El gobierno español reconoció el Estado palestino en mayo de 2024, ha promovido iniciativas multilaterales como el Grupo de Madrid y lidera demandas de embargo armamentístico y sanciones contra Israel, ultimando el envío aéreo de 12 toneladas de alimentos a Gaza. Sin embargo, datos del Centre Delàs sitúan a España como el principal comprador europeo de armamento israelí desde octubre de 2023, con importaciones por valor de 54 millones de euros y contratos por más de 1.000 millones con empresas que publicitan sus productos como «probados en combate» en territorio palestino.
El Ejército del Aire y del Espacio preparó la pasada semana en la base aérea de Zaragoza un avión A400M que lanzará este jueves 12 toneladas de alimentos sobre Gaza, una operación humanitaria que evidencia la paradoja de la política española hacia el conflicto palestino-israelí. Mientras España se posiciona como uno de los países europeos más activos en la defensa de los derechos palestinos, los datos oficiales revelan que mantiene un flujo comercial armamentístico con Israel sin precedentes desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.
La ayuda humanitaria, equivalente a 5.500 raciones de comida proporcionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), será lanzada mediante paracaídas en una operación similar a la ejecutada en marzo de 2024. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, justificó la urgencia de la iniciativa al denunciar «la hambruna inducida en Gaza» que se cobra vidas «todos los días», advirtiendo que «100.000 niños, 40.000 de ellos bebés, están en riesgo de muerte en los próximos días».
Récord en compras de armamento israelí
Sin embargo, esta acción humanitaria contrasta de manera llamativa con las cifras de comercio armamentístico que revelan una realidad opuesta. Según el último informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz, España se ha convertido en el principal comprador europeo de armas israelíes desde octubre de 2023, con importaciones que alcanzan los 54 millones de euros entre esa fecha y mayo de 2025. Solo en mayo de este año, España importó el 78% de las armas y municiones enviadas por Israel a la Unión Europea, una cifra que ascendió a casi 6 millones de euros.
Los datos del portal DataComex de la Secretaría de Comercio de España confirman que mayo de 2025 fue el mes con mayor volumen de importaciones de «armas y municiones» israelíes desde el inicio del conflicto. Esta cifra se incrementa con otros 548.623 euros correspondientes a «carros y vehículos blindados», evidenciando una intensificación del comercio bélico en el momento de mayor crisis humanitaria en Gaza.
El Centre Delàs ha documentado que España ha adjudicado 46 contratos a empresas armamentísticas israelíes desde octubre de 2023, por un valor superior a los 1.044 millones de euros. Entre estas transacciones destacan los sistemas de lanzacohetes SILAM, basados en tecnología de la empresa israelí Elbit, y los misiles SPIKE, adquiridos por 237,5 millones de euros a PAP Tecnos, filial de la empresa militar pública israelí Rafael. Ambas compañías publicitan estos productos como «probados en combate», es decir, testados en territorio palestino.
La discrepancia entre las cifras oficiales españolas e israelíes añade otra dimensión controvertida al asunto. Según las aduanas israelíes, España exportó material militar por valor de 5,3 millones de euros hasta marzo de 2025, una cantidad cinco veces superior a la que reconoce el Gobierno español. Esta diferencia sugiere la existencia de canales comerciales que no aparecen completamente reflejados en las estadísticas oficiales españolas.
España como referente diplomático en Gaza
El activismo diplomático español contra la política israelí en Gaza ha sido sin precedentes en la democracia española. El reconocimiento del Estado palestino el 28 de mayo de 2024, junto a Irlanda, Noruega y Eslovenia, marcó un punto de inflexión en la posición europea. Esta decisión, que Albares calificó como «necesaria, justa y urgente», fue seguida por la creación del Grupo de Madrid, una coalición de 18 países europeos y árabes que busca implementar la solución de dos Estados.
La iniciativa española ha trascendido el ámbito declarativo para convertirse en una plataforma de acción multilateral. El Grupo de Madrid ha celebrado cinco reuniones desde su constitución, la más reciente en mayo de 2025, donde Albares propuso «un gran movimiento de reconocimiento del Estado palestino» y demandó sanciones individuales contra responsables israelíes. España ha liderado también las peticiones de suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel y ha sido el primer país europeo en imponer sanciones a colonos israelíes, medidas que se han extendido a trece individuos.
Al mismo tiempo que estos flujos comerciales se intensificaban, España desplegó el liderazgo diplomático más activo de Europa contra Israel. En la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la ONU del 29 de julio, Albares reiteró que Palestina «es una herida abierta para la humanidad» y defendió el mantenimiento de la conferencia «en sesión permanente durante el próximo año» con el objetivo de lograr el reconocimiento pleno de Palestina como miembro de la ONU. España ostenta, junto a Jordania, la presidencia del grupo de trabajo sobre implementación política de la solución de dos Estados.
El ministro ha mantenido una retórica progresivamente más dura hacia Israel, calificando la situación en Gaza como «guerra inhumana, cruel e inhumana» y acusando a Israel de usar «el hambre como arma de guerra». En su artículo en El País, Albares advirtió que «no podemos darle al gobierno de Israel una especie de derecho de veto sobre la existencia o no del Estado de Palestina», posicionando a España como la voz europea más crítica con la política israelí.
Imposible coherencia diplomática
La justificación oficial del Gobierno español para mantener estas compras se basa en la calificación de «programas estratégicos del Ministerio de Defensa» y en la consideración de ciertos sistemas como «no sustituibles». El Ejecutivo argumenta que se trata de contratos anteriores al 7 de octubre de 2023 que no pueden cancelarse, aunque la legislación española sobre control del comercio de material de defensa permite revocar autorizaciones cuando existen «indicios racionales» de uso contrario a «la dignidad inherente al ser humano».
El investigador del Centre Delàs, Alejandro Pozo, ha calificado esta situación como «una doble práctica, intencionada y defendida desde el propio interés», que contradice las declaraciones oficiales. Eduardo Melero, también investigador del centro, denuncia que existe «una campaña de desinformación por parte del Gobierno» y que este «financia la industria militar israelí» con estos contratos.
La presión social ha comenzado a traducirse en iniciativas parlamentarias. En mayo de 2025, el Congreso tomó en consideración una proposición de ley para introducir la figura del embargo en la normativa española, impulsada por la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que agrupa a más de 600 organizaciones. Esta iniciativa propone reformar la Ley 53/2007 para incorporar la obligatoriedad del embargo en casos de evidencias de genocidio o crímenes de guerra.
La contradicción entre el liderazgo diplomático antiisraelí y el comercio armamentístico ilustra las contradicciones de la posición española en el conflicto palestino-israelí. España encabeza la oposición europea a la política de Netanyahu y el avión con 12 toneladas de alimentos sobrevuela Gaza en una misión de socorro, pero, en paralelo, los contratos millonarios con la industria militar israelí continúan ejecutándose, convirtiendo a Madrid en cómplice involuntario de una guerra cuya oposición lidera diplomáticamente a nivel internacional.
