El Ayuntamiento de Madrid aprueba informar obligatoriamente sobre el síndrome posaborto, un trastorno que no reconoce la ciencia médica. La iniciativa de la formación ultra cuenta con el apoyo de los populares y genera una fuerte polémica política. El Gobierno central anuncia que estudiará la legalidad de la medida y acusa al PP de ultraderechización. Los trabajadores municipales tendrán que informar a las mujeres sobre supuestos efectos traumáticos del aborto pese a la falta de evidencia científica que lo respalde.
El Partido Popular (PP) ha vuelto a sumarse a la cruzada antiabortista de la extrema derecha. El Ayuntamiento de Madrid aprobó el martes con los votos de Vox y el PP una propuesta que obliga a informar a las mujeres sobre el denominado síndrome posaborto, un supuesto trastorno psicológico que no está reconocido por la comunidad científica internacional ni por los principales manuales de diagnóstico psiquiátrico. La iniciativa, presentada por la concejala de Vox Carla Toscano, reabre un debate que el propio PP había tratado de esquivar en su último congreso nacional de julio de 2025, donde eludió pronunciarse sobre temas sensibles como el aborto, la eutanasia o la gestación subrogada.
La propuesta aprobada en el Pleno de Cibeles obliga a los centros municipales de salud, espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer, Samur Social y centros de servicios sociales a proporcionar información de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible sobre el síndrome posaborto. La medida también contempla la incorporación de esta información en webs oficiales, carteles y folletos del Ayuntamiento. El texto presentado por Vox no disimula su trasfondo ideológico y llega a señalar que acabar con la vida del propio hijo tiene consecuencias muy graves para la madre, el padre y la sociedad en general.
El supuesto síndrome posaborto es definido por sus defensores como un conjunto de síntomas emocionales y psicológicos que algunas mujeres experimentarían tras interrumpir voluntariamente un embarazo. Según la propuesta de Vox, estos síntomas incluirían depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, consumo de alcohol y drogas, pensamientos suicidas, pérdida de placer sexual, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia y disfunciones sexuales. La formación ultra se apoya en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su tercera edición, vigente entre 1980 y 1994, para justificar la existencia de este cuadro clínico. Sin embargo, esta definición desapareció en ediciones posteriores.
La comunidad científica internacional rechaza categóricamente la existencia del síndrome posaborto como diagnóstico válido. Ni el DSM-5, la quinta y actual edición del manual de referencia en psiquiatría de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ni la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud reconocen este supuesto trastorno. Numerosos estudios médicos y psicológicos consideran que las reacciones emocionales tras un aborto no constituyen un síndrome clínico universal. Los expertos señalan que el concepto ha sido promovido principalmente por sectores políticos conservadores y grupos ultracatólicos como estrategia para tumbar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El Gobierno anuncia acciones legales
La ministra de Sanidad, Mónica García, respondió con contundencia a la iniciativa aprobada en Madrid. En una entrevista en la Cadena Ser, la titular del departamento aseguró que no existe un síndrome posaborto como diagnóstico clínico y advirtió que la propuesta no es legal. Los profesionales a los que les obliguen a mentir pueden denunciarlo, afirmó García, quien anunció que el Ministerio estudiará judicialmente la legalidad de la acción y las consecuencias jurídicas que pueda tener esta acción de acoso y desinformación. La ministra presentó el mismo día los datos de interrupción voluntaria del embarazo en 2024, que ascendieron a 106.172 abortos, un tres por ciento más que el año anterior.
García reprochó al PP y a Vox que intentaran hacer una relación entre el aborto y un futuro de miedo y de apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas. Esto no es verdad, no hay evidencia que respalde las afirmaciones que en el Ayuntamiento de Madrid han hecho PP y Vox, señaló la ministra, quien calificó la medida como una violencia camuflada por parte de ambos partidos. El único síndrome que ahora existe es la ultraderechización del PP con su odio, su señalamiento a las mujeres y su negacionismo, añadió García, quien aseguró que lo que demuestra el PP es su cara más ultraderechista y un claro retroceso de las políticas que quieren imponer a las mujeres.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también manifestó su preocupación por la iniciativa y consideró que el PP ha perdido la centralidad. La titular de Igualdad acusó al partido de estar en una carrera desaforada con la extrema derecha por ver quién es más de extrema derecha y el problema es que en medio están los derechos de las mujeres. Redondo pidió al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que rectifique el apoyo de su partido a la iniciativa y anunció que su departamento estudia la posibilidad de impugnar la medida. No vamos a consentir ningún paso atrás, no vamos a consentir ninguna limitación en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afirmó la ministra en declaraciones al Senado.
Los trabajadores municipales de Madrid se niegan a informar sobre el supuesto síndrome. Los empleados de los centros municipales de salud anunciaron que se acogerán a la objeción de conciencia y que no pueden ni deben obligar a mentir. Laura Pérez, trabajadora de un espacio de igualdad afiliada a la Plataforma en defensa de los derechos de igualdad, considera que la idea forma parte de una estrategia mayor para atacar los derechos reproductivos. La interrupción del embarazo es un derecho, ahora buscan acabar con cualquier movimiento que defienda los derechos de las mujeres, declaró Pérez, quien subrayó que lo que realmente debe defenderse es la interrupción de conciencia de los trabajadores públicos que pueden defender sus derechos en los tribunales.
Ultraderechización del PP
La dirección nacional del Partido Popular expresó su respaldo explícito a la decisión del Ayuntamiento de Madrid. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, defendió la medida al señalar que la información nunca es un problema. Quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas, apostilló Muñoz en una rueda de prensa en la Cámara Baja. El apoyo de la cúpula nacional del PP a la iniciativa contrasta con la estrategia seguida por Alberto Núñez Feijóo, quien había intentado evitar que el aborto se convirtiera en un tema de confrontación política. En febrero de 2023, el líder del PP sostuvo que el aborto no constituye un derecho fundamental, aunque defendió que la mujer pueda decidir interrumpir el embarazo dentro de los plazos legales establecidos.
El caso del síndrome posaborto en Madrid evidencia la creciente ultraderechización del Partido Popular y su disposición a sumarse a las batallas ideológicas de Vox. La decisión del PP de Madrid ha contado con el respaldo explícito de la dirección nacional del partido, lo que indica que no se trata de un episodio aislado sino de una estrategia política consciente. La polémica reabre el debate sobre el aborto en España dos años después de que el país aprobase una reforma de la ley que eliminó el periodo de reflexión obligatorio de tres días y permitió la interrupción voluntaria del embarazo a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. El enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid por esta medida marca un nuevo capítulo en la batalla política por los derechos reproductivos de las mujeres en España.
