La formación independentista catalana ha formalizado su ruptura con el PSOE al presentar enmiendas a la totalidad contra todas las leyes del Ejecutivo, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. La portavoz Míriam Nogueras ha sentenciado que el Gobierno ha perdido su capacidad legislativa y acusa a Pedro Sánchez de incumplir los acuerdos de Bruselas que permitieron su investidura hace dos años. Desde Moncloa mantienen la «mano tendida» al diálogo, aunque nos adentramos en una fase de incertidumbre que podría condicionar el resto de la legislatura.
Junts per Catalunya ha dado un paso definitivo en su distanciamiento del Gobierno de Pedro Sánchez. Este jueves, la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, compareció flanqueada por todos los diputados de la formación independentista para anunciar que han registrado enmiendas a la totalidad contra las veinticinco leyes que el Ejecutivo tiene en tramitación. Además, votarán en contra de las veintiuna normas que están en su fase final y rechazarán cualquier proyecto que llegue al Parlamento en el futuro. La legislatura, según Nogueras, queda bloqueada.
El movimiento materializa así la ruptura que Carles Puigdemont anunció hace una semana desde Francia. Durante meses, la relación entre ambas formaciones ha sido tensa, marcada por lo que los independentistas consideran incumplimientos sistemáticos del llamado Acuerdo de Bruselas, firmado en noviembre de dos mil veintitrés para garantizar la investidura de Sánchez. Entre los compromisos no cumplidos, Junts señala la aplicación efectiva de la ley de amnistía, bloqueada por decisiones judiciales, y la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que requiere la unanimidad de los veintisiete estados miembros y que encuentra resistencias, especialmente en Alemania.
La portavoz independentista fue contundente en su diagnóstico. Sin los siete votos de Junts, el Gobierno no podrá aprobar nuevas leyes, transponer directivas europeas ni impulsar iniciativas legislativas sin pactar con el PP y Vox. Nogueras recordó que los votos de su formación nunca estuvieron al servicio de la estabilidad de España, sino de los intereses de Cataluña. El Gobierno, según su criterio, ha perdido su capacidad legislativa y enfrenta un escenario en el que difícilmente podrá gobernar sin realizar concesiones a la oposición conservadora.
Un veto que incluye los Presupuestos
Entre las medidas más relevantes que quedan vetadas figuran los Presupuestos Generales del Estado para dos mil veintiséis, el techo de gasto, y dos reformas judiciales impulsadas por el ministro Félix Bolaños. También quedan en el aire iniciativas relacionadas con el embargo de armas a Israel, la reforma de la Justicia y la Ley de Familias. Nogueras enfatizó que Sánchez debería dar explicaciones en el Congreso sobre cómo piensa gobernar a partir de ahora, en un contexto en el que su margen de maniobra se reduce considerablemente.
Sin embargo, no todo es bloqueo absoluto. Junts ha dejado claro que respetará algunos acuerdos previos alcanzados sobre temas concretos. Entre las excepciones se encuentran la Ley de Movilidad Sostenible, la normativa sobre atención a clientes en lenguas cooficiales, el decreto de ayudas a pacientes de ELA, la Ley del Cine y la Ley de Impulso a la Economía Social. Estas excepciones buscan, según el partido, cobrar los compromisos pactados sobre normas específicas que benefician a Cataluña, aunque el mensaje general sigue siendo de confrontación total.
La estrategia de Junts no contempla, por el momento, una moción de censura que necesitaría el apoyo del PP y Vox para prosperar. Las encuestas internas del partido muestran que seis de cada diez votantes de Junts prefieren a Sánchez antes que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo que dificulta políticamente esa opción. En su lugar, la formación opta por un bloqueo parlamentario que presione al Ejecutivo a cumplir con lo acordado o, en su defecto, que evidencie la falta de gobernabilidad.
Respuesta desde Moncloa y contexto político
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido medida y estratégica. Fuentes del Ejecutivo han insistido en que mantienen la mano tendida y la disposición al diálogo con todos los grupos parlamentarios. El PSOE asegura que ha cumplido o está en vías de cumplir con las iniciativas del acuerdo de investidura que dependían exclusivamente del Gobierno. Respecto a la amnistía, recuerdan que es el Tribunal Supremo quien ha decidido no aplicarla en su totalidad, y en cuanto a la oficialidad del catalán, argumentan que depende de la unanimidad europea, no de voluntad política española.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que lideró las negociaciones del llamado proceso de Suiza tras la entrada en prisión del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, relativizó el alcance de la ruptura. En declaraciones públicas, aseguró que nunca se sabe si las rupturas son definitivas y que Junts no votará por sistema en contra de todo, sino en función de cada asunto concreto. Sin embargo, el anuncio de Nogueras desmiente esa visión y plantea un escenario mucho más complejo.
La decisión de Junts se enmarca en un contexto de tensión interna dentro del partido y de competencia electoral con formaciones más radicales como Aliança Catalana. Los dirigentes independentistas consideran que seguir sosteniendo al Gobierno sin resultados tangibles podría resultar catastrófico para sus perspectivas electorales de cara a las próximas elecciones generales, previstas para dos mil veintisiete. Además, existe presión desde las bases del partido y desde alcaldes de Junts, que han denunciado el bloqueo del PSOE a leyes consideradas prioritarias para los ayuntamientos catalanes, como las normas contra la multirreincidencia y las ocupaciones.
La ruptura también tiene consecuencias sobre la mesa de negociación con mediador internacional que Junts y el PSOE mantenían en Suiza desde el inicio de la legislatura. Fuentes del partido reconocen que no ha habido contacto con Moncloa desde el anuncio de la ruptura hace una semana, y desde el Ejecutivo tampoco ha habido intentos de recomponer la relación. El silencio es recíproco y el escenario de entendimiento parece cada vez más lejano.
Escenarios de futuro
El bloqueo planteado por Junts coloca al Gobierno en una situación complicada. Sin los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo deberá prorrogar las cuentas actuales, lo que limita su capacidad de implementar nuevas políticas públicas. Además, la imposibilidad de aprobar leyes sin buscar apoyos alternativos abre la puerta a negociaciones con el Partido Popular o a un adelanto electoral si la situación se vuelve insostenible.
Desde Ferraz, sede del PSOE, mantienen que el Gobierno de Sánchez puede prolongar la legislatura hasta dos mil veintisiete incluso sin aprobar nuevas cuentas públicas. Sin embargo, la falta de capacidad legislativa podría erosionar la imagen del Ejecutivo y dificultar la gestión de asuntos clave como la transposición de directivas europeas o la respuesta a crisis económicas o sociales. El margen de maniobra se estrecha y las opciones políticas se reducen.
La ruptura entre Junts y el PSOE marca un punto de inflexión en la política española. Lo que comenzó como un pacto histórico en Bruselas para garantizar la investidura de Sánchez se ha transformado en un bloqueo que amenaza con paralizar la acción del Gobierno. Las acusaciones mutuas de incumplimiento, la judicialización de la política y las tensiones territoriales dibujan un panorama complejo en el que la capacidad de diálogo y consenso será determinante para el futuro inmediato del país.
