España consolida su respaldo al plan de autonomía marroquí avalado por Naciones Unidas mientras Yolanda Díaz advierte que no se cederá territorio saharaui. La ausencia de ministros de Sumar en la Reunión de Alto Nivel y la misión empresarial canaria a Dajla evidencian las fracturas internas de la coalición y las implicaciones económicas de un conflicto que persiste desde hace medio siglo.
La decimotercera Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos celebrada este jueves en Madrid no solo sirvió para reforzar la cooperación bilateral, sino que también puso de manifiesto las profundas divisiones internas del Gobierno español sobre una de las cuestiones más sensibles de la relación con Rabat: el futuro del Sahara Occidental. Mientras Pedro Sánchez consolidaba el giro político iniciado en 2022 con su respaldo explícito a la propuesta marroquí, su socia de coalición, Yolanda Díaz, lanzaba un mensaje radicalmente opuesto que desnuda las fracturas de un Ejecutivo que intenta mantener una fachada de unidad en política exterior.
El punto octavo de la declaración conjunta firmada tras el encuentro bilateral marca un hito en la posición española. España acoge con satisfacción la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada el 31 de octubre, que sitúa el plan de autonomía marroquí como base para las negociaciones y reconoce que una autonomía genuina podría representar la solución más factible para resolver un conflicto enquistado desde 1975. El texto apoya plenamente la labor del Secretario General y su Enviado Personal para facilitar negociaciones tomando como referencia la propuesta de Marruecos con miras a lograr una solución justa, duradera y aceptable para todas las partes.
Este posicionamiento representa la consolidación definitiva del cambio de política exterior iniciado por Sánchez en abril de 2022, cuando el presidente español envió una carta al rey Mohamed VI reconociendo la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para resolver el diferendo. Aquel movimiento unilateral, adoptado sin consenso parlamentario y que rompió la histórica neutralidad española en el conflicto, provocó una profunda crisis con Argelia, principal respaldo internacional del Frente Polisario, y generó tensiones internas que se mantienen hasta hoy.
Yolanda Díaz rompe filas en plena cumbre
La decisión de Sumar de no participar en la Reunión de Alto Nivel ya era significativa. Ninguno de los cuatro ministros del espacio a la izquierda del PSOE asistió al encuentro, que contó exclusivamente con la presencia de seis ministros socialistas junto a Pedro Sánchez. Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno decidió ir más allá y publicar, precisamente mientras se desarrollaba la cumbre bilateral, un mensaje en redes sociales que contradice frontalmente la posición oficial del Ejecutivo.
En un vídeo difundido a través de sus canales digitales, Díaz aparece leyendo un poema del poeta saharaui Liman Boisha y lanza una advertencia inequívoca. La vicepresidenta señaló que no se va a ceder ni un centímetro de territorio saharaui, en clara alusión a las negociaciones en curso entre España y Marruecos. Su mensaje finaliza con una declaración rotunda de apoyo al pueblo saharaui, reiterando la posición histórica de Sumar favorable a un referéndum de autodeterminación que permita a la población del territorio decidir su futuro.
La intervención de Díaz no solo evidencia las diferencias ideológicas entre los socios de coalición, sino que representa un gesto político de primer orden al producirse en el momento exacto en que Sánchez y Akhannouch escenificaban la sintonía bilateral. Sumar defiende que cualquier solución al conflicto debe respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, una postura que históricamente mantuvo España hasta el giro de 2022 y que sigue siendo compartida por amplios sectores de la izquierda española, incluidos varios socios parlamentarios del Gobierno.
La resolución de la ONU que cambia el tablero
La resolución 2797 del Consejo de Seguridad adoptada el pasado 31 de octubre representa un espaldarazo político significativo para Marruecos, aunque no reconoce formalmente la soberanía marroquí sobre el territorio. El texto, negociado hasta el último momento, fue aprobado con doce votos a favor y tres abstenciones. Rusia, China y Pakistán se abstuvieron, reflejando las divisiones internacionales sobre un conflicto que ha permanecido congelado durante décadas.
La resolución renueva por un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental, creada en 1991 para organizar una consulta popular que nunca llegó a celebrarse debido a los desacuerdos sobre el censo electoral. Sin embargo, el texto introduce una novedad sustancial al vincular explícitamente las negociaciones futuras al plan de autonomía presentado por Marruecos, considerándolo como una de las soluciones más factibles para resolver el diferendo.
Estados Unidos y Francia, principales aliados de Rabat en el Consejo de Seguridad, impulsaron esta orientación favorable al plan marroquí. La posición estadounidense tiene su origen en el reconocimiento que Donald Trump hizo en 2020 de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio de la normalización de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Francia anunció en julio de 2024 su respaldo explícito a la propuesta de autonomía, mientras que Alemania y España ya habían manifestado previamente su apoyo a la iniciativa marroquí.
El rey Mohamed VI celebró la resolución en un discurso televisado donde proclamó que se abre un nuevo capítulo victorioso en el proceso de consagración de la marroquinidad del Sahara, destinado a cerrar definitivamente un conflicto que calificó de artificial. El monarca agradeció el apoyo de Trump, así como el de Francia, Reino Unido y España, y ofreció un diálogo fraternal al presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, principal avalista de la causa saharaui en el ámbito internacional.
Canarias y el proyecto de desarrollo marroquí en Dajla
La cumbre bilateral coincidió con otra controversia que ilustra las implicaciones prácticas del respaldo español a la posición marroquí. El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo y sostenido por Coalición Canaria y el Partido Popular, promovió entre finales de noviembre y principios de diciembre una misión empresarial al puerto de Dajla, en el territorio del Sahara Occidental, a través de la empresa pública Proexca en colaboración con la Federación Canaria de Empresas Portuarias.
La iniciativa busca posicionar a empresas canarias en el desarrollo del Puerto Atlántico de Dajla, un megaproyecto logístico valorado en 1.300 millones de euros que Marruecos presenta como su gran apuesta para conectar África con Europa y América. El plan incluye infraestructuras portuarias, zonas de actividad económica, servicios de logística avanzada y una futura base naval con capacidad para 1.700 efectivos de la Marina Real marroquí, según informaciones publicadas por medios especializados.
El Frente Polisario reaccionó duramente a esta misión empresarial canaria, acusando a la administración regional de convertirse en cooperador necesario de lo que considera una ocupación ilegal del territorio. El representante del Polisario en España advirtió que cualquier actividad económica en el territorio debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, representado exclusivamente por su organización según múltiples resoluciones internacionales.
La cuestión tiene implicaciones legales significativas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en reiteradas sentencias, incluyendo la más reciente de octubre de 2024, que Marruecos no posee soberanía sobre el Sahara Occidental y que cualquier acuerdo comercial o de explotación de recursos debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui. La corte europea anuló los acuerdos de pesca y comercio agrícola entre la Unión Europea y Marruecos precisamente por incluir el territorio del Sahara sin el consentimiento de su población.
Tensiones en Canarias y temores económicos
La decisión del Gobierno canario ha generado críticas tanto desde el Frente Polisario como desde sectores de la izquierda española. Nueva Canarias, formación política canaria, ha denunciado que la participación de una administración pública española en proyectos económicos en el territorio normaliza lo que considera un expolio de recursos naturales en un territorio pendiente de descolonización según Naciones Unidas.
Sin embargo, la apuesta canaria por participar en el desarrollo de Dajla responde también a preocupaciones económicas legítimas. El archipiélago teme perder competitividad frente al desarrollo portuario marroquí en el Atlántico, especialmente con la consolidación de Tánger Med como gran hub logístico del Estrecho y la proyección de Dajla como plataforma tricontinental. Los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife podrían ver desviadas rutas marítimas tradicionalmente servidas desde territorio español si Marruecos logra ofrecer costes operativos más bajos y trámites aduaneros más ágiles.
El presidente canario Fernando Clavijo ya había mostrado su sintonía con Rabat durante una visita oficial en 2024, cuando respaldó públicamente el giro de la política española hacia la autonomía marroquí del Sahara. Sus declaraciones abrieron grietas dentro de Coalición Canaria, formación históricamente alineada con la solidaridad hacia el pueblo saharaui, reflejando cómo la cuestión divide no solo al Gobierno nacional sino también a las fuerzas políticas regionales.
El equilibrio imposible de Sánchez
El Gobierno español intenta mantener un equilibrio complejo entre sus compromisos internacionales y sus intereses estratégicos. Por un lado, el respaldo al plan de autonomía marroquí ha permitido normalizar las relaciones bilaterales tras la crisis de 2021, reforzar la cooperación en materia migratoria y de seguridad, y consolidar los vínculos económicos con el primer socio comercial de España en África. Por otro lado, este posicionamiento genera tensiones internas en la coalición de gobierno, críticas desde la oposición y recelos entre los sectores tradicionalmente solidarios con la causa saharaui.
La declaración conjunta de Madrid evita cuidadosamente mencionar los compromisos pendientes de Marruecos. No hay referencias a la reapertura completa de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, que aunque técnicamente operativas permanecen prácticamente paralizadas. Tampoco se abordan las negociaciones sobre la delimitación marítima frente a Canarias ni la gestión del espacio aéreo sobre el Sahara, que actualmente ejerce España desde las islas a través del operador Enaire pero que Marruecos reclama para sí.
El encuentro se celebró además sin comparecencia ante los medios de comunicación ni posibilidad de preguntas, en contraste con anteriores reuniones de alto nivel que incluyeron amplias ruedas de prensa. Esta opacidad informativa ha sido criticada por las asociaciones profesionales de periodistas, que denunciaron la falta de transparencia en asuntos que afectan directamente a territorios españoles y a la política exterior del país.
