La portavoz del partido en el Congreso anunció que no acudirán al acto organizado para este jueves en la Cámara Baja, que rememorará las últimas ejecuciones del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975. Ester Muñoz utilizó el mismo término que empleó la dictadura para condenarles a muerte hace 50 años. El evento, que forma parte de la Ley de Memoria Democrática, incluye una mesa redonda con dos escritores sobre los cinco jóvenes fusilados apenas dos meses antes de la muerte de Franco. Vox tampoco asistirá al acto institucional.
El Partido Popular ha decidido ausentarse del acto institucional que el Congreso de los Diputados celebrará este jueves 30 de octubre para recordar a los últimos cinco fusilados por el régimen franquista. La portavoz del partido en la Cámara Baja, Ester Muñoz, anunció la decisión este martes tras la Junta de Portavoces, argumentando que el evento se centra en cinco personas a las que calificó como terroristas. «No discuto que puedan ser víctimas del régimen, pero desde luego discuto que sean héroes que merezcan un reconocimiento. El PP no va a estar convirtiendo en héroe a cinco terroristas», declaró Muñoz durante su comparecencia ante los medios.
Los cinco fusilados el 27 de septiembre de 1975 fueron José Humberto Baena Alonso, de 24 años, José Luis Sánchez Bravo Solla, de 19 años, y Ramón García Sanz, de 27 años, los tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. También fueron ejecutados Juan Paredes Manot, alias Txiki, de 21 años, y Ángel Otaegui, de 33 años, ambos militantes de la rama político militar de ETA. Las ejecuciones tuvieron lugar en Hoyo de Manzanares, Barcelona y Burgos, apenas dos meses antes de que falleciera el dictador Francisco Franco. Fueron las últimas penas de muerte aplicadas en España antes de que la Constitución de 1978 aboliera la pena capital del ordenamiento jurídico.
La terminología empleada por la portavoz del PP ha generado controversia por coincidir con el concepto que utilizó la dictadura para justificar las condenas a muerte hace medio siglo. «Hemos conocido por un medio que en ese homenaje las cinco personas son cinco terroristas, tres del FRAP y dos de ETA», aseguró Muñoz, quien reconoció haber conocido los detalles del acto a través de la prensa. Los cinco jóvenes fueron condenados tras consejos de guerra sumarísimos celebrados entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre de 1975, en un contexto de represión intensificada por parte del régimen franquista en sus últimos meses de existencia.
El acto previsto para este jueves en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso se enmarca en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que estableció el 31 de octubre como el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura en España. El evento consistirá en una mesa redonda donde los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos presentarán sus obras sobre los últimos fusilados del franquismo. También participará el cantautor Pedro Pastor, reconocido por sus letras de contenido social. Las obras de los autores invitados, «Mañana matarán a Daniel» de Moreno y «El verano de los inocentes. El secreto del último fusilado del franquismo» de Mateos, cuestionan la investigación policial y los procesos judiciales que condujeron a las ejecuciones.
Consejos de guerra sin garantías procesales
Las condenas a muerte de los cinco fusilados fueron dictadas por consejos sumarísimos militares considerados por historiadores y organismos internacionales como irregulares y carentes de garantías procesales. Los juicios se celebraron en un periodo de apenas tres semanas. En el caso de los militantes del FRAP, fueron acusados de rebelión militar, aunque los abogados defensores argumentaron que los procesados no eran militares y, por tanto, no podían ser juzgados por tribunales castrenses. Las sentencias de muerte se conocieron menos de cuarenta y ocho horas antes de los fusilamientos, que se llevaron a cabo por pelotones de voluntarios de la Guardia Civil y la Policía Armada.
Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 provocaron una ola de protestas internacionales. Varios países retiraron temporalmente a sus embajadores de Madrid y numerosos gobiernos europeos solicitaron al régimen franquista que conmutara las penas capitales. Hubo manifestaciones en ciudades de toda Europa pidiendo clemencia para los condenados. Sin embargo, Francisco Franco firmó el documento que autorizaba las ejecuciones, en lo que muchos analistas interpretan como un último gesto de fuerza de una dictadura moribunda. Los fusilamientos se ejecutaron al amanecer del 27 de septiembre en tres lugares distintos: Juan Paredes Manot fue fusilado en Barcelona, Ángel Otaegui en Burgos, y los tres militantes del FRAP en terrenos militares de Hoyo de Manzanares, cerca de Madrid.
El reconocimiento oficial de estos cinco fusilados como víctimas ha llegado de forma tardía y fragmentada. En octubre de 2024, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática emitió un documento que declaraba ilegales e ilegítimos los tribunales que condenaron a José Luis Sánchez Bravo, anulando formalmente su condena 49 años después de su ejecución. En agosto de 2025, la familia de José Humberto Baena recibió un reconocimiento similar. Ramón García Sanz, sin familia cercana que impulse el proceso, todavía no cuenta con esta reparación oficial. En noviembre de 2012, el Gobierno vasco reconoció a Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui como víctimas de violencia de motivación política al haberse vulnerado su derecho a un juicio justo.
Vox también ha anunciado que no acudirá al acto del jueves. Fuentes del partido confirmaron que no comparten espacios institucionales con el Gobierno actual. La ausencia de ambas formaciones contrasta con la decisión de la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, de organizar por primera vez un evento centrado específicamente en los últimos fusilados del franquismo. El año pasado, la Cámara celebró un homenaje a todas las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura, pero aquel acto tuvo que posponerse por la DANA que afectó a Valencia. El acto de este jueves representa un paso adelante en la política de memoria histórica impulsada por Sumar, formación que ha solicitado en reiteradas ocasiones un homenaje de Estado para los cinco fusilados.
El debate político en torno a la memoria histórica continúa marcando grandes líneas divisorias en la política española. Desde el entorno de la presidencia del Congreso trasladaron que el acto del jueves no responde a la solicitud de ningún grupo político concreto, sino que ha sido una decisión tomada directamente por la Mesa de la Cámara. El evento se celebrará a las 18:00 horas y supone la primera ocasión en que el Congreso organiza de forma explícita un acto en favor de los últimos ejecutados por el régimen franquista. La polémica sobre si estos cinco jóvenes deben ser considerados mártires de la lucha por la libertad o terroristas condenados por un régimen legal sigue vigente medio siglo después de su muerte.
La canción «Al alba» de Luis Eduardo Aute, que originalmente fue compuesta como una pieza de amor, quedó como un alegato contra la pena de muerte cuando Rosa León comenzó a interpretarla dedicada a los fusilados en septiembre de 1975. El tema se convirtió en un símbolo de la oposición a las últimas ejecuciones del franquismo y permanece en la memoria colectiva española como testimonio de aquella época. Las ejecuciones del 27 de septiembre marcaron el punto final de un largo historial de represión que caracterizó al régimen franquista desde su inicio tras la Guerra Civil. Fueron las últimas sentencias de muerte aplicadas en España, cerrando un capítulo que la democracia se comprometió a no repetir con la abolición constitucional de la pena capital.
