El fiscal general cerró su defensa con la frase «la verdad no se filtra, la verdad se defiende» tras negar cualquier responsabilidad en la revelación de datos del novio de Ayuso. La Abogacía del Estado y la Fiscalía solicitaron la absolución al cuestionar la validez de las pruebas, mientras que las acusaciones reclamaron condenas de entre tres y seis años. El Tribunal Supremo dejó el caso visto para sentencia.
El Tribunal Supremo declaró visto para sentencia el juicio contra Álvaro García Ortiz tras seis jornadas de declaraciones donde el fiscal general del Estado defendió su actuación como un ejercicio de transparencia institucional frente a las acusaciones de revelación de secretos. En la última sesión celebrada este miércoles, las partes presentaron sus conclusiones finales en un clima de máxima tensión, con peticiones de pena que oscilan entre la absolución solicitada por la defensa y los seis años de prisión reclamados por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
García Ortiz compareció el martes durante 90 minutos para ofrecer su versión de los hechos. El máximo responsable del Ministerio Público negó categóricamente haber filtrado a la prensa el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofrecía que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía. El fiscal general aseguró que su única obsesión era proteger a los fiscales de las insidias procedentes del entorno político de la presidenta madrileña, no perjudicar al empresario.
El acusado cerró su intervención sin hacer uso de la última palabra, pero compartió con la sala una frase que, según dijo, le había transmitido recientemente un dentista ajeno a la causa y que resume su situación. La verdad no se filtra, la verdad se defiende, proclamó García Ortiz ante los siete magistrados que ahora deberán decidir sobre su futuro. El fiscal general aclaró desde el inicio que no respondería a las acusaciones por considerar que la querella presentada por González Amador omitió hechos importantes y condujo a que la investigación se centrara únicamente en la Fiscalía, en lo que percibe como un relato tergiversado.
Duelo entre la defensa y las acusaciones
La acusación particular ejercida por el abogado de González Amador abrió las conclusiones finales denunciando que la filtración destrozó la presunción de inocencia de su cliente al transmitir que es un delincuente confeso. Gabriel Rodríguez Ramos aseguró que se le impuso una sentencia popular que lo convirtió en moneda política bajo un relato institucional que ha ido apuntalando día a día el Gobierno. El letrado reclamó cuatro años de prisión para García Ortiz y subrayó que la maquinaria de comunicación ha generado importantes daños económicos, personales y legales al empresario.
Las acusaciones populares, entre ellas Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, elevaron sus peticiones de pena. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales solicitó la condena más alta con seis años de cárcel, mientras que el resto de acusaciones oscilaron entre los tres y los cinco años. Todas coincidieron en señalar que García Ortiz tenía el dominio de la acción de la filtración y que actuó para perjudicar al novio de Ayuso con fines políticos, aprovechando su cargo de máximo responsable del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía, representada por la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, defendió la absolución al argumentar que no existe ninguna prueba contra el fiscal general. Sánchez Conde discrepó frontalmente del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acusando a los agentes de seleccionar únicamente los elementos que consideraban relevantes y descartar otros que podían exonerar al acusado. La representante del Ministerio Público aseguró que la nota distribuida por la Fiscalía no era ilícita porque todos los elementos que contenía eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada.
La estrategia de la Abogacía del Estado
El abogado del Estado José Ignacio Ocio pronunció el último informe con tiempo ilimitado, solicitando también la absolución mientras denunciaba que el procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que ha desbordado el debate jurídico. El representante estatal advirtió sobre la existencia de un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general.
La defensa centró su estrategia en dos líneas principales. Por un lado, cuestionó la validez de los registros practicados por la Guardia Civil en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, solicitando su nulidad. Ocio denunció que los agentes copiaron todo el material disponible de los dispositivos electrónicos sin límite temporal, llevándose la información para hacer posteriormente un cribado sin cobertura legal porque se excedieron del marco fijado por el instructor.
Por otro lado, la Abogacía del Estado señaló que existe una laguna en la investigación respecto a la posibilidad de que el abogado Carlos Neira hubiera reenviado el correo de febrero a otros posibles interesados en el procedimiento tributario. Ocio subrayó que la única filtración debidamente acreditada en la causa es la del correo que el fiscal Julián Salto envió a Neira el 12 de marzo, que fue inmediatamente fotografiado por el letrado y remitido a su cliente, quien a su vez lo reenvió al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
El papel de los periodistas en el caso
Uno de los puntos destacados en las conclusiones de la defensa fue la declaración de varios periodistas que demostraron tener acceso al correo antes de que llegara a manos de García Ortiz. El abogado del Estado recordó que tres informadores de La Sexta, Cadena Ser, elDiario.es y El País tenían el correo de febrero, y otros tres el contenido de este. El periodista de la Ser que dio la primicia con la frase ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública manifestó que su fuente le exhibió el correo electrónico y le dejó tomar notas en su despacho de la tercera planta.
La defensa insistió en que resulta impensable que en el lapso de apenas una hora y 52 minutos desde que García Ortiz recibió los correos hasta que se publicaron en la Cadena Ser a las 23:51 horas del 13 de marzo, hubiera dado tiempo a filtrar, preparar y publicar la noticia. La Abogacía del Estado argumentó que más de 600 personas tenían acceso a la denuncia y al correo cuya filtración se investiga, incluyendo distintas fiscalías y direcciones genéricas de la Abogacía, lo que desmonta la tesis de que solo García Ortiz pudo ser el filtrador.
El Tribunal Supremo deberá ahora deliberar a puerta cerrada sobre las siete posiciones enfrentadas que se han presentado durante el juicio. De acuerdo con fuentes jurídicas, la sentencia se espera para finales de 2025 o principios de 2026. Los siete magistrados tendrán que decidir si García Ortiz vulneró el secreto de las actuaciones con una revelación de secretos punible, o si actuó dentro de los márgenes de su deber institucional de defender la honorabilidad de la Fiscalía frente a informaciones que consideraba falsas o tergiversadas.
