El gobierno español ha aprobado una operación sin precedentes de prefinanciación industrial otorgando más de 14.000 millones de euros en créditos al 0% a empresas armamentísticas. Indra lidera como principal beneficiaria con 4.200 millones, seguida por Airbus con 3.700 millones y Navantia con 2.292 millones. La iniciativa forma parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que busca alcanzar el objetivo del 2% del PIB en gasto militar, movilizando en total 34.000 millones hasta 2037 para modernizar las capacidades operativas españolas en un contexto de rearme europeo acelerado.
El Consejo de Ministros español ha consolidado en las últimas semanas una de las mayores inyecciones de capital público a la industria privada de defensa de su historia reciente. Entre septiembre y octubre de 2025, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado préstamos por valor de 14.223 millones de euros destinados a prefinanciar programas de modernización militar sin recurrir a la banca privada. Esta cifra, superior al gasto mensual en pensiones contributivas del país, se ha distribuido entre un número muy reducido de empresas mediante un mecanismo conocido como Programas Especiales de Modernización que permite que estos desembolsos no computen como déficit público al considerarse inversión en investigación y desarrollo.
La selección de empresas beneficiarias fue realizada directamente por el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, actuando el Ministerio de Industria como catalizador formal de los fondos. La operación se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, una iniciativa lanzada por el gobierno como respuesta al contexto de rearme europeo y a los compromisos adquiridos con la OTAN. Solo en 2025, España movilizará 10.471 millones de euros adicionales que, sumados a los 3.593 millones extra aprobados desde enero, permiten al país alcanzar los 33.123 millones de euros y cumplir este mismo año el objetivo del 2% del PIB en gasto militar que inicialmente estaba previsto para 2029.
Indra emerge como la gran ganadora de este reparto, consolidándose como eje tecnológico de la defensa nacional. La empresa del Ibex, cuyo mayor accionista es el Estado español con un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha obtenido créditos por valor de 4.200 millones de euros, representando el 40% del importe total concedido. Esta cifra alcanza el 60% si se considera a Hisdesat, filial de Hispasat cuya compra a Redeia pactó Indra en febrero por 725 millones y que recibirá 1.012 millones para el desarrollo del programa de satélites de observación PAZ 2. El crecimiento reciente de Indra ha sorprendido al mercado con una facturación de 2.450 millones en el primer semestre de 2025, un 6,3% más interanual, y un beneficio neto de 291 millones hasta septiembre, incremento del 58%.
Distribución estratégica entre grandes contratistas
Airbus Defence and Space se posiciona como segundo gran beneficiario de la iniciativa gubernamental. El gigante aeronáutico europeo, del que la SEPI tiene un 5%, se ha adjudicado 3.700 millones de euros en préstamos para seis programas independientes, más otros 80 millones para un proyecto conjunto con Indra. Los fondos se destinarán principalmente a un sistema de enseñanza integrado en vuelo avanzado con 1.040 millones, movilidad aérea de última generación con 1.000 millones, helicópteros ligeros para formación con 920 millones, y tecnologías de enseñanza en propulsión eficiente con 520 millones. Además, Airbus participará junto a la empresa turca TAI en el desarrollo de un nuevo caza de entrenamiento que contará con un presupuesto de 275 millones este año.
Navantia, astillero público totalmente controlado por la SEPI, recibirá 2.292 millones de euros para cinco programas de modernización naval. Los créditos financiarán la construcción del nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate prometido durante la campaña de las elecciones gallegas de 2024, la modernización de las cinco fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán que entraron en servicio entre 2002 y 2006, la actualización de los buques anfibios Galicia y Castilla, la adquisición de un Buque de Acción Marítima de Inteligencia y el desarrollo de un buque hidrográfico oceánico. La empresa naval, que mantiene un contrato de 822 millones hasta 2028 para el mantenimiento de destructores estadounidenses Arleigh Burke en la Base Naval de Rota, acumula pérdidas continuadas desde 2007 que en la última década suman 1.720 millones de euros.
El programa incluye también financiación significativa para otros actores industriales. General Dynamics, Aertec y Urovesa figuran entre los beneficiarios con cifras menores pero relevantes. La Unión Temporal de Empresas formada por Indra y Airbus recibirá 350 millones específicamente para el desarrollo del futuro sistema de combate aéreo europeo, incluyendo estudios de concepto de combate colaborativo, su implementación y demostraciones de capacidades. Santa Bárbara Sistemas, empresa que Indra busca adquirir, participará en programas destinados a vehículos de combate, carros y unidades acorazadas, incluida la actualización de los vehículos de combate de infantería Pizarro con una financiación de 60 millones para adquirir 119 unidades.
Mecanismo de prefinanciación y precedentes
El sistema de créditos al 0% utilizado para esta operación no constituye una novedad en la política industrial española. Estos mecanismos se lanzaron durante el gobierno de José María Aznar para financiar programas de armamento de los cazas Eurofighter, los aviones de transporte A400M y los blindados Leopard y Pizarro. Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz, define estos préstamos como un sistema de creatividad contable para prefinanciar a la industria, planteando dudas sobre la recuperación total de esos importes teniendo en cuenta experiencias pasadas, especialmente considerando las pérdidas continuadas de empresas como Navantia.
El volumen de préstamos concedidos en las últimas semanas carece de precedentes si se compara con las cifras de ejercicios anteriores. El Estado español actúa simultáneamente como cliente y como acreedor, sin obtener garantías específicas para el desembolso de los fondos y su recuperación total. La estrategia comunicativa del gobierno ha planteado el rearme en términos de desarrollo económico, presentándolo como una oportunidad para modernizar el sistema productivo español y adaptarlo a un mercado global donde la demanda de armamento crece sostenidamente. Según estimaciones del sector, las empresas españolas podrían recuperar hasta 9.000 millones en contratos derivados, aproximadamente el 30% del total previsto para los próximos años.
El impulso europeo resulta determinante para entender esta transformación. La Comisión Europea ha establecido mecanismos de financiación comunitaria para desarrollo de capacidades militares conjuntas, buscando fortalecer la autonomía estratégica del continente y reducir la dependencia de proveedores externos, particularmente en un contexto marcado por las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto movilizar 800.000 millones de euros para el rearme en Europa en cuatro años, estableciendo un objetivo del 3,5% del PIB en gasto militar. España participa en varios programas europeos, multiplicando las oportunidades para la industria nacional y facilitando su integración en cadenas de suministro internacionales.
Debate sobre costes sociales y transparencia
La magnitud de la operación ha generado críticas desde diversos sectores. El Centre Delàs d’Estudis per la Pau sostiene que el gasto militar real español ascenderá a 40.457 millones de euros en 2025, un 2,48% del PIB, muy superior a los 33.123 millones reconocidos oficialmente. Según este centro de estudios, el gobierno ha esquivado el control parlamentario recurriendo a transferencias de crédito y partidas no contabilizadas como gasto militar, incluyendo la mutua militar, pensiones de guerra, costes de personal paramilitar de la Guardia Civil, créditos en investigación militar a cargo del Ministerio de Industria, aportaciones a la OTAN desde Exteriores e intereses de deuda correspondiente al gasto militar.
El sindicato de técnicos de Hacienda Geshta calcula que cumplir con los compromisos del plan ReArm Europe supondrá gastar 95.500 millones en armas y defensa en cuatro años. Para 2025, España debe aumentar el presupuesto en defensa en 3.500 millones adicionales, manteniendo un gasto de 23.897 millones anuales hasta 2028. Pere Ortega y otros expertos del Centre Delàs advierten que Europa ha abandonado las políticas del racionalismo nacidas durante la Ilustración, argumentando que incrementar el gasto en defensa sin afectar al gasto social equivale a intentar taparse la cabeza y los pies con una manta demasiado corta. El gobierno utiliza remanentes de crédito no gastados en otros ministerios para transferirlos a Defensa, traduciendo en recortes en servicios sociales.
En algunas empresas españolas del sector ha causado malestar el reparto de estos fondos, concentrados en un número muy reducido de beneficiarios. La industria de defensa española facturó 16.153 millones de euros en 2024 según el informe de la patronal Tedae auditado por PwC, un 16,2% más que el año anterior, superando por primera vez el volumen de negocio previo a la pandemia. El sector contribuyó con 21.919 millones al PIB español, representando el 1,27%, y exportó casi 10.000 millones. Las perspectivas para 2025 son aún más favorables impulsadas por el dinero público de países europeos dispuestos a alcanzar las cotas del 5% del PIB marcadas por Trump antes de 2035.
El Plan Industrial y Tecnológico contempla un total de 31 programas especiales de modernización que permitirán movilizar en torno a 34.000 millones de euros hasta 2037. Esta progresión busca consolidar el camino hacia el objetivo del 2% del PIB en defensa, adelantando incluso las previsiones iniciales y posicionando a España para un eventual cumplimiento del objetivo del 5% que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha comenzado a exigir al gobierno de Sánchez. La masiva inversión beneficia directamente a las Fuerzas Armadas mientras actúa como motor económico para la industria nacional, generando empleo de alta cualificación y fomentando innovación tecnológica en un momento de tensiones globales crecientes que configuran un nuevo orden geopolítico marcado por el rearme generalizado.
