La Cámara Alta, controlada por el Partido Popular, solicita declarar inconstitucionales las sucesivas prórrogas presupuestarias y exige un plazo para que el Ejecutivo presente las cuentas de 2026.
El Senado, que cuenta con una mayoría absoluta del Partido Popular, ha formalizado la remisión al Tribunal Constitucional de un conflicto de atribuciones fundamentado en el incumplimiento de la obligación de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 ante las Cortes Generales. La iniciativa, aprobada en el pleno de octubre pasado, solicita además que se declaren nulas las sucesivas prórrogas presupuestarias que mantienen vigentes las cuentas públicas de 2023 y que se establezca un plazo obligatorio para que el Ejecutivo cumpla con su deber en materia presupuestaria.
El procedimiento seguido por el Senado comenzó hace dos meses, cuando se aprobó el requerimiento al Gobierno impulsado por los populares con 144 votos a favor frente a 101 votos en contra y 14 abstenciones. Según el protocolo en conflictos de atribuciones, una vez adoptado por el pleno, el Senado lo asumió como propio y lo remitió formalmente al Gobierno, que disponía de un mes para contestar o, alternativamente, podía optar por no responder y dar el trámite por sustanciado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez eligió no formular respuesta alguna al requerimiento, circunstancia que ha conducido a la Cámara Alta a trasladar definitivamente el asunto al tribunal de garantías constitucionales.
El texto del conflicto presentado ante el Constitucional sostiene que el Senado no debe admitir ni tolerar el incumplimiento de la obligación que la Carta Magna impone al Gobierno en relación con la elaboración y presentación anual de los Presupuestos Generales del Estado. El documento elaborado por los servicios jurídicos del Senado, a instancias siempre del grupo popular, argumenta que el Ejecutivo tiene un deber constitucional de presupuestar que no puede ser eludido mediante argumentaciones de naturaleza política ni mediante el recurso sistemático al mecanismo de prórroga presupuestaria como instrumento excepcional y temporal.
Los populares advierten en su escrito que no pueden admitir lo que califican como práctica fraudulenta de modificación presupuestaria al margen del Parlamento derivada de la falta de Presupuestos nuevos, por considerar que esta actuación vulnera el principio de legalidad presupuestaria que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico español y del control parlamentario sobre la acción del Gobierno. El PP establece una comparación histórica al señalar que la situación actual, con unos Presupuestos de 2023 prorrogados durante 2024, 2025 y previsiblemente 2026, solo encuentra precedente en el año 2020, cuando se mantuvieron vigentes las cuentas de 2018 debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y la decisión del entonces Gobierno de no presentar nuevo proyecto presupuestario.
¿Vulneración constitucional?
El Senado solicita específicamente al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado la atribución constitucional que corresponde a la Cámara Alta para participar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para introducir modificaciones en el proyecto presentado por el Ejecutivo y para ejercer el control sobre la acción gubernamental en materia presupuestaria. Estas competencias se encontrarían cercenadas, según la argumentación de los populares, tanto por la falta de presentación del proyecto como por el uso que consideran abusivo del mecanismo de prórroga presupuestaria, que permite al Gobierno modificar partidas presupuestarias sin someterse al escrutinio parlamentario.
El conflicto fundamenta jurídicamente sus pretensiones en la vulneración de varios artículos constitucionales. El escrito señala que el Gobierno incumple los artículos 134.1 y 134.3 de la Constitución, que establecen la obligación de elaborar y presentar anualmente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Esta omisión impide, según la argumentación del Senado, que las Cortes Generales puedan ejercer la competencia en materia presupuestaria prevista en los artículos 66.2 y 134.1, limitando además la capacidad del Parlamento de modificar el texto y, en última instancia, de aprobarlo o rechazarlo mediante votación. La Cámara Alta incluye también en su argumentación la vulneración del artículo 23 de la Carta Magna, que garantiza el derecho de participación política de los ciudadanos, al impedir que los senadores puedan ejercer plenamente la función presupuestaria que les corresponde como representantes de la soberanía popular.
Respecto al uso de la prórroga presupuestaria, el conflicto sostiene que el Gobierno está realizando un ejercicio abusivo de este mecanismo al aplicarlo de manera continuada durante tres ejercicios consecutivos sin presentar nueva propuesta presupuestaria. El PP argumenta que esta práctica se realiza al margen del Parlamento y contraviniendo el espíritu constitucional que contempla la prórroga como recurso excepcional para situaciones transitorias, no como instrumento de gestión ordinaria que permita al Ejecutivo eludir sistemáticamente el control parlamentario sobre las cuentas públicas.
Compleja aritmética parlamentaria
El Partido Popular considera que actualmente no existe justificación posible para la ausencia de presentación de Presupuestos más allá de la incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos con las fuerzas parlamentarias que garanticen la aprobación del proyecto. Esta circunstancia, a juicio de los populares, no constituye motivo legítimo para eludir la obligación constitucional de presentar las cuentas, independientemente de las perspectivas de éxito en su tramitación parlamentaria. El grupo mayoritario en el Senado subraya que los motivos políticos no pueden esgrimirse para justificar la omisión del cumplimiento de obligaciones constitucionales que impiden a las Cortes Generales y específicamente al Senado ejercer su función presupuestaria.
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de presentar los Presupuestos de 2026, aunque los meses transcurren sin que el Ejecutivo materialice este anuncio. La ruptura de las relaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya, formación cuyo apoyo resultaba fundamental para alcanzar mayorías parlamentarias, ha complicado extraordinariamente las perspectivas de aprobación de unas nuevas cuentas públicas. Los Presupuestos actualmente vigentes corresponden al ejercicio 2023, tras haber renunciado el Gobierno a presentar los de 2024 en el contexto de la convocatoria electoral anticipada en Cataluña y haberse descartado igualmente la tramitación de los correspondientes a 2025 ante la fragilidad parlamentaria creciente del Ejecutivo de coalición.
La elevación de este conflicto al Tribunal Constitucional añade un nuevo frente jurídico a las tensiones entre el Gobierno y la oposición en un momento de máxima debilidad parlamentaria para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La resolución del tribunal, cuyo plazo de respuesta resulta impredecible dado el volumen de asuntos pendientes, podría introducir elementos novedosos en el debate sobre los límites constitucionales de la prórroga presupuestaria y las obligaciones del Gobierno en relación con la presentación de las cuentas públicas, estableciendo eventualmente precedentes relevantes sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y las Cortes Generales en materia presupuestaria.
