La cita entre José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont no sella avances en los presupuestos, pero tampoco confirma la ruptura definitiva. El partido independentista catalán mantiene su estrategia de bloqueo mientras exige el cumplimiento íntegro de compromisos pendientes con el ejecutivo central como el traspaso de competencias migratorias y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. La formación aprovecha su posición bisagra para presionar al Ejecutivo sin precipitar una crisis que podría beneficiar más a la oposición conservadora que a sus propios intereses soberanistas.
Las negociaciones entre el Gobierno y Junts atraviesan una fase de máxima tensión sin llegar todavía al punto de no retorno. Según fuentes gubernamentales, se ha producido un encuentro entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Carles Puigdemont para abordar las negociaciones presupuestarias, aunque el contenido específico de las conversaciones no ha trascendido oficialmente. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vinculado explícitamente estos contactos a la búsqueda de apoyos para los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
Puigdemont mantiene su posición de no abrir negociaciones presupuestarias hasta que se materialicen compromisos concretos en materias que considera prioritarias. La estrategia independentista pasa por intensificar la presión sobre un Gobierno que necesita los siete votos de Junts para aprobar el techo de gasto y alumbrar las cuentas públicas del próximo año. Esta táctica de desgaste busca forzar concesiones políticas que vayan más allá de las negociaciones meramente presupuestarias.
La designación de Zapatero como interlocutor responde a la necesidad de sustituir a Santos Cerdán, apartado del proceso negociador tras su implicación en el caso Koldo y posterior ingreso en prisión. El expresidente socialista asume una responsabilidad compleja en un momento en que las relaciones bilaterales han tocado fondo tras meses de incumplimientos y desencuentros. Torres ha explicado que las negociaciones «se pueden llevar a cabo de distintas maneras» y ha reconocido que negociar con Junts «no fue fácil» en ocasiones anteriores.
La agenda de exigencias de Junts se centra en dos elementos que considera irrenunciables: el traspaso integral de competencias migratorias a la Generalitat y la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. El primer punto permitiría que los Mossos d’Esquadra controlaran la seguridad en puertos y aeropuertos, mientras la Generalitat gestionaría los Centros de Internamiento de Extranjeros. El segundo requiere un compromiso formal de los gobiernos de la Unión Europea que trasciende las capacidades ejecutivas del Gobierno español.
Aplicación pendiente de la Ley de Amnistía
Paralelamente, la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía sigue constituyendo un elemento de fricción permanente entre ambas formaciones. Pese a haber sido redactada específicamente para facilitar el retorno de Puigdemont, la norma ha encontrado resistencias judiciales que impiden su aplicación completa. El Tribunal Supremo mantiene que los delitos de malversación investigados contra el expresidente catalán no pueden ser amnistiados por considerarlos enriquecimiento personal, una interpretación que choca frontalmente con las expectativas independentistas.
Esta batalla jurídica condiciona toda la estrategia política de Junts, que ve en la amnistía efectiva una condición sine qua non para mantener el apoyo al Gobierno. La pérdida de la condición de eurodiputado de Puigdemont y la inminencia de una resolución sobre la retirada de sus privilegios parlamentarios complican aún más su situación legal. El informe del Abogado General de la UE, Maciej Szpunar, recomendó al Tribunal de Justicia comunitario desestimar el último recurso planteado por el líder independentista contra el levantamiento de su protección.
Junts ha transmitido su desconfianza respecto al papel que está desarrollando el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en las negociaciones. Los independentistas recelan de las intenciones del líder del PSC, considerando que su presencia puede diluir las demandas soberanistas en favor de una agenda más moderada. Esta desconfianza se extiende a la estrategia general del PSOE, que según la formación catalana busca ganar tiempo sin ofrecer contrapartidas reales.
El deterioro de las relaciones se ha manifestado en el bloqueo sistemático de iniciativas gubernamentales durante las últimas semanas. Junts tumbó la propuesta de reducción de jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz y ha anunciado su intención de forzar la votación sobre el traspaso de competencias migratorias sin garantías de que exista mayoría parlamentaria para aprobarla. Esta estrategia del «no a todo hasta que cumpláis» busca evidenciar la dependencia del Gobierno respecto a sus socios parlamentarios.
El congreso de Junts como variable explicativa
El calendario político interno de Junts introduce un elemento adicional de complejidad en las negociaciones. La formación celebrará su congreso a finales de octubre, una cita que según fuentes gubernamentales condiciona las decisiones de Puigdemont. El Gobierno ha mostrado flexibilidad temporal, asumiendo que los Presupuestos podrían aprobarse en enero o febrero en lugar de antes del 31 de diciembre. Esta adaptación busca facilitar que el cónclave independentista despeje la posibilidad de alcanzar acuerdos sin presiones excesivas.
La estrategia gubernamental se apoya también en el papel mediador del PNV, el partido más cercano a Junts dentro de los aliados parlamentarios del Ejecutivo. La reunión mantenida la semana pasada entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales sirvió para reforzar el mensaje de estabilidad gubernamental, con el dirigente vasco abogando públicamente por la aprobación de los Presupuestos por ser «positivos para Euskadi». Esta presión lateral busca aislar las posiciones más extremas de Junts y facilitar un eventual acuerdo.
Torres ha señalado que «lo relevante» es saber si los Presupuestos «finalmente caminan», confirmando que el Gobierno mantiene su voluntad de presentarlos en el Congreso incluso sin tener garantizados los apoyos necesarios. Esta determinación gubernamental contrasta con la dureza del discurso independentista, que no descarta la ruptura definitiva si no se materializan avances concretos en sus demandas históricas.
La formación independentista mantiene una estrategia del equilibrio inestable que le permite maximizar su capacidad de influencia política sin asumir los costes de una eventual repetición electoral. Este juego de presión sin ruptura definitiva busca forzar las máximas concesiones posibles del Gobierno sin precipitar una crisis que podría reconfigurar desfavorablemente el mapa parlamentario para los intereses soberanistas catalanes.
