Los socialistas reclaman una fiscalización especial de la Fundación Disenso entre 2020 y 2025, después de que el Tribunal de Cuentas haya sancionado tres veces a la formación ultraderechista por irregularidades financieras que suman más de un millón de euros. La petición socialista llega tras las denuncias de exdirigentes de Vox en Baleares, que acusan al partido ultra de desviar fondos públicos hacia la entidad que preside Santiago Abascal como «presidente vitalicio».
El PSOE ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la Fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, correspondiente al período 2020-2025. La solicitud socialista busca «analizar la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos» por esta entidad, que ha recibido cerca de siete millones de euros del partido en sus cuatro años de existencia, según revelan las cuentas oficiales. La petición se produce después de que tres exdirigentes de Vox en Baleares denunciaran presiones para «desviar ingentes cantidades de dinero» desde los grupos parlamentarios hacia la fundación de Abascal.
Los socialistas fundamentan su demanda en el historial de irregularidades financieras que ha acumulado Vox durante los últimos años. El Tribunal de Cuentas ha sancionado en tres ocasiones a la formación ultraderechista por infracciones relacionadas con su financiación, imponiendo multas que superan el millón de euros. La más reciente, de 50.000 euros en julio de 2025, se suma a las anteriores de 862.496 euros y 233.324 euros, evidenciando un patrón recurrente de incumplimiento de la normativa sobre financiación de partidos políticos. Estas sanciones incluyen la aceptación de donaciones no identificadas en efectivo y la recaudación de fondos finalistas, prácticas expresamente prohibidas por la legislación española.
La Fundación Disenso presenta características que han generado suspicacias entre los organismos de control. Creada en 2020, la entidad declaró haber recibido 370.000 euros de Vox en su primer ejercicio y terminó con un patrimonio negativo de 78.020,23 euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Esta fundación, que se define como un laboratorio de ideas vinculado a Vox, gasta anualmente más de un millón de euros en personal y 1,3 millones en conceptos denominados «otros gastos de actividad» sin especificar detalles sobre servicios, contratos o empresas beneficiarias, lo que contrasta con la transparencia que el propio partido exige a las organizaciones sociales.
Obstáculos parlamentarios para la fiscalización
La propuesta socialista deberá sortear significativos obstáculos en su tramitación parlamentaria. La iniciativa se debatirá y votará en una próxima reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que el PP y Vox suman mayoría absoluta. Esta composición parlamentaria convierte en improbable la aprobación de la fiscalización especial, reproduciendo el patrón de protección mutua que ha caracterizado las relaciones entre las fuerzas conservadoras cuando se trata de investigar casos de financiación irregular. El PP, que mantiene acuerdos de gobierno con Vox en varias comunidades autónomas, difícilmente respaldará una iniciativa que podría comprometer a su socio político.
Las revelaciones de los exdirigentes de Vox en Baleares han añadido nuevos elementos de controversia al caso. Idoia Ribas, exportavoz del partido en el archipiélago, denunció públicamente que el verdadero interés de Abascal es «acumular dinero público en la Fundación Disenso» de la que «se ha hecho presidente vitalicio». Estas acusaciones, que Vox ha desmentido categóricamente, apuntan hacia un posible uso instrumentalizado de los recursos públicos para beneficio personal del líder ultraderechista, una práctica que contraviene los principios básicos de la financiación de partidos políticos establecidos en la legislación española.
La petición socialista llega en un momento especialmente delicado para Vox, que enfrenta múltiples frentes de investigación relacionados con su financiación. Además de las sanciones del Tribunal de Cuentas, el partido mantiene bajo escrutinio judicial la recepción de más de seis millones de euros procedentes de un banco húngaro vinculado al primer ministro Viktor Orbán, aunque la Fiscalía Anticorrupción archivó en junio la investigación penal por considerar que las sanciones administrativas eran suficientes. Esta decisión fiscal, criticada por su aparente benevolencia, evidencia las limitaciones del marco legal español para abordar casos complejos de financiación política irregular.
Un sistema de control con vacíos evidentes
El caso de la Fundación Disenso ilustra los vacíos del sistema español de control de la financiación política. Según el documento económico que los afiliados y dirigentes del partido aprobaron este verano, en lo que va de 2025 Vox ha inyectado un millón de euros más en dicha fundación, sumándose a los 2,5 millones transferidos en 2023. Estas cifras, que representan una parte sustancial del presupuesto del partido, plantean interrogantes sobre la proporcionalidad de las inversiones en una fundación que, según sus propias cuentas, presenta resultados económicos negativos y una actividad de difícil justificación económica.
Los expertos en financiación política señalan que las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas son percibidas como un coste asumible para partidos que manejan millones en donaciones irregulares. Las sanciones económicas, aunque millonarias en términos absolutos, representan una fracción menor de los fondos irregularmente obtenidos, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia disuasoria del sistema de control. La ausencia de sanciones más graves, como la inhabilitación temporal para recibir financiación pública o la disolución de las fundaciones vinculadas, permite que estos comportamientos se perpetúen sin consecuencias proporcionadas a la gravedad de las infracciones detectadas.
La estrategia de Vox ante las investigaciones ha seguido un patrón consistente de victimización y denuncia de persecución política. Santiago Abascal ha calificado las investigaciones como intentos de «hacer inviable a Vox», mientras el portavoz nacional José Antonio Fuster defiende que la financiación de la fundación es «absolutamente legal». Esta narrativa busca trasladar el foco de atención desde las irregularidades documentadas hacia una supuesta conspiración del sistema contra el partido, una estrategia que ha resultado efectiva para mantener la cohesión de su base electoral pese a la acumulación de evidencias sobre prácticas financieras irregulares.
