Esquerra mantiene pendiente su petición de comparecencia de la ministra de Defensa y la directora del Centro Nacional de Inteligencia ante la Comisión de Gastos Reservados sin que se haya fijado fecha tras meses de espera. Los republicanos reclaman información sobre la relación de los servicios secretos con Abdelbaki es-Satty, considerado cerebro de los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. La petición se enmarca en el control parlamentario de fondos reservados que el Gobierno no cumple desde diciembre de 2022, cuando Robles compareció por última vez. La polémica se intensificó tras revelarse presuntos pagos mensuales del CNI al imán.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) mantiene su exigencia de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comparezcan ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso para explicar la relación que los servicios secretos españoles mantuvieron con el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, considerado el cerebro de los atentados terroristas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. La petición de comparecencia permanece pendiente sin fecha confirmada pese a haber transcurrido meses desde su registro, sumándose así a otras solicitudes de diversos grupos parlamentarios que aguardan respuesta en una comisión prácticamente paralizada durante esta legislatura.
La demanda de ERC cobra especial relevancia en el contexto de las informaciones que han ido surgiendo sobre los vínculos entre el imam y el CNI, incluyendo la revelación de presuntos pagos mensuales de 500 euros que los servicios de inteligencia habrían entregado a Es-Satty en calidad de confidente hasta el momento de los atentados. Ante estas informaciones, Robles ha evitado confirmar o desmentir los pagos, limitándose a señalar que todas estas cuestiones fueron vistas en su momento por un juez y que en un Estado democrático corresponde a los jueces determinar responsabilidades. La ministra ha pedido máximo respeto a la labor del CNI, subrayando que el organismo siempre cumple con la legalidad.
La Comisión de Gastos Reservados constituye el órgano parlamentario encargado de ejercer el control sobre el uso de los fondos reservados que tienen asignadas partidas de este tipo los ministerios de Interior, Exteriores y Defensa, así como el propio Centro Nacional de Inteligencia. Según la legislación vigente, los titulares de estos departamentos deben presentar información sobre el destino de estos fondos cada seis meses, una obligación que el Gobierno incumple sistemáticamente desde finales de 2022. La última comparecencia de Robles ante esta comisión tuvo lugar el 16 de diciembre de ese año, en la anterior legislatura, sin que desde entonces haya rendido cuentas sobre el uso de los 500.000 euros que Defensa tiene asignados en esta partida presupuestaria.
Bloqueo del control parlamentario sobre fondos reservados
La paralización de la Comisión de Gastos Reservados no afecta únicamente a la petición de ERC sobre el imán de Ripoll. El Partido Popular ha registrado sendas solicitudes de comparecencia de los ministros José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles para que detallen el destino de los gastos reservados que manejan sus respectivos departamentos. En el caso de Marlaska, finalmente compareció el pasado 28 de octubre tras casi tres años de silencio, siendo esta la segunda reunión sustantiva de la comisión en lo que va de legislatura, después de la comparecencia en junio de la vicepresidenta Sara Aagesen para explicar las causas del apagón eléctrico de finales de abril.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera ha comparecido una sola vez desde su nombramiento para informar sobre el uso de los 186.310 euros que su departamento tiene asignados en fondos reservados. Esta ausencia resulta especialmente llamativa dado que se trata de una obligación legal establecida en la normativa reguladora de la comisión, cuyo incumplimiento sistemático erosiona los mecanismos de control parlamentario sobre partidas presupuestarias especialmente sensibles por su opacidad. En los Presupuestos Generales de 2023, los últimos aprobados y que se han venido prorrogando, la partida total destinada a gastos reservados se fijó en 27,86 millones de euros, de los cuales 19,8 millones corresponden al CNI.
Además de las peticiones del PP y ERC, Sumar mantiene pendiente su solicitud de comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, por el supuesto uso de dinero público para silenciar relaciones sentimentales del rey Juan Carlos. Esta acumulación de peticiones sin tramitar evidencia el bloqueo efectivo de los mecanismos de control parlamentario sobre los servicios de inteligencia y el uso de fondos reservados, una situación que genera creciente malestar entre los grupos de la oposición y que contrasta con las obligaciones legales del Ejecutivo en materia de rendición de cuentas ante la Cámara baja.
La composición actual de la Comisión de Gastos Reservados, cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, incluye a Ester Muñoz por el PP, Patxi López por el PSOE, Pepa Millán por Vox, Enrique Santiago por Sumar, Gabriel Rufián por ERC, Míriam Nogueras por Junts, Mertxe Aizpurua por Bildu, Maribel Vaquero por el PNV y Néstor Rego por el BNG en representación del Grupo Mixto. Todos estos diputados deben ser autorizados por el Pleno del Congreso para acceder a materias clasificadas como secreto, lo que convierte a esta comisión en un órgano especialmente reservado dentro de la estructura parlamentaria.
Controversia por la desclasificación de documentos sobre el 17-A
La cuestión del imán de Ripoll y su relación con el CNI se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos de la comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 que funciona en el Congreso. Esta comisión aprobó solicitar formalmente al Gobierno la desclasificación de documentación relativa a los atentados, un compromiso que la Moncloa asumió a finales de septiembre pero que aún no ha materializado. Robles ha alegado un error formal para justificar la imposibilidad de levantar hasta ahora el secreto que pesa sobre esta información, argumentando que la comisión no pidió adecuadamente la documentación clasificada.
El plan de trabajo aprobado por la comisión de investigación detallaba específicamente qué información se solicitaba al CNI, incluyendo el registro de visitas al imán de Ripoll en la prisión de Castellón por parte de miembros de los servicios secretos y las transcripciones de las entrevistas mantenidas con él por agentes de la inteligencia española. La ministra de Defensa ha defendido que en el momento en que la comisión pida correctamente la desclasificación siguiendo el procedimiento establecido por la ley, esta se producirá sin ninguna duda. Sin embargo, desde Junts han acusado al Gobierno de burla e incumplimiento, preguntándose qué esconde el Ejecutivo y por qué le tiemblan las piernas cuando se trata del ejército y las cloacas del Estado.
La controversia sobre los vínculos entre el CNI y es-Satty no es nueva. Ya en 2019, inmediatamente después de que se revelaran informaciones sobre esta relación, ERC y Junts solicitaron comparecencias de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska en el Congreso. En aquella legislatura, la Mesa de la Cámara, controlada por PP y Ciudadanos, vetó la apertura de una comisión de investigación específica sobre este asunto alegando que se trataba de una cuestión de Seguridad Nacional, por lo que cualquier tema relacionado solo podría tratarse en la Comisión de Gastos Reservados, cuya información no puede hacerse pública debido al carácter secreto de sus deliberaciones.
La tensión sobre esta cuestión se ha intensificado en los últimos meses tras nuevas revelaciones periodísticas. ERC registró la solicitud de comparecencia en la comisión de investigación del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, quien dirigía los servicios de inteligencia en el momento de los atentados. Los republicanos buscan aclarar los detalles de la relación entre el organismo y el imán, incluyendo la naturaleza de los contactos, la frecuencia de los encuentros, los pagos realizados y las informaciones que es-Satty habría proporcionado a cambio de esa colaboración.
Implicaciones políticas y exigencia de transparencia
La petición de ERC para que Robles comparezca y explique los lazos del CNI con el imán de Ripoll trasciende el ámbito del control parlamentario ordinario y se adentra en cuestiones fundamentales sobre la eficacia de los servicios de inteligencia, la prevención del terrorismo y el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre lo ocurrido. Los atentados de Barcelona y Cambrils dejaron 16 muertos y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en el ataque yihadista más mortífero en España desde los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. La posibilidad de que los servicios de inteligencia mantuvieran contacto con el cerebro de la célula terrorista plantea interrogantes sobre si se pudo hacer más para prevenir los ataques.
Desde Junts, el portavoz Eduard Pujol ha lanzado duras críticas contra Robles durante las sesiones del Senado, manifestando estar hartos de cloacas, mentiras y chapuzas. El dirigente juntaire ha recordado que el Gobierno se comprometió hace más de dos meses a desclasificar la información y ha cuestionado por qué al Ejecutivo siempre le tiemblan las piernas cuando se trata del ejército y las estructuras opacas del Estado. La diputada de Junts Pilar Calvo ha lamentado que cuando es Cataluña la que sufre el terrorismo, el Estado no le reconoce el derecho a la verdad, una acusación que refleja el agravio percibido por los grupos catalanes ante la gestión de esta cuestión.
La ministra de Defensa ha intentado rebajar la tensión política instando a los grupos parlamentarios a que soliciten la convocatoria de la Comisión de Gastos Reservados para que el CNI pueda explicar allí lo que hace, aunque esta invitación choca con el hecho de que las deliberaciones de ese órgano son secretas y no pueden hacerse públicas. Robles también ha subrayado en diversas ocasiones que el CNI actúa siempre dentro de los límites y competencias que le marca la directiva de inteligencia, con rigor y profesionalidad, rechazando las acusaciones de irregularidades en el funcionamiento del organismo.
El entorno de la ministra insiste en que la inteligencia española no tuvo nada que ver con los atentados y que todas las cuestiones relacionadas con la actuación del CNI fueron examinadas judicialmente en su momento, sin que se determinaran responsabilidades penales. Sin embargo, esta línea argumental no satisface a los grupos independentistas catalanes, que consideran que el esclarecimiento completo de lo ocurrido requiere la desclasificación de toda la documentación disponible y comparecencias públicas que permitan a la ciudadanía conocer la verdad sobre los vínculos entre los servicios secretos y el imán que radicalizó a los jóvenes autores materiales de los atentados. La resolución de esta controversia sigue pendiente mientras se acumulan las peticiones de comparecencia sin fecha en el Congreso.
