar.
Junts per Catalunya ha rechazado frontalmente el intento de acercamiento protagonizado por Pedro Sánchez y mantiene su posición de ruptura con el PSOE pese al reconocimiento público de incumplimientos y la aprobación de un paquete de medidas. La portavoz de la formación independentista en el Congreso, Miriam Nogueras, compareció este miércoles en la sede del partido para responder a las declaraciones del presidente del Gobierno, quien un día antes había asumido retrasos en el cumplimiento del acuerdo alcanzado con Junts en Bruselas en 2023. El Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros del martes un decreto ley que incluye medidas sobre gestión del superávit municipal, digitalización de facturas y competencias en función pública, pero la respuesta catalana fue tajante: la relación permanece cerrada.
Durante la comparecencia, Nogueras empleó un mensaje deliberadamente contundente al subrayar que la pelota está ahora en el tejado del PSOE. La portavoz parlamentaria estableció una distinción temporal clara entre las fases de cualquier acuerdo político y situó a su formación en el lado del cumplimiento. El partido de Carles Puigdemont se atribuye haber negociado durante 22 meses en Suiza con mediación internacional, haber mantenido sus compromisos y haber adoptado la decisión de romper relaciones el pasado 27 de octubre. Ahora, según su criterio, corresponde al Gobierno explicar cómo piensa continuar una legislatura en la que carece de mayoría parlamentaria suficiente.
El contexto de una crisis anunciada
La ruptura entre Junts y el PSOE se formalizó a finales de octubre cuando el partido independentista comunicó el cese de relaciones debido a los incumplimientos sistemáticos de los acuerdos suscritos en la capital belga hace más de un año. Aquel pacto, firmado por Santos Cerdán y Jordi Turull el 9 de noviembre de 2023, garantizó los siete votos necesarios para la investidura de Sánchez a cambio de una ley de amnistía y diversos compromisos sobre competencias catalanas, financiación singular y reconocimiento político del conflicto territorial. El documento establecía mecanismos de verificación internacional y comprometía la estabilidad de la legislatura al avance efectivo de los acuerdos.
Sin embargo, transcurrido más de un año desde aquella rúbrica, Junts denuncia que la mayoría de los compromisos permanecen incumplidos o ralentizados. Entre las demandas pendientes figuran la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la publicación de las balanzas fiscales, el impulso a las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones ilegales de viviendas, y cuestiones tan sensibles como la normalización política de Puigdemont para que pueda regresar a Cataluña sin riesgo de detención. La ley de amnistía, principal logro exhibible, no ha permitido el retorno del expresidente ni ha levantado la inhabilitación de Turull.
El martes, Sánchez intentó reconducir la situación mediante un doble movimiento: primero, reconociendo públicamente en entrevistas a medios catalanes que asumía los incumplimientos y retrasos criticados por Junts; segundo, aprobando un decreto ley con tres medidas concretas que la formación independentista había incluido en sus reivindicaciones. El real decreto ley permite a ayuntamientos y comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2024 para inversiones sostenibles en vivienda, gestión del agua o eficiencia energética entre 2025 y 2027, amplía un año el plazo para que pymes y autónomos digitalicen sus procesos de facturación, y devuelve a la Generalitat la gestión de la oferta pública de empleo en los procesos de selección de funcionarios locales con habilitación nacional.
La estrategia de Junts: firmeza y aislamiento
Nogueras aprovechó su comparecencia para reivindicar la posición de su partido frente al resto de formaciones que sostienen al Gobierno. La portavoz denunció que la dinámica política española se ha convertido en un juego de titulares y promesas que no se materializan, y destacó que Junts es el único actor político que ha tomado decisiones consecuentes ante los incumplimientos. Esta narrativa busca establecer un contraste con otros socios de investidura, especialmente Esquerra Republicana de Catalunya, a quienes sin nombrarlos directamente acusa de conformarse con anuncios vacíos de contenido real.
El discurso de la portavoz parlamentaria insistió en que la decisión del Gobierno de aprobar algunas medidas demuestra que no era una cuestión de imposibilidad sino de voluntad política. La aprobación del decreto ley sin negociación previa con Junts refuerza esta lectura: el Ejecutivo tiene capacidad para cumplir cuando la presión política le obliga a moverse. Para los posconvergentes, esto valida su estrategia de ruptura como el único método efectivo para conseguir que el PSOE materialice sus compromisos.
Nogueras también lanzó críticas veladas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aunque sin desarrollarlas en profundidad. El socialista catalán mantiene un gobierno de coalición con ERC en el Parlament, y la tensión entre Junts y los republicanos por la gestión de las relaciones con Madrid se ha intensificado en las últimas semanas. Los posconvergentes intentan capitalizar políticamente su firmeza frente a lo que presentan como una excesiva docilidad de otros actores catalanes ante el Gobierno central.
La portavoz rechazó que su partido se mueva en clave electoral y advirtió de que no permitirán que una eventual reunión entre Sánchez y Puigdemont sirva para «blanquear los incumplimientos». Aunque mantiene cerrada la puerta a conversaciones inmediatas, el partido no descarta completamente la posibilidad de reconducir la relación si el PSOE adopta decisiones concretas y verificables. Esta ambigüedad calculada permite a Junts mantener la presión sin cerrar definitivamente una vía de negociación que podría resultar necesaria si el Gobierno da pasos sustanciales en los próximos meses.
Las implicaciones para la estabilidad del Gobierno
La respuesta de Junts complica seriamente la situación parlamentaria del Ejecutivo, que la semana pasada ya sufrió el rechazo de los objetivos de estabilidad presupuestaria, paso previo imprescindible para tramitar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Sin el respaldo de los siete diputados independentistas, el Gobierno no dispone de mayoría suficiente para aprobar prácticamente ninguna iniciativa legislativa relevante, lo que alimenta especulaciones sobre la viabilidad de la legislatura.
Sánchez mantiene la mano tendida y confía en que la relación se recompondrá en un futuro próximo, aunque reconoció que no está prevista una llamada o reunión inminente con Puigdemont. El presidente admitió que no habrá normalización en Cataluña hasta que el expresidente pueda regresar y ejercer plenamente sus derechos políticos, un reconocimiento que supone asumir que el principal objetivo de Junts sigue pendiente. El jefe del Ejecutivo también reafirmó su compromiso con un nuevo sistema de financiación que reconozca las singularidades catalanas, aunque advirtió de la complejidad técnica para transferir la recaudación de impuestos estatales a la Generalitat.
La situación coloca al PSOE en una encrucijada: cumplir los compromisos con Junts podría irritar a otros socios parlamentarios como el PNV o generar rechazo en territorios donde la opinión pública es contraria a un trato diferenciado para Cataluña, pero mantener el pulso con los independentistas amenaza la supervivencia misma del Gobierno. Desde Moncloa reconocen que desconocen si el gesto de contrición del presidente y las medidas aprobadas servirán para modificar la posición de Junts, y admiten que avanzan sin tener claro cuál será la respuesta final de los posconvergentes.
El PP y Vox han aprovechado la situación para arreciar sus ataques contra el Gobierno, presentando la dependencia de Sánchez respecto a Junts como una muestra de debilidad y denunciando que las medidas aprobadas responden a un chantaje político y no al interés general. La oposición de derechas ha intensificado sus llamamientos a convocar elecciones anticipadas ante lo que considera una situación de ingobernabilidad, aunque por el momento no ha prosperado ninguna iniciativa concreta en este sentido.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, intentó rebajar la tensión al señalar que pese al ruido y las dificultades, la legislatura está en vigencia y queda mucho trabajo por hacer. Sin embargo, la realidad parlamentaria dibuja un escenario de extrema fragilidad en el que cada votación se convierte en una prueba de supervivencia para el Ejecutivo. Junts ha dejado claro que no modificará su posición sin gestos sustanciales, y el PSOE se enfrenta al desafío de demostrar que puede cumplir sus compromisos sin que ello provoque fracturas en su base de apoyo parlamentario o territorial.
