El magistrado que investiga a la esposa del presidente Pedro Sánchez acumula controversias que van desde su etapa como profesor universitario hasta su jubilación inminente. Acusaciones de comentarios islamófobos en clase, vínculos familiares con el PP, un chalet polémico en Ávila y querellas contra ocho periodistas configuran el perfil de un juez cuestionado por su parcialidad en el caso judicial más mediático del año.
Juan Carlos Peinado se jubilará el 27 de octubre de 2025, cuando cumpla 72 años. Pero antes de colgar la toga, el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid protagoniza el caso judicial más político de la legislatura: la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Iniciado en febrero de 2024 tras una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, el caso ha puesto en el centro del debate público la figura de un magistrado que arrastra polémicas desde hace años.
Dos meses antes de abrir la causa contra Gómez, Peinado enfrentaba una crisis en la Universidad Complutense, donde trabajaba como profesor asociado de Derecho Procesal. Cincuenta estudiantes recogieron firmas exigiendo su expulsión tras comentarios que consideraron ofensivos sobre el velo islámico. La directora del departamento y el rector tuvieron que mediar para reconducir la situación. Peinado abandonó la universidad alegando que no le merecía la pena adaptarse a la nueva ley de temporalidad, pero fuentes académicas consideran que su salida del claustro evitó un conflicto mayor en un momento en que su figura judicial comenzaba a generar enorme controversia política.
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Controversias en la universidad: del aula al banquillo mediático
La crisis en la Complutense estalló cuando los estudiantes de segundo de Criminología se enteraron, a través de la prensa, de que su profesor había iniciado una investigación contra Begoña Gómez. Según fuentes universitarias consultadas, Peinado había hecho comentarios en clase sobre el velo islámico que los alumnos consideraron ofensivos e islamófobos. Un estudiante relató que el profesor había insinuado que el uso del velo podía asociarse con terrorismo, comentarios que provocaron malestar generalizado en un aula donde varios alumnos eran musulmanes practicantes.
La situación se volvió insostenible en abril de 2024. Los estudiantes recogieron cincuenta firmas exigiendo la expulsión del profesor por comentarios que consideraban discriminatorios. La directora del Departamento de Derecho Procesal y el rector de la universidad tuvieron que intervenir. Organizaron reuniones con Peinado y los alumnos para intentar «devolver un ambiente razonable al aula», según explica una fuente del profesorado. Esta fuente describe el conflicto como un choque entre «alumnos jóvenes con conciencia crítica» y «un profesor chapado a la antigua». Las clases concluyeron en mayo sin nuevos incidentes, y Peinado decidió no regresar el curso siguiente, argumentando su cercana jubilación.
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La investigación sin freno contra Begoña Gómez: lawfare o justicia
Desde febrero de 2024, Peinado instruye una causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida relacionados con su actividad profesional en cátedras universitarias financiadas por empresas privadas. La investigación comenzó tras una denuncia de Manos Limpias, organización vinculada a la extrema derecha que ha presentado centenares de querellas contra dirigentes progresistas. El caso ha provocado una fractura política total: la derecha ve a Peinado como un héroe anticorrupción, mientras la izquierda lo acusa de practicar lawfare judicial contra el Gobierno.
El juez ha citado a declarar al presidente Pedro Sánchez, a los ministros Félix Bolaños y Ángel Garzón, y a numerosos empresarios y rectores universitarios. La Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que intervenir varias veces para reconducir la instrucción, ordenando a Peinado que unifique las múltiples líneas de investigación en una sola causa. Fuentes judiciales consultadas señalan que el magistrado «tiene fama de distante y displicente», y que en este caso concreto ha mostrado un celo investigador que contrasta con su gestión de otras causas. El Supremo rechazó hace diez años su petición de investigar al expresidente Mariano Rajoy por el pago con dinero público de los cuidados de su padre, decisión que algunos interpretan como muestra de doble rasero según el color político del investigado.
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Vínculos familiares con el PP: hija concejala y sospechas de parcialidad
Patricia Peinado, hija del juez, es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023. El dato, revelado por varios medios, ha alimentado las dudas sobre la imparcialidad del magistrado en un caso que afecta directamente al principal rival político del PP. Aunque legalmente no existe incompatibilidad, el vínculo familiar genera suspicacias en un contexto donde cada decisión judicial se interpreta en clave partidista. Fuentes próximas a Peinado niegan cualquier influencia de la militancia de su hija en sus decisiones judiciales, pero reconocen que la situación resulta «incómoda» para la imagen de neutralidad que debe proyectar un juez.
Además de la conexión familiar con el PP, varios analistas han señalado que Peinado ha archivado causas que afectaban al Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el popular José Luis Martínez-Almeida, con una celeridad que contrasta con la minuciosidad aplicada al caso Begoña Gómez. En una ocasión, según recogen los documentos judiciales, archivó una investigación contra un alto cargo municipal apenas tres semanas después de iniciarla, alegando que no encontró elementos suficientes para continuar. Esta diferencia de trato entre causas ha reforzado la percepción de que existe un sesgo político en la actuación del magistrado, acusación que el propio Peinado rechaza tajantemente y que ha llevado a su entorno a denunciar una campaña de «estigmatización» orquestada desde el Gobierno.
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El chalet de La Adrada: 347.000 euros y sospechas de tráfico de influencias
Peinado posee un chalet valorado en 347.000 euros en La Adrada, su pueblo natal en Ávila. La construcción de esta vivienda de lujo ha generado polémica local durante años. Vecinos del municipio denunciaron que el juez edificó en un terreno que inicialmente estaba catalogado para uso agrícola, alegando posible tráfico de influencias para conseguir los permisos de edificación. El constructor de la vivienda fue Gregorio Ruano, quien en diversas entrevistas ha negado cualquier irregularidad, insistiendo en que todos los trámites se realizaron conforme a la legalidad vigente y que Peinado pagó puntualmente el precio de mercado por la construcción.
La polémica alcanzó el pleno municipal de La Adrada cuando Peinado se presentó en una sesión pública para quejarse de que su vivienda aparecía en el orden del día sin haber sido notificado previamente. El juez se sentó en los asientos reservados al público con ropa de calle, generando sorpresa entre los concejales. Fuentes municipales señalan que existe un expediente abierto sobre posibles irregularidades urbanísticas en la parcela, aunque el procedimiento avanza con extrema lentitud. La controversia subraya la paradoja de un juez que investiga supuestos favores a terceros mientras él mismo es cuestionado por haber obtenido presuntamente un trato favorable en su pueblo natal, acusaciones que Peinado rechaza categóricamente y considera una persecución motivada políticamente.
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Querellas contra periodistas: la batalla por controlar la narrativa
Peinado ha presentado querellas contra ocho periodistas y políticos que han criticado públicamente su gestión del caso Begoña Gómez. Entre los demandados figuran columnistas que cuestionaron su imparcialidad y medios que publicaron información sobre su patrimonio personal y sus vínculos familiares con el PP. El juez considera estas publicaciones como ataques difamatorios a su honor profesional y busca que los tribunales condenen por injurias y calumnias a quienes han cuestionado su neutralidad. Las querellas han generado una nueva polémica, ya que muchos juristas consideran que un magistrado debe tolerar un mayor escrutinio público que un ciudadano particular, especialmente cuando investiga a la esposa del jefe del Gobierno.
Durante la declaración del ministro Félix Bolaños como testigo en el caso, Peinado le espetó con voz áspera: «No sé a qué obedece que responda usted con sonrisa». Testigos presentes describieron el interrogatorio como innecesariamente hostil. En otro episodio controvertido, durante las protestas de jueces y fiscales contra la reforma judicial de Sánchez en septiembre de 2024, Peinado se asomó a la ventana de su despacho en la sexta planta del edificio judicial de Plaza de Castilla y saludó a los manifestantes que coreaban «juez Peinado, estamos a tu lado». El gesto fue interpretado como una ruptura de la imparcialidad judicial, aunque su entorno argumenta que simplemente agradeció el apoyo. Peinado se jubilará en cuestión de semanas, pero su legado quedará marcado por el caso de la mujer de presidente que ha dividido políticamente a España.
