El país se consolida entre los quince estados más corruptos de la organización tras un deterioro institucional sin precedentes desde 2019. Mientras el 91% de las empresas percibe que la corrupción está generalizada, los expertos alertan sobre la distancia creciente con los socios europeos en calidad democrática e incumplimiento de los plazos legales para aprobar estrategias anticorrupción, evidenciando falta de voluntad política real para atajar un problema que amenaza a la competitividad económica.
Los datos no admiten interpretaciones benévolas. España ha protagonizado el mayor retroceso de la OCDE en materia de transparencia y lucha contra la corrupción desde 2019, escalando del puesto 23 al 14 en el ranking de países con mayor percepción de prácticas corruptas. Esta caída, documentada por el instituto sueco Varieties of Democracy y analizada por el Instituto de Estudios Económicos, sitúa al país entre los quince estados más problemáticos de los 38 que integran la organización, en una posición similar a Turquía, México, Hungría y Colombia.
La radiografía de la corrupción en España revela un deterioro institucional que trasciende los escándalos puntuales para convertirse en una tendencia estructural. Con una puntuación de 10,3 sobre 100 en el índice de Varieties of Democracy, el país ha experimentado el mayor empeoramiento relativo entre sus socios de la OCDE, una realidad que contrasta con los esfuerzos legislativos emprendidos en la última década para combatir estas prácticas.
El informe de Transparencia Internacional de febrero de 2025 confirmó esta tendencia descendente al situar a España en el puesto 46 de 180 países analizados, con una puntuación de 56 sobre 100, cuatro puntos menos que en 2023. «Estancamiento a nivel nacional y desmantelamiento institucional a nivel autonómico opacan los esfuerzos anticorrupción», advirtió la organización en su diagnóstico, que señala la ausencia de reformas estructurales como principal causa del deterioro.
El 91% de las empresas percibe que la corrupción está generalizada
La percepción empresarial corrobora estas mediciones institucionales con datos especialmente preocupantes. Según el ranking de países con más corrupción elaborado por la OCDE, el 91% de las empresas españolas considera que las prácticas corruptas están generalizadas en el tejido económico nacional. Esta cifra coloca a España en una posición vulnerable dentro del contexto europeo, donde la media se sitúa significativamente por debajo de estos niveles de percepción negativa.
«Una economía como la española no se puede seguir dando el lujo de no avanzar en las reformas institucionales anticorrupción necesarias que construyen y fortalecen nuestra democracia», declaró Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España. Sus palabras reflejan la preocupación de los organismos especializados ante un deterioro que afecta directamente a la competitividad económica y la confianza institucional.
La distancia con los socios europeos se ha ampliado de manera preocupante en los últimos años. España presenta actualmente una deficiencia regulatoria un 33,4% superior a la media de la Unión Europea, según datos del Banco Mundial procesados por el Instituto de Estudios Económicos. Esta brecha se ha incrementado un 19% en términos de calidad regulatoria, casi un 10% en control institucional y un 6,6% en estabilidad normativa.
Los escándalos recientes han intensificado la percepción ciudadana sobre la extensión del problema. Desde el caso que afecta a Santos Cerdán en el PSOE hasta la imputación de Cristóbal Montoro en el PP, los episodios de presunta corrupción han salpicado a formaciones de gobierno y oposición, evidenciando que el fenómeno trasciende las divisiones partidistas tradicionales. El caso de los contratos públicos en diversas comunidades autónomas ilustra la persistencia de prácticas que erosionan la confianza institucional.
Evolución de España en rakings de corrupción (2019-2024)
| Año | OCDE V-Dem
/38 países |
Transparencia Internacional
/180 países |
Transparencia Internacional
Puntuación/100 |
Posición UE
/27 países |
| 2019 | 23 | – | – | – |
| 2020 | 24 (↓1) | 32 | 62 | 12 |
| 2021 | 21 (↑3) | 34 (↓2) | 61 (↓1) | 13 |
| 2022 | 18 (↓3) | 35 (↓1) | 61 (=) | 14 |
| 2023 | 16 (↓2) | 36 (↓1) | 60 (↓1) | 14 |
| 2024 | 14 (↓2) | 46 (↓10) | 56 (↓4) | 16 |
Nota: En V-Dem, mayor puntuación/posición = mayor corrupción (escala inversa)
Fuentes: Instituto de Estudios Económicos, Varieties of Democracy, Transparencia Internacional
Incumplimiento de plazos y reformas pendientes
España ha incumplido el plazo legal para aprobar una estrategia nacional contra la corrupción, cuya elaboración debía completarse antes de septiembre de 2024. Este retraso institucional ha sido señalado como uno de los factores que más han perjudicado la valoración del país en los índices internacionales de gobernanza. La Ley 19/2013 de transparencia sigue pendiente de la reforma anunciada en el IV Plan de Gobierno Abierto, mientras el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de recursos suficientes para ejercer una supervisión efectiva.
La situación se agrava por el retraso en la transposición de directivas europeas, un factor que ha contribuido al descenso de España del puesto 14 al 16 entre los 27 países de la Unión Europea. Letonia y Eslovenia han superado a España en los rankings, evidenciando que otros países han logrado implementar reformas más efectivas en plazos similares. «La transparencia institucional enfrenta aún serias deficiencias», reconoció Transparencia Internacional en su último informe.
El deterioro institucional tiene consecuencias directas sobre la competitividad económica española. La falta de confianza en las instituciones reduce la inversión extranjera, encarece el acceso al crédito y genera incertidumbre regulatoria que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Los expertos del Instituto de Estudios Económicos advierten que este contexto institucional adverso condiciona el crecimiento económico del país y amenaza su posición en la economía global.
España se encuentra en una encrucijada institucional que exige medidas urgentes y estructurales. Sin reformas integrales que fortalezcan la transparencia, mejoren el control institucional y restauren la confianza ciudadana, el país corre el riesgo de consolidar su posición entre los estados más problemáticos de su entorno, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica para el futuro democrático de la nación.
