Los populares evitan pronunciarse sobre si Estados Unidos ha infringido el derecho internacional en ambos conflictos y mantienen una posición difusa en política exterior. La portavoz Cuca Gamarra admite que existen «dudas» sobre Venezuela, el mismo término que utilizó para Gaza. El partido prefiere criticar a Trump por Groenlandia antes que definir su postura sobre violaciones de derechos humanos.
El Partido Popular vuelve a situarse en terreno pantanoso cuando se trata de pronunciarse sobre cuestiones de derecho internacional. El nuevo conflicto político que rodea a Venezuela, tras las vacaciones de verano y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, reproduce el mismo patrón de indefinición que los populares mostraron meses atrás con el conflicto de Gaza. Preguntados directamente sobre si Estados Unidos ha infringido o no el derecho internacional en su actuación respecto a ambas crisis, los dirigentes del PP optan sistemáticamente por eludir una respuesta clara y refugiarse en declaraciones ambiguas que no comprometen al partido.
Esta estrategia de evitación contrasta con la imagen de firmeza que el PP intenta proyectar en otros ámbitos de su acción política, especialmente en la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras los populares no dudan en calificar de «débil» o «errática» la política exterior del Ejecutivo, su propia indefinición en cuestiones fundamentales de derecho internacional revela las dificultades de un partido que aspira a gobernar España pero que parece incapaz de articular posiciones nítidas cuando estas pueden generar tensiones con aliados tradicionales o con sectores de su propia base electoral.
La estrategia de evitar posicionamientos claros
Los populares han convertido la evasión en método. Cuando se les pregunta si las actuaciones de Estados Unidos o sus aliados vulneran el derecho internacional, el PP recurre a fórmulas que eluden el fondo del asunto. En el caso de Gaza, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz llegó a afirmar que no compete ni a su partido ni a la Corte Penal Internacional decidir si determinadas acciones constituyen genocidio. Esta posición, que rechaza implícitamente el pronunciamiento de organismos internacionales de justicia, permitió al PP evitar un debate incómodo sobre la legalidad de las operaciones militares israelíes.
Ahora, con Venezuela, el patrón se repite. Preguntados sobre si la política estadounidense hacia el país caribeño respeta o no el derecho internacional, los dirigentes populares optan por no responder. En lugar de posicionarse, el PP prefiere apelar a la Corte Penal Internacional como organismo competente para dictaminar sobre estas cuestiones, una táctica que les permite parecer respetuosos con las instituciones internacionales mientras evitan comprometer su propia posición política. Esta misma fórmula la utilizó Alberto Núñez Feijóo cuando evitó pronunciarse sobre las actuaciones de Israel.
El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, dejó la puerta abierta recientemente a que en algún momento pueda darse cuenta de determinadas acciones, sin especificar ni qué acciones ni mediante qué mecanismos. Esta ambigüedad calculada refleja la incomodidad del partido ante temas que generan divisiones internas o que pueden alejarle de posiciones defendidas por el Partido Republicano estadounidense, con el que los populares españoles mantienen vínculos históricos y una afinidad ideológica evidente.
Las «dudas» de Gamarra sobre derecho internacional
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha admitido que existen «dudas» tanto sobre la situación en Gaza como sobre Venezuela cuando se trata de pronunciarse sobre posibles violaciones del derecho internacional. Esta expresión, aparentemente menor, resulta reveladora de la estrategia comunicativa del partido. Al reconocer «dudas», Gamarra admite implícitamente que el PP no tiene una posición consolidada sobre conflictos que llevan meses o incluso años ocupando la primera línea de la actualidad internacional.
Las declaraciones de Gamarra sobre Venezuela reproducen literalmente el esquema utilizado con Gaza. Manifestó que no hay «dudas» sobre la gravedad de la situación interna del país, en referencia al ataque sufrido por la líder opositora María Corina Machado, pero evitó pronunciarse sobre si las sanciones internacionales o las políticas estadounidenses respetan o vulneran el derecho internacional. Esta distinción permite al PP condenar al régimen de Nicolás Maduro sin tener que evaluar la legitimidad de las medidas adoptadas por Estados Unidos y otros actores internacionales.
El dirigente popular prefirió recientemente replicar a Trump sobre sus declaraciones acerca de Groenlandia que posicionarse sobre Venezuela o Gaza. Esta decisión de prioridades resulta significativa: mientras Trump plantea cuestiones territoriales que afectan a la soberanía de Dinamarca, el PP encuentra más cómodo criticar estas declaraciones que definir su postura sobre conflictos donde están en juego violaciones masivas de derechos humanos. La elección revela que para los populares resulta menos arriesgado cuestionar una ocurrencia del presidente estadounidense que pronunciarse sobre cuestiones sustantivas de derecho internacional.
Trump y Groenlandia como distracción
El PP ha encontrado en las declaraciones polémicas de Donald Trump sobre Groenlandia una válvula de escape que le permite aparentar actividad en política internacional sin comprometerse en los debates más espinosos. Trump ha sugerido intereses territoriales estadounidenses sobre Groenlandia que contrastan abiertamente con el respeto tradicional a la soberanía territorial y han generado malestar en Dinamarca y otros países europeos. Para el PP, criticar estas afirmaciones resulta políticamente seguro: permite mostrar defensa de los principios europeos sin enfrentarse directamente con la administración Trump en cuestiones más sensibles.
Esta estrategia de seleccionar cuidadosamente qué declaraciones de Trump merecen réplica y cuáles se ignoran evidencia el cálculo político que guía la actuación internacional del PP. El partido puede permitirse cuestionar una provocación sobre Groenlandia porque sabe que no generará consecuencias políticas significativas ni tensiones duraderas con Washington. En cambio, pronunciarse sobre la legalidad de las políticas estadounidenses en Gaza o Venezuela implicaría asumir posiciones que podrían crear fracturas con el Partido Republicano o generar divisiones internas en el PP.
Fuentes diplomáticas señalan que esta ambigüedad del principal partido de la oposición española genera perplejidad en círculos internacionales. Un partido que aspira a gobernar España y que se presenta como alternativa solvente al Gobierno de Sánchez debería ser capaz de articular posiciones claras sobre los grandes desafíos del orden internacional. Sin embargo, el PP opta por una indefinición que, si bien puede resultar cómoda a corto plazo, proyecta una imagen de debilidad e inconsistencia en materia de política exterior.
El informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Gaza, que calificó determinadas acciones como posible genocidio, colocó al PP ante un dilema que el partido resolvió mediante el silencio. Ahora, con Venezuela, la pregunta sobre la legalidad de las sanciones y la presión internacional vuelve a plantear el mismo desafío. La respuesta del PP es idéntica: evitar pronunciarse, hablar de «dudas» y desviar la atención hacia otros temas menos comprometidos. Este patrón de comportamiento, consolidado ya en dos conflictos diferentes, revela más que una táctica ocasional una estrategia deliberada de ambigüedad en política internacional que define la posición actual del Partido Popular.
