Las elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, la sombra de los comicios generales y el caso Ábalos tensan el tablero político. Pedro Sánchez apuesta por agotar la legislatura mientras el PP duda sobre la moción de censura y Vox exhibe su enfado con los populares.
El mundo político español ha entrado en una ronda de comicios autonómicos que empezarán a preparar el terreno para la gran partida de las elecciones generales de 2027. Extremadura, Castilla y León, después Andalucía, y tal vez Aragón se perfilan como los primeros territorios que celebrarán elecciones, además de las autonómicas y las municipales programadas. En teoría son en 2027, pero mucho puede suceder antes de esa fecha considerando la fragilidad de algunos gobiernos regionales y la presión que ejercen los diferentes actores políticos en un contexto marcado por el desgaste del Ejecutivo central y el avance de la ultraderecha en toda España.
En los pasillos del Congreso se especula mucho sobre generales y andaluzas juntas, con citas electorales en otoño y un arranque de 2027 que podría coincidir con autonómicas, municipales y generales. La cadena de convocatorias electorales, la sombra de las generales y el caso Ábalos tensan a todos los partidos, mientras Pedro Sánchez decide seguir adelante con la legislatura y el PP duda sobre la moción de censura. Vox, por su parte, exhibe su enfado con los populares por su tibieza ante la investidura fallida de Santos Cerdán y por el rechazo a una moción conjunta que hubiera podido tumbar al Gobierno. Este escenario de máxima tensión política y multiplicación de frentes electorales define el panorama español de los próximos meses.
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La apuesta de Sánchez por agotar la legislatura
Pedro Sánchez ha dado una orden clara a los suyos: en unos días se prepara una batalla por la imagen de Ábalos, que fue su mano derecha y corazón del sanchismo al entrar en la Moncloa, pero que ahora puede arrastrar al partido por la presión del PP. «Si da la cúpula del Gobierno en España lo que me elijan los españoles en las urnas, no a través de mociones de censura», declaró el presidente durante una intervención reciente. El líder socialista insiste en que aparcar la legislatura supondría ceder el poder de forma anticipada ante la presión de la oposición y las dificultades parlamentarias.
Los propios discursos de los líderes socialistas empiezan a sonar a campaña. El pasado sábado, Feijóo volvió a pedir a los socios de Sánchez, en especial a Junts, que retiren su apoyo al Gobierno. Sin embargo, por debajo de la retórica gubernamental hay mucha negociación para cerrar asuntos pendientes antes de que sea demasiado tarde. El PNV, que cada vez muestra más dudas sobre la viabilidad de la legislatura, ha puesto sobre la mesa cuestiones como el Estatuto, el traspaso definitivo de competencias pendientes con el Ejecutivo y sobre todo la financiación singular con María Jesús Montero. El Gobierno ha prometido avanzar en todos los asuntos que interesan a los independentistas vascos y sellar acuerdos a partir de febrero.
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El caso Ábalos y la presión sobre el PSOE
El mismo día de la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García hubo dos noticias turbadoras para el PSOE. La primera era el resultado de una investigación sobre la preocupante desviación del tren del territorio español; la segunda, con ocasión de un estudio del CIS, sobre el miedo al futuro en la sociedad española. Ambas exigen un debate público amplio y riguroso que el caso Ábalos ha bloqueado de forma casi completa. Como es lógico, el listado de temas que quedan sin discutir no se restringe a estos dos, sino que incluye la cantidad de cuestiones que quedan sin abordar o se empujan a los márgenes del interés público.
En el centro del conflicto se ubica de modo ineludible la lucha partidista por el poder, ahora centrada en el caso Ábalos y sus posibles percusiones para el Gobierno. Aquello que requiere una discusión e intervención política para encontrar soluciones a los problemas se suplió por la política teatralizada del conflicto entre partidos. El problema es que las cuestiones de agenda pública no resultan centrales para los ciudadanos, sino que aparecen filtradas siempre por el interés partidista. Los escándalos que en su día el PSOE exhibía ante el PP se tornan ahora contra los socialistas, quienes tienen los suyos propios y adoptan una actitud defensiva que el PP nunca pudo superar en su momento.
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Las dudas del PP sobre la moción de censura
En el PP no logran frenar a Vox, pero cada vez lo tienen más asumido. Lo que realmente les preocupa es que la derecha española no sepa aprovechar el descontento de la sociedad ante los escándalos socialistas. El líder popular ha evitado afirmar en público que impulsará una moción conjunta con la ultraderecha, consciente de que el intento podría resultar fallido y desgastar aún más su imagen. «En Extremadura el CIS da a la derecha casi un 60%. Cuando logremos gobernar allí con Monago, hace 15 años, no había caso Koldo. Y ahora todos los socialistas de antaño discuten si lo hará el PP con Vox o sin él», resumen en la cúpula de Feijóo.
Mientras, en el PSOE y en Sumar se trabaja para evitar la caída del Gobierno. La estrategia socialista consiste en aguantar y pactar con los nacionalistas, que esta semana han negociado en los pasillos del Congreso el acuerdo en la Comunidad Valenciana. Todo lo que solicita Junts desde la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca debe ser atendido para mantener la estabilidad en casi toda España en los próximos meses, con conflictos abiertos en Cataluña y negociaciones permanentes en La Moncloa. Vox guarda la carta de volver a entrar en los gobiernos autonómicos y, después de las generales, exigir al PP una vicepresidencia para saldar viejas cuentas pendientes. De momento se conforma con obligar al PP, como en la Comunidad Valenciana, a compartir su estrategia de frontera en inmigración.
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El ambiente electoral y la gestión autonómica
Lo cierto es que el ambiente electoral de las autonómicas y la posible moción de censura han empujado a la legislatura a un estado permanente de campaña. Todos empiezan a colocarse para las próximas citas, aunque sea sin Presupuestos aprobados. Sánchez también empieza a lanzar discursos para activar a los progresistas, prepararse en el terreno y desde distintos foros internacionales. En una cita de la Internacional Socialista, el presidente llamó a las fuerzas progresistas de todo el mundo al optimismo y a poner el foco en la socialdemocracia frente a la ola de ultraderecha que avanza en Europa y otras latitudes.
El PP tampoco ha abandonado la esperanza de dar la vuelta a la situación. La victoria del demócrata Zohran Mamdani en Nueva York ha sido interpretada por los populares como una señal de que la ciudadanía puede castigar a los gobiernos en ejercicio. «Su victoria es una señal de dónde reside hoy la fuerza», anunciaron desde Génova para mantener la esperanza entre sus filas. La historia reciente sugiere que, al menos en el caso español, los votantes tienden a castigar al Gobierno en las primeras elecciones y después premiar al Ejecutivo en las segundas. Sin embargo, en La Moncloa creen que, aunque en el debate mediático no aparezca de forma constante, todas las decisiones positivas del Gobierno llegan finalmente a los ciudadanos. «Hay 3,5 millones de pensionistas y sus familias que se han enterado de la subida de las pensiones», resume una ministra del Ejecutivo de Sánchez.
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Los ultras se guardan la carta de volver a entrar en los gobiernos regionales
La ultraderecha de Vox no ha renunciado a pactar con el PP en los gobiernos autonómicos, aunque exhibe su malestar por sentirse ninguneada en algunas decisiones recientes del partido de Alberto Núñez Feijóo. «Nos quieren débiles, pero nos quieren vivos. Hay muchos que tienen un ministro», resumió un alto cargo de la formación de Santiago Abascal en referencia a las negociaciones pendientes con el PP para futuras convocatorias electorales. El momento político obliga a Vox a mantener una postura de presión constante sobre los populares en cuestiones como la política migratoria o el cambio climático, especialmente en territorios donde ambas formaciones necesitan sumar para gobernar.
Esta es la situación en la que se encuentra el tablero político español. La relación entre los diferentes actores resulta demasiado compleja para reflejarla en toda su profundidad, pero queda clara una polarización extrema que, lejos de disimularse, se exhibe en cada declaración y movimiento electoral. Los sistemas democráticos funcionan mejor cuando la política sirve para resolver problemas colectivos, pero el contexto actual sugiere que la dinámica partidista ha desplazado cualquier intento de abordar las cuestiones estructurales que preocupan a los ciudadanos. Ante esta constelación de factores, lo lógico sería convocar elecciones para que sean los votantes quienes decidan el rumbo del país, aunque ningún líder político parece dispuesto a dar ese paso sin garantías de éxito electoral.
