El presidente del Partido Popular llama a manifestarse contra Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, pero evita activar mecanismos parlamentarios efectivos. Vox cuestiona la coherencia de una movilización que no viene acompañada de medidas eficaces y sin romper pactos con el PSOE.
Alberto Núñez Feijóo convocó una concentración para este domingo 30 de noviembre en el Templo de Debod de Madrid bajo el lema «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?», tras conocerse que el Tribunal Supremo ordenó prisión preventiva sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Se trata de la séptima manifestación que el líder del PP organiza desde su llegada a la presidencia del partido en 2022, en una estrategia de oposición que privilegia la movilización callejera sobre la confrontación parlamentaria. La convocatoria, que Feijóo define como «cívica», «abierta» y «sin siglas», busca capitalizar el escándalo de corrupción que afecta al PSOE, pero evita cuidadosamente comprometerse con una moción de censura.
Durante su comparecencia en la sede nacional del PP, Feijóo afirmó que Pedro Sánchez no es «un hombre rodeado de manzanas podridas», sino que «la manzana podrida es él y todo lo que está a su alrededor se ha acabado descomponiendo». El líder popular llamó a la ciudadanía a protestar «contra los corruptos y contra todos los que los sostienen», argumentando que el Gobierno está pidiendo a los españoles que protesten contra los jueces mientras él los convoca contra la corrupción. Sin embargo, cuando fue preguntado sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, Feijóo defendió su inacción parlamentaria: «Si me hubiese precipitado sin los apoyos necesarios y sin toda la información, me habría equivocado. Creo que he acertado».
Vox denuncia la contradicción: manifestaciones sin ruptura de pactos
La respuesta de Vox a la convocatoria de Feijóo fue contundente y expuso las contradicciones inherentes a la estrategia del PP. Santiago Abascal, presidente de la formación ultraderechista, publicó en redes sociales: «¡Basta ya de estafar a la gente! El PP lo que debe hacer es romper todos los pactos con el PSOE, en Bruselas, en Ceuta y en cualquier institución». Abascal exigió al líder popular que «deje de convocar manifestaciones partidistas» y presente «ya una moción de censura para que todo el mundo se retrate. Si no lo hace, será un autorretrato».
José María Figaredo, portavoz nacional de Economía de Vox, abundó en la misma línea al criticar que el PP convoca movilizaciones «de domingo» para luego «irse a tomar el aperitivo» sin implementar acciones políticas concretas. La formación de Abascal, que en otras ocasiones había participado en las protestas organizadas por el PP, decidió desmarcarse de esta convocatoria por considerar que carece de coherencia mientras los populares mantienen acuerdos con el PSOE en múltiples ámbitos institucionales.
La crítica de Vox señala un punto sensible en la estrategia de Feijóo: la coexistencia de un discurso maximalista contra el PSOE en el ámbito nacional con una práctica colaboracionista en el ámbito europeo. El Parlamento Europeo ha sido escenario de reiteradas alianzas entre el Partido Popular Europeo, al que pertenece el PP español, y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, donde militan los eurodiputados del PSOE. Según datos de la legislatura 2019-2024, ambas formaciones votaron en el mismo sentido en el 80% de las votaciones definitivas del pleno europeo, incluidas las nueve leyes más relevantes del período.
Paradoja europea: socios en Bruselas, enemigos en Madrid
La colaboración PP-PSOE en las instituciones europeas representa una contradicción difícil de explicar para un partido que en España califica al PSOE como una organización corrupta que debe abandonar el poder. En noviembre de 2025, ambas formaciones se aliaron contra la propuesta de la Comisión Europea sobre la nueva Política Agraria Común, criticando conjuntamente los planes de Ursula von der Leyen para reducir el presupuesto destinado al desarrollo rural. La eurodiputada socialista Cristina Maestre celebró esta colaboración afirmando que «en cuestiones de agricultura son más las cosas que nos unen que las que nos separan».
Esta realidad europea choca frontalmente con el discurso de Feijóo en España, donde acusa a Sánchez de ser «la manzana podrida» que contamina todo lo que toca. La explicación a esta aparente incoherencia reside en la diferente naturaleza de las batallas políticas en ambos escenarios: mientras en Europa el PP necesita al PSOE para defender intereses nacionales comunes y mantener influencia en las instituciones comunitarias, en España la estrategia pasa por la confrontación máxima y la búsqueda del desgaste sistemático del Gobierno.
Santiago Abascal también denunció esta contradicción en su intervención del pasado 21 de noviembre, cuando criticó «el pacto permanente entre PSOE y PP para la invasión migratoria, el pacto del fanatismo verde y para imponer la ideología de género». El líder de Vox incluso llegó a vincular los acuerdos entre PP y PSOE en Bruselas con la tragedia de la DANA en Valencia, afirmando que «esa tragedia ocurrió porque el PSOE, al calor de los pactos que tenía con el PP en Bruselas, impidió la construcción de las presas y de las obras» que habrían evitado las inundaciones.
Manifestaciones sin consecuencias políticas
La convocatoria del domingo representa la séptima movilización organizada por Feijóo en apenas dos años y medio como presidente del PP. El 12 de noviembre de 2023, congregó a manifestantes en Cibeles y en 52 capitales provinciales contra la investidura de Sánchez; el 3 de diciembre de 2023 organizó una movilización descentralizada contra la ley de amnistía; el 28 de enero de 2024 volvió a Plaza de España tras el rechazo inicial de Junts a la amnistía. En mayo de 2024, coincidiendo con las elecciones europeas, el discurso evolucionó hacia la «opacidad» del Gobierno. En 2025, con el estallido del caso Koldo, Feijóo acuñó el lema «Democracia o mafia».
Todas estas movilizaciones comparten un patrón común: generan titulares, movilizan a sectores del electorado conservador y permiten al PP mantener la presión mediática sobre el Gobierno, pero no se traducen en iniciativas parlamentarias concretas que puedan alterar la correlación de fuerzas en el Congreso. Feijóo ha convertido la protesta callejera en un sustituto de la acción política efectiva, consciente de que no dispone de los apoyos necesarios para una moción de censura exitosa, pero también reticente a asumir el coste político de intentarla y fracasar.
La estrategia del líder popular responde a un cálculo preciso: las manifestaciones mantienen movilizada a su base electoral, proyectan una imagen de oposición firme y le permiten capitalizar cada nuevo escándalo que afecta al Gobierno, sin exponerse al riesgo de una derrota parlamentaria que debilitaría su liderazgo. Sin embargo, esta táctica tiene costes políticos evidentes, como demuestra la reacción de Vox y las críticas de sectores que consideran que el PP se limita a gestionar la indignación sin ofrecer una alternativa real de poder.
La entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo «extremo» de fuga ante el juicio por la trama de las mascarillas ofrece a Feijóo la cobertura perfecta para su séptima convocatoria. El líder del PP afirmó que la encarcelación del exministro no puede interpretarse «como un hecho aislado» sino como «un ejemplo más de la degeneración que acompaña a Sánchez incluso desde antes de llegar al poder». Feijóo subrayó que «el 100% del clan que acompañó a Sánchez en su ingreso a la política acabará encarcelado», en referencia también a Santos Cerdán, anterior secretario de Organización del PSOE que pasó varios meses en prisión preventiva.
El discurso de Feijóo busca vincular directamente a Pedro Sánchez con los casos de corrupción que afectan a miembros del PSOE, aunque el presidente del Gobierno no está siendo investigado en ninguno de estos procesos judiciales. Esta estrategia de culpabilidad por asociación es una constante en las últimas movilizaciones del PP, que intenta trasladar al conjunto del partido socialista y a su líder las responsabilidades penales de individuos concretos investigados por la justicia.
