La Abogacía del Estado y la Fiscalía cuestionaron la validez de los informes policiales que señalan al fiscal general como filtrador, alegando que se basan en deducciones sin pruebas directas. Los agentes de la Guardia Civil defendieron que García Ortiz tenía el dominio de la información y que más de 600 personas con acceso a los documentos no invalida su investigación. El juicio evidenció una profunda fractura entre la cúpula del Ministerio Público y los investigadores.
El enfrentamiento entre la defensa de Álvaro García Ortiz y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil marcó la penúltima jornada del juicio con reproches cruzados sobre la validez de la investigación. La abogada del Estado Consuelo Castro cuestionó duramente los informes policiales que señalan al fiscal general como responsable de la filtración, acusando a los agentes de basarse en meras inferencias sin aportar pruebas materiales que sustenten las acusaciones contra el máximo responsable del Ministerio Público.
Tres agentes de la UCO, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, ratificaron ante el Tribunal Supremo las conclusiones de su informe donde atribuyen a García Ortiz una participación preeminente en la presunta revelación de secretos. Los investigadores defendieron que el fiscal general tenía el dominio a todos los niveles de la información que circulaba sobre Alberto González Amador, y que las filtraciones se producían una vez que los documentos pasaban por la Fiscalía General del Estado, mostrando un modus operandi de recabar información y presuntamente filtrarla.
La abogada del Estado respondió con contundencia señalando las omisiones y contradicciones de los informes. Castro reprochó a los agentes que se centraran únicamente en García Ortiz cuando más de 500 personas tenían acceso a la denuncia original y al correo cuya filtración se investiga, incluyendo el decanato de Plaza de Castilla, Hacienda, la Fiscalía Superior de Madrid y direcciones genéricas de distintas fiscalías. El criterio de investigar solo al fiscal general y no a otros con acceso carece de base objetiva, denunció la letrada.
El dominio de la acción como argumento
Los agentes de la Guardia Civil justificaron su foco investigativo argumentando que la Fiscalía está jerarquizada y que García Ortiz, como máximo responsable, tiene el control total de la información que maneja la institución. Es la persona sobre la que tenemos más indicios y la Fiscalía está jerarquizada, hay un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado, expusieron los investigadores para explicar por qué concluyeron que la filtración tuvo que proceder necesariamente de él.
Esta afirmación provocó risas y comentarios entre los fiscales presentes en la sala en apoyo al acusado. El propio García Ortiz espetó desde su asiento que la Fiscalía es un cuerpo jerarquizado, en respuesta a la insistencia de los agentes sobre su supuesto dominio absoluto de la institución. La defensa consideró que esa jerarquización no implica automáticamente responsabilidad en una filtración, y que los agentes confunden estructura organizativa con autoría delictiva.
Los investigadores señalaron además como indicio relevante una conversación de WhatsApp donde la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, asumió tras la publicación el 12 de marzo en elDiario.es de la investigación contra González Amador, que se le había dado publicidad por parte de la Fiscalía General del Estado. Los agentes interpretaron esto como un antecedente de filtrado que reforzaba sus sospechas sobre la actuación del fiscal general.
El borrado del móvil y las acusaciones de destrucción
Uno de los momentos más tensos del juicio se produjo cuando los agentes de la UCO afirmaron que García Ortiz les dijo durante el registro de su despacho que había destruido el móvil anterior tras cambiarlo. Yo no dije eso, replicó el fiscal general a micrófono cerrado desde el estrado, en una de las escasas intervenciones espontáneas durante las declaraciones de los investigadores. Este detalle no quedó reflejado en el acta del registro, lo que alimentó las dudas sobre la versión policial.
Los agentes explicaron que detectaron un borrado de información en el teléfono móvil de García Ortiz el 16 de octubre de 2024, justo el día en que el Tribunal Supremo le encausó formalmente. Se observa que el mensaje más antiguo es del 16 de octubre a las 15:04, y una acción previa entre las 15:01 y las 15:03 compatible con el borrado de información, declaró un agente. Una semana después, el 23 de octubre, García Ortiz cambió de terminal y formateó el antiguo, que según los investigadores no ha devuelto.
La defensa presentó un informe pericial que contradice las conclusiones de la UCO, sosteniendo que no es posible determinar si el fiscal general borró los mensajes relevantes de la semana clave del 8 al 14 de marzo. Los propios agentes reconocieron posteriormente que en realidad no es posible tener una certeza técnica de que con dicho borrado se eliminaran los mensajes intercambiados en aquellas fechas. El borrado del móvil se hizo para que no tuviéramos certeza técnica, denunció el jefe de la UCO en lo que se considera uno de los momentos más reveladores del proceso.
Registros desproporcionados y nulidad de pruebas
La Abogacía del Estado centró parte importante de su estrategia en solicitar la nulidad de los registros practicados en los despachos de García Ortiz y Pilar Rodríguez. Los agentes reconocieron haber volcado todo el contenido de los dispositivos electrónicos sin límite temporal, alegando que técnicamente no se puede clonar solo una parte porque depende de los dispositivos y volcar datos selectivos resulta muy laborioso.
El juez instructor había autorizado inicialmente la copia de información del 8 de marzo al día del registro, y posteriormente amplió el marco hasta el 14 de marzo. Sin embargo, los agentes copiaron completamente los dispositivos sin respetar esos límites temporales, llevándose la información para hacer posteriormente un cribado que la defensa considera realizado sin cobertura legal. La Fiscalía y la Abogacía del Estado calificaron estas actuaciones de desproporcionadas y exigieron que se anulen todos los frutos derivados de esos registros irregulares.
La defensa subrayó que los agentes utilizaron palabras como inferencias al describir sus conclusiones, un término que según la abogada del Estado corresponde a la labor de los jueces y no de los policías. Castro insistió en que el informe de la UCO no aporta ninguna prueba directa contra García Ortiz, sino solo deducciones basadas en la posición jerárquica del fiscal general y en la cronología de los hechos, sin que exista constancia material de que filtró información a ningún periodista.
La versión de la Fiscalía sobre las filtraciones
La teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde defendió que de los informes de la UCO no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general. La representante del Ministerio Público acusó a los agentes de seleccionar únicamente los elementos que consideraban relevantes para su tesis y descartar otros que podían exonerar al acusado, construyendo así un relato parcial y tendencioso dirigido a criminalizar una actuación institucional legítima.
Sánchez Conde recordó que la obligación legal de los fiscales es dar cuenta a sus superiores de los asuntos importantes, por lo que las comunicaciones internas entre García Ortiz y otros miembros de la Fiscalía para recabar los correos electrónicos del caso forman parte del funcionamiento normal de la institución. La Fiscalía insistió en que la nota informativa publicada el 14 de marzo no revelaba ningún dato que no fuera ya de público conocimiento, y que su finalidad era desmentir informaciones falsas que perjudicaban la imagen institucional del Ministerio Público.
El caso ha cristalizado una profunda fractura entre la cúpula de la Fiscalía y los investigadores de la Guardia Civil. Los fiscales presentes en la sala mostraron abiertamente su apoyo a García Ortiz con risas y comentarios ante las afirmaciones de los agentes de la UCO, mientras que las acusaciones populares aplaudieron la contundencia de los informes policiales. Esta división institucional trasciende el ámbito judicial y refleja la tensión política existente entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, con el caso del novio de Ayuso como epicentro de un conflicto que enfrenta a instituciones del Estado.
