La medida del gobierno anula contratos por valor de 1.200 millones de euros, pero incluye excepciones que permiten futuras compras invocando el «interés general». Organizaciones propalestinas denuncian que se trata de un «embargo falso» que no bloquea el tránsito armamentístico y mantiene vínculos comerciales con filiales de compañías israelíes en territorio español.
El Consejo de Ministros finalmente aprobó el decreto ley que formaliza el embargo «total» de armas a Israel, culminando un proceso iniciado tras las medidas anunciadas por Pedro Sánchez el 9 de septiembre contra la ofensiva israelí en Gaza. La norma cancela definitivamente contratos pendientes por valor de 1.200 millones de euros, pero incluye una cláusula de salvaguarda que permite excepciones por «interés general», generando críticas inmediatas de organizaciones propalestinas que califican la medida de insuficiente.
El texto legal, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece la prohibición de importar y exportar material bélico con Israel, revocando las autorizaciones vigentes y denegando las solicitudes pendientes de resolución. Entre los contratos anulados destacan la adquisición de lanzacohetes SILAM por valor de 700 millones de euros, adjudicados a un consorcio de empresas españolas con participación de la israelí Elbit Systems, y la compra de 168 misiles SPIKE por 287,5 millones de euros a PAP Tecnos, filial de la empresa militar Rafael.
La medida incluye también la prohibición de importar productos originarios de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, siguiendo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024. Asimismo, se deniegan las solicitudes de autorización de tránsito por puertos y aeropuertos españoles de embarcaciones que transporten combustible a Israel, ampliando el espectro de restricciones más allá del ámbito puramente militar.
Excepciones controvertidas
El aspecto más polémico del decreto reside en su cláusula de salvaguarda, que permite al Consejo de Ministros autorizar operaciones «excepcionales» cuando existan «circunstancias extraordinarias» que afecten al «interés general nacional». Esta disposición, que fue incluida para asegurar el respaldo del PSOE ante las presiones de Sumar, ha generado una fuerte reacción de organizaciones propalestinas que consideran la medida insuficiente para garantizar el cese de la cooperación militar con Israel.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la redacción del texto asegurando que «se han agotado todos los márgenes de actuación legal disponibles» y que se ha llegado «al máximo de lo que permiten» los tratados internacionales y la normativa comunitaria. El titular de Economía subrayó que el decreto no supondrá «ninguna disrupción o menoscabo» en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas españolas, que han iniciado un plan de desconexión tecnológica con Israel para alcanzar la «dependencia cero» del país hebreo.
La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina calificó el embargo de «falso» al denunciar que no impide el tránsito de armas por territorio español ni incluye a empresas españolas que son filiales de compañías israelíes. La organización critica que el texto «regula de manera ambigua e incompleta el embargo y mantiene amplias grietas legales que permiten la continuidad de la complicidad con el genocidio», exigiendo medidas más contundentes que incluyan protocolos de inspección y mecanismos de verificación en puertos y aeropuertos españoles.
El Ministerio de Defensa confirmó la finalización del proceso de desconexión tecnológica militar con Israel tras la anulación de los contratos millonarios, cuya sustitución se realizará íntegramente con empresas europeas y españolas. Esta estrategia busca reforzar la industria de defensa nacional y garantizar la soberanía tecnológica española, eliminando la dependencia de proveedores israelíes que publicitaban sus productos como «probados en combate» en territorio palestino.
Fuentes oficiales del departamento que dirige Margarita Robles señalaron que el plan de sustitución ya se encuentra completado, con alternativas nacionales y europeas para los sistemas SILAM y SPIKE cancelados. Esta reconversión forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la industria de defensa europea y reducción de vínculos comerciales con terceros países, aunque el proceso ha requerido varios meses de negociaciones técnicas para garantizar que las capacidades operativas del Ejército español no se vean comprometidas.
La cancelación de estos contratos representa el mayor ajuste en la política de defensa española hacia Israel en décadas, consolidando el giro diplomático iniciado con el reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024. España ha liderado las iniciativas europeas contra la política israelí en Gaza, promoviendo sanciones individuales contra colonos y presionando para la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
Presión parlamentaria e implicaciones geopolíticas
El decreto ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno espera contar con el apoyo de Sumar y otros socios parlamentarios que han presionado para endurecer las medidas contra Israel. La formación liderada por Yolanda Díaz había exigido medidas más contundentes, incluyendo la declaración de Benjamin Netanyahu como persona non grata y la retirada de la embajadora española en Tel Aviv, propuestas que finalmente no se incluyeron en el decreto.
La Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina convocó movilizaciones en más de una decena de ciudades españolas para presionar por un embargo integral que trascienda el ámbito militar y abarque todas las relaciones comerciales con Israel. La organización exige que España suscriba la Declaración del Grupo de La Haya y proporcione cobertura diplomática completa a iniciativas civiles como la Global Sumud Flotilla que desafía el bloqueo israelí a Gaza.
La formalización del embargo sitúa a España como el país europeo más activo en el aislamiento de Israel, consolidando su liderazgo en la causa palestina iniciado con la creación del Grupo de Madrid junto a 18 países europeos y árabes. Esta posición comporta riesgos significativos en las relaciones bilaterales con Israel y potenciales fricciones con Estados Unidos, principal aliado del Estado hebreo y socio estratégico de España en la OTAN.
La decisión española forma parte de una tendencia internacional creciente de presión sobre Israel por su ofensiva en Gaza, que ha incluido el reconocimiento palestino por parte de Irlanda, Noruega y Eslovenia, así como las demandas judiciales internacionales impulsadas por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Chile, México y Colombia han adoptado medidas similares, configurando una coalición de países latinoamericanos y europeos críticos con la política israelí en territorios palestinos ocupados.
