Europa ha dejado de discutir si quiere inmigración. La pregunta que hoy ordena el debate es otra: qué tipo de inmigración, en qué cantidad y bajo qué condiciones. El giro resulta visible en toda la Unión Europea, aunque adquiere en España un carácter especialmente revelador. Mientras el discurso político se endurece y las fronteras se blindan, la economía continúa reclamando mano de obra extranjera de forma estructural.
Los datos lo confirman. El número de ciudadanos de terceros países residentes en la UE sigue creciendo, aunque los flujos se hayan ralentizado. España, junto a Alemania, Francia e Italia, concentra buena parte de esa población. El envejecimiento demográfico, la caída de la natalidad y la presión sobre sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería o los cuidados han convertido a la inmigración en un pilar funcional del sistema económico, más allá de cualquier retórica electoral.
Aquí emerge la paradoja central. Europa restringe el asilo y reduce las llegadas irregulares mediante acuerdos con terceros países, mientras amplía de forma sostenida los permisos de trabajo. Se cierra una puerta y se abre otra, aunque con llave selectiva. El mensaje implícito es claro: bienvenido quien trabaje, invisible quien huya.
En España, esta lógica se expresa con particular nitidez. El país necesita migrantes, aunque evita nombrarlos como sujetos políticos. Se les convoca como trabajadores temporales, jornaleros, cuidadores, repartidores. Se les mantiene en un umbral jurídico frágil, dependiente de contratos, renovaciones y cupos. El resultado es una inmigración funcional, aunque socialmente precaria.
El descenso de las solicitudes de asilo en Europa refuerza esta tendencia. Las cifras actuales quedan lejos de la crisis de 2015, tanto por la disuasión activa como por la externalización del control migratorio. Marruecos, Turquía, Libia o Túnez se han convertido en guardianes adelantados de la frontera europea, a cambio de cooperación económica y política. El coste humano de estos acuerdos apenas aparece en el debate institucional.
La cuestión de fondo ya no es migratoria, sino democrática. ¿Qué modelo de sociedad se construye cuando la entrada se regula según la utilidad económica inmediata? ¿Qué integración es posible cuando la pertenencia depende del mercado laboral? España, como otros países del sur europeo, vive esta tensión a diario.
Europa no está cerrándose por completo. Está filtrando. Y España, lejos de ser una excepción, se ha convertido en uno de los escenarios donde esta selección se aplica con mayor naturalidad, aunque pocas veces se formule con claridad.
