Un informe de 142 páginas documenta violaciones masivas de derechos humanos entre 2020 y 2025, incluyendo torturas, violaciones y expulsiones colectivas al desierto. La organización responsabiliza a España y la UE de «externalizar» su control migratorio al país africano mediante un acuerdo de 210 millones de euros, pese a conocer los abusos sistemáticos contra miles de africanos que intentan alcanzar las costas europeas.
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la existencia de un sistema de violencia institucional contra migrantes en Mauritania, respaldado financieramente por España y la Unión Europea como parte de su estrategia para frenar la llegada de cayucos a las Islas Canarias. El informe de 142 páginas, titulado «Me acusaron de intentar ir a Europa», documenta violaciones masivas de derechos humanos cometidas entre 2020 y 2025 por fuerzas de seguridad mauritanas contra migrantes y solicitantes de asilo procedentes principalmente de África Occidental y Central.
La investigación, basada en entrevistas con 223 personas en Mauritania, Malí, Senegal y Bruselas, revela un catálogo de abusos que incluye torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de reclusión y expulsiones colectivas hacia zonas remotas del desierto. Lauren Seibert, investigadora de HRW sobre derechos de refugiados y migrantes, ha denunciado que «durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio, lamentablemente común en el norte de África».
La organización documenta violaciones específicas contra 77 personas migrantes, incluidos menores, así como contra un ciudadano mauritano torturado por la policía durante interrogatorios relacionados con tráfico de personas en 2022. Entre los casos más graves figuran nueve violaciones cometidas entre 2020 y 2022 por policías o personal de la Armada mauritana, y cuatro episodios de tortura documentados con testimonios directos de las víctimas.
Deportaciones masivas y violencia sistémica
Las cifras de deportaciones revelan la magnitud del fenómeno: solo en el primer semestre de 2025, Mauritania expulsó a 28.125 personas hacia las fronteras con Malí y Senegal, casi el doble de las registradas en todo 2024. Desde 2019, el país ha deportado más de 75.600 migrantes, muchos de ellos «sin procedimiento legal ni oportunidad de impugnar la expulsión», según documenta HRW. Estas expulsiones se realizan hacia «zonas remotas» donde las personas quedan expuestas a «graves riesgos» por la falta de asistencia humanitaria y la creciente inseguridad.
Marco Gibson, liberiano de 28 años, relató a HRW que en diciembre de 2024 fue detenido junto a otros 40 migrantes por el ejército mauritano cerca de la frontera norte. «Nos golpearon con palos y látigos de goma. He visto brutalidad, pero nunca algo así», declaró. Tras varios días de detención en condiciones inhumanas, fue expulsado junto a otros 20 migrantes, incluidos menores, hacia Gogui, en Malí, donde pocos días después un grupo armado atacó la zona.
Los testimonios recogidos describen condiciones carcelarias extremas en centros de detención de Nuakchot y Nuadibú, donde los migrantes son sometidos a hacinamiento, falta de alimentos y agua, ausencia de atención médica y violencia física sistemática. Un componente racial agrava las violaciones: «Si tienes la piel negra, te paran, te insultan y te llevan detenido aunque tengas papeles», relató un senegalés entrevistado por la organización.
HRW responsabiliza directamente a España y la UE de «compartir la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania» mediante su política de externalización del control migratorio. En 2024, la UE firmó con Nuakchot un acuerdo de cooperación migratoria por 210 millones de euros destinado a reducir las salidas hacia Canarias, un pacto similar a otros suscritos con Túnez y Egipto. España no solo respaldó este acuerdo, sino que reforzó su despliegue policial en territorio mauritano y aumentó su apoyo bilateral mediante el mantenimiento de agentes de la Policía y la Guardia Civil en el país africano.
El informe documenta que «en algunos casos, fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas». La UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de migrantes, cuya reapertura está prevista para este año con el fin de albergar a personas interceptadas o rescatadas en el mar.
La estrategia ha demostrado su «eficacia» en términos cuantitativos: las llegadas a Canarias por la ruta atlántica se redujeron un 46% entre enero y julio de 2025 respecto al mismo período de 2024. Sin embargo, HRW denuncia que este descenso se ha conseguido mediante «un sistema que prioriza la represión sobre la protección», trasladando el coste humanitario a las cárceles de Nuakchot y las arenas del desierto.
El coste humanitario de la externalización
Ante las crecientes críticas internacionales, el gobierno mauritano ha implementado reformas que HRW califica de insuficientes pero positivas. En mayo de 2025, las autoridades adoptaron nuevos procedimientos operativos estándar que incluyen la prohibición de expulsiones colectivas y garantías reforzadas durante el desembarco y «gestión» de migrantes. El gobierno mauritano rechaza «las acusaciones de tortura, discriminación racial o violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes», según comunicó a HRW.
La Comisión Europea defiende que el acuerdo está «anclado en el respeto a los derechos humanos» y cita las nuevas normas adoptadas por Mauritania como prueba de mejoras. La presidenta Ursula von der Leyen ha elogiado el papel de Nuakchot como garante de la «estabilidad regional», recordando que el país acoge a 176.000 refugiados y solicitantes de asilo, la mayoría procedentes de Malí.
Sin embargo, HRW mantiene que «las redadas, las detenciones arbitrarias y las expulsiones sumarias continúan» pese a las reformas anunciadas. La organización exige que Mauritania «profundice estos esfuerzos, fortalezca la supervisión de las fuerzas de seguridad y ponga fin a las expulsiones colectivas», mientras reclama a España y la UE que condicionen su cooperación al cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
El informe sitúa los abusos documentados en el contexto más amplio del aumento de flujos migratorios por la ruta atlántica. Entre 2020 y 2024, más de 147.000 personas lograron alcanzar las Islas Canarias, pero entre 4.100 y 23.400 murieron o desaparecieron en el mar, según estimaciones de organizaciones humanitarias. En 2024, más de 10.000 personas murieron intentando llegar a España por mar, un promedio de 30 muertes diarias según datos de la ONG Caminando Fronteras.
El caso refleja las contradicciones de la política migratoria europea, que busca reducir arribos irregulares mediante acuerdos con países de origen y tránsito, pero traslada los costes humanitarios fuera de las fronteras comunitarias. Como denunció un trabajador humanitario maliense consultado por HRW: «Los europeos firmaron contratos con Mauritania y Marruecos, son países tapón. El sufrimiento lo ponen los africanos, los abusos en las cárceles, las expulsiones… Europa lo sabe».
HRW concluye que la externalización de fronteras europea «ha financiado un sistema que prioriza la represión sobre la protección», mientras Bruselas y Madrid presumen de la caída de llegadas en 2025 sin asumir responsabilidad por las violaciones sistemáticas que han hecho posible esta reducción.
