El presidente del PP ha cerrado el curso político activando su plan más ambicioso de oposición: la derogación sistemática de las que denomina «leyes sanchistas» si accede al poder. El líder popular ha encargado a su nueva estructura orgánica diseñar una hoja de ruta que incluye socavar desde la Ley de Amnistía hasta la financiación singular catalana, en un momento en que el país registra datos económicos históricos con más de 22 millones de ocupados y el paro en mínimos desde 2008. La estrategia de Feijóo arroja luz sobre la dinámica de un partido que compite directamente con la ultraderecha de Vox por el electorado, sacrificando potenciales alianzas con actores más moderados.
-
El plan de demolición: una vicesecretaría para «limpiar» España
El Partido Popular ha institucionalizado su estrategia de oposición mediante la creación de una Vicesecretaría de Regeneración Institucional dirigida por Cuca Gamarra, cuya misión principal consiste en preparar la derogación de lo que denominan «cuerpo legislativo sanchista». La nueva estructura organizativa, diseñada tras el último congreso del partido, centraliza el trabajo técnico y político necesario para desmontar en los primeros cien días de mandato un paquete de normas que incluye desde la Ley de Memoria Democrática hasta la reforma laboral.
Feijóo ha establecido septiembre como fecha límite para tener culminado este plan de demolición legislativa, lo que evidencia la urgencia que atribuye el partido a la preparación de una alternativa de gobierno creíble. La coordinación del proyecto recae en Alma Ezcurra, nueva número tres del partido, quien debe canalizar las propuestas de organizaciones civiles y articular la coherencia estratégica global del PP. Esta decisión organizativa trasciende la mera oposición parlamentaria para convertirse en una operación de Estado alternativo que anticipa una victoria electoral en 2027.
El alcance de la operación resulta ambicioso: además de derogar leyes específicas, el PP se compromete a eliminar tres normas por cada nueva ley que apruebe, reducir la burocracia empresarial y establecer criterios objetivos para la concesión de indultos. Esta filosofía de «hiperdesregulación» responde tanto a presiones empresariales como a la necesidad de diferenciarse del intervencionismo económico del Gobierno de coalición, posicionando al PP como el partido de la eficiencia administrativa y la competitividad económica.
-
Catálogo de objetivos: de la amnistía al «cupo separatista»
La lista de «leyes sanchistas» que el PP pretende derogar revela las prioridades ideológicas y electorales del partido. La Ley de Amnistía encabeza el listado, pese a que el propio PP reconoce que resulta «inderogable de facto» por el principio de irretroactividad penal. Miguel Tellado ha justificado esta aparente contradicción argumentando que la derogación serviría para que «quede claro que el Estado no falló y no se equivocó», convirtiendo la medida en un acto simbólico de legitimación política más que en una decisión jurídica efectiva.
La Ley de Memoria Democrática constituye otro objetivo prioritario, que el PP describe como «corredactada por Bildu» y acusa de reescribir la historia «con los victimarios». Esta caracterización evidencia la estrategia del partido de presentar las políticas de memoria como imposiciones de la izquierda radical, apelando tanto a votantes nostálgicos del franquismo como a sectores moderados que consideran excesiva la revisión del pasado reciente. La retórica empleada sugiere que el PP ha decidido competir directamente con Vox en el terreno de los símbolos históricos.
El «cupo separatista» catalán y las cesiones competenciales a Euskadi completan el núcleo duro de la estrategia demoledora. Feijóo ha prometido derogar el acuerdo de financiación singular si finalmente se aprueba, argumentando que representa «una decisión contra la mayoría de los españoles». Esta posición implica renunciar deliberadamente a cualquier acuerdo futuro con nacionalistas moderados como el PNV o Junts, apostando por una mayoría absoluta que le permita gobernar sin socios incómodos. La estrategia refleja un cálculo electoral que prioriza la movilización del electorado español centralista frente a la flexibilidad parlamentaria.
-
La presión de Vox: competir con la ultraderecha en el eje nacional
La radicalización del discurso de Feijóo responde directamente a la presión electoral que ejerce Vox, que según el último CIS alcanza el 18,9% de intención de voto frente al 26,5% del PP. Los politólogos consultados coinciden en que el partido de Santiago Abascal ha obligado a los populares a competir en el «eje nacional», terreno donde la formación ultraderechista mantiene ventajas comparativas evidentes. Esta competición explica el endurecimiento del discurso conservador contra las cesiones autonómicas y la adopción de un lenguaje que hace apenas dos años resultaba impensable en un partido de vocación centrista.
El fenómeno del «sándwich electoral» complica la estrategia popular. Por una parte, el PP esperaba capitalizar el desgaste del Gobierno por los casos de corrupción, pero Vox se ha beneficiado igualmente de la pugna bipartidista sobre responsabilidades. Por otra, la próxima avalancha de sentencias judiciales contra dirigentes populares por casos como Púnica, Gürtel o Kitchen amenaza con alimentar la antipolítica que tradicionalmente favorece a la extrema derecha. En este contexto, el PP ha optado por anticiparse mediante una estrategia de confrontación total que le permita presentarse como alternativa de regeneración frente a un PSOE desgastado.
La lógica electoral resulta implacable: aunque Vox moviliza abstencionistas, la mayoría de sus votantes proceden del PP, lo que obliga a Feijóo a demostrar que puede ser tan «garante del Estado» como Abascal. Esta competición explica por qué el PP ha decidido sacrificar la ambigüedad estratégica que tradicionalmente le había permitido atraer tanto a votantes moderados como a sectores más conservadores. La nueva estrategia apuesta por la polarización como método de movilización electoral, asumiendo que la moderación supone un riesgo de sangría hacia la extrema derecha.
-
El sacrificio de la moderación: quemar puentes hacia el futuro
La estrategia de Feijóo implica renunciar conscientemente a potenciales socios parlamentarios que históricamente habían colaborado con el PP. El endurecimiento del discurso contra las cesiones competenciales ha provocado el distanciamiento del PNV, que tradicionalmente había servido como socio parlamentario fiable para los gobiernos conservadores. Aitor Esteban ha respondido con desplantes sistemáticos a las sugerencias de Feijóo sobre mociones de censura, evidenciando que la relación se ha deteriorado significativamente.
Los expertos consultados discrepan sobre las consecuencias a largo plazo de esta estrategia. Algunos consideran que el acercamiento excesivo del discurso popular al de Vox puede «cerrarles la puerta a los nacionalismos periféricos», mientras otros argumentan que el PP busca avisar a estas formaciones de que el diálogo futuro será posible, pero sin el marco construido en su relación con el PSOE. La incertidumbre radica en si partidos como el PNV, que han alcanzado niveles de entendimiento inéditos con Sánchez en materia plurinacional, estarán dispuestos a conformarse con menos en una eventual negociación con Feijóo.
Junts presenta un caso diferente, dado que Feijóo repudia la Ley de Amnistía que previsiblemente devolverá a Carles Puigdemont a España. Sin embargo, la lógica puramente electoral de la formación catalana y su pragmatismo negociador podrían facilitar acercamientos futuros si las condiciones de fuerza resultan favorables. El PP mantiene la esperanza de seducir al sector más conservador del electorado nacionalista, preocupado por cuestiones como la inmigración, pero esta estrategia implica asumir riesgos considerables en términos de aritmética parlamentaria futura.
-
La paradoja económica: atacar el Gobierno en pleno éxito laboral
La estrategia de demolición de Feijóo se desarrolla en un contexto económico que contradice frontalmente sus diagnósticos catastrofistas. España ha superado por primera vez los 22 millones de ocupados, la tasa de paro ha caído al 10,29% (mínimo desde 2008) y la contratación indefinida marca récords históricos. Estos datos, publicados por la EPA del segundo trimestre de 2025, evidencian que el país atraviesa el mejor momento laboral en casi dos décadas, con la creación de 584.000 empleos en los últimos doce meses.
La mejora del mercado laboral se ha producido precisamente durante la vigencia de las «leyes sanchistas» que el PP pretende derogar. La reforma laboral, inicialmente combatida por los conservadores y ahora parcialmente aceptada, ha contribuido a reducir la temporalidad y consolidar el empleo indefinido. El salario mínimo, cuya subida al 60% del sueldo medio Feijóo ahora asume como objetivo propio, ha crecido casi un 50% desde 2018 sin provocar la destrucción masiva de empleo que predecían los economistas conservadores.
La paradoja obliga al PP a articular un discurso de oposición que ignore sistemáticamente los indicadores macroeconómicos favorables o los relativice mediante argumentos técnicos sobre el desempleo estructural. Feijóo evita mencionar la caída del paro por debajo del 12% y se concentra en denunciar el «maquillaje» de los fijos discontinuos, un argumento que busca deslegitimar estadísticas oficiales que no han cambiado metodológicamente. Esta estrategia refleja las dificultades de cualquier oposición para construir una narrativa de fracaso cuando los datos económicos principales resultan favorables al Gobierno.
El riesgo para el PP consiste en que su estrategia de demolición legislativa pueda percibirse como un retroceso innecesario en un momento de consolidación económica. Si la tendencia de mejora del empleo se mantiene hasta 2027, Feijóo deberá explicar por qué resulta necesario derogar normas que han coincidido temporalmente con la mejor evolución laboral en décadas. La operación demolición se convierte así en una apuesta de alto riesgo que puede revelar la distancia entre los diagnósticos conservadores y la realidad económica española.
