Alberto Núñez Feijóo presenta un modelo de inmigración basado en visados por puntos que restringe la regularización y establece cuotas anuales según la colaboración de cada país. El documento reclama devolver al arraigo su carácter excepcional y propone contrataciones temporales con retorno garantizado. La iniciativa marca distancias con el PSOE y el Gobierno acusa a los conservadores de promover un discurso excluyente que prioriza la inmigración de culturas próximas.
El Partido Popular ha presentado su plan integral de inmigración, cuyo eje principal es la restricción del permiso de residencia por arraigo. El documento, que Alberto Núñez Feijóo defiende como alternativa al modelo del Gobierno y al discurso de Vox, plantea devolver al arraigo su carácter excepcional frente a lo que considera una vía de regularización masiva y descontrolada. El líder del PP afirma que el sistema actual genera un efecto llamada que fomenta la inmigración irregular y beneficia a las mafias. La propuesta incluye un visado por puntos similar al de países como Canadá, Australia o Reino Unido, que priorizaría a quienes cuenten con contrato laboral, conozcan el idioma y procedan de culturas próximas. El plan establece además cuotas anuales por países según su cooperación en repatriaciones y control de flujos migratorios.
El permiso de residencia por arraigo fue modificado por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante una reforma de la Ley de Extranjería aprobada en dos mil veinticuatro. La modificación redujo el tiempo de residencia necesario de tres a dos años y flexibilizó los requisitos, permitiendo trabajar desde el principio, ya sea por cuenta propia o ajena. Para el PP, esta reforma ha convertido el arraigo en una vía estructural de entrada que ha propiciado la llegada de un millón y medio de personas en los últimos cuatro años. El partido sostiene que el arraigo debe recuperar su naturaleza de atajo excepcional y no constituir la norma de regularización. La vicepresidenta del PP, Cuca Gamarra, criticó que si tanto preocupa la entrada irregular al país debería existir una definición clara del modelo de entrada regular.
El plan propone un régimen transitorio basado en un visado por puntos para que quienes deseen permanecer en España demuestren su capacidad de contribución. El sistema evaluaría de forma individualizada factores como el trabajo, la cotización a la Seguridad Social, el conocimiento del idioma y las perspectivas reales de integración. Feijóo insiste en que el eje del plan es que para quedarse hay que contribuir, evitando que la residencia se vincule únicamente al arraigo temporal sin exigencias de integración o autosuficiencia económica. El modelo incluiría además un periodo de adaptación a la nueva normativa. El documento reclama flexibilizar los criterios de las modalidades existentes sobre el arraigo, introduciendo un compromiso de formación para acceder a esta última modalidad, según el esquema planteado previamente por la Ley de Extranjería.
Cuotas y contrataciones temporales
El sistema de visado por puntos funcionará mediante acuerdos bilaterales que establecerán cuotas anuales por países. Estos cupos se revisarán cada año y operarán como mecanismo de premio y castigo según la cooperación de cada Estado en repatriaciones, control de flujos y verificación ágil de documentación. Solamente podrán acceder a los visados aquellas naciones que cooperen activamente con España. Los países que dilaten trámites o no colaboren en el retorno de sus ciudadanos irregulares verán reducidas sus cuotas o directamente bloqueadas. El PP considera que este sistema incentivará la colaboración internacional y permitirá una gestión ordenada de los flujos migratorios, evitando la llegada masiva e irregular que caracteriza la situación actual.
El plan incluye contrataciones temporales de inmigrantes de forma legal y planificada para cubrir campañas estacionales, especialmente en sectores como la agricultura o la construcción. Estas contrataciones tendrían retorno garantizado en plazo, configurando un modelo de migración circular que el PP considera beneficioso para ambas partes. La formación de Feijóo sostiene que esta propuesta invita a la inmigración de proximidad, facilitando la contratación de migrantes de países como Marruecos o Argelia que retornarían en un plazo definido. El propio Gobierno de Sánchez ha explorado modelos similares en sus acuerdos con países africanos como Mauritania, Gambia y Senegal, donde se pactaron proyectos piloto de migración circular centrados en contratación temporal para determinados sectores.
El PP apuesta por la tolerancia cero con quienes cometan delitos, especialmente los reincidentes. Feijóo ha afirmado que quienes cometan delitos contra la libertad sexual o sean multirreincidentes serán expulsados, incluso aunque sean migrantes regulares. La pérdida de residencia debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves, y la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España. El respeto a la ley es la base de la convivencia, sostiene la declaración que Feijóo y los presidentes autonómicos del PP firmaron en Murcia. El plan propone además reformar el Código Penal para endurecer las penas relacionadas con la trata de seres humanos y extenderlas a los cooperadores de este tráfico irregular, luchando sin concesiones contra las mafias.
El PP propone centralizar las competencias de inmigración en una única autoridad frente a los cinco ministerios que actualmente gestionan aspectos relacionados con la materia. Feijóo critica que ninguno de estos ministerios hace nada efectivo y defiende que el PP centralizará toda la inmigración en una única autoridad para ordenar el sistema. El líder popular descarta crear un nuevo ministerio, rechazando incrementar el que denomina Gobierno más caro de la democracia con veintidós ministerios. El plan vincula además la percepción del Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda activa de empleo, considerando un sinsentido que cualquier inmigrante irregular pueda empadronarse y solicitar esta ayuda sin demostrar esfuerzos por incorporarse al mercado laboral.
Reacciones polarizadas
La propuesta del PP ha generado reacciones polarizadas. El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Feijóo de demonizar a su partido y de preparar un pacto con el PSOE, afirmando que miente y estafa igual que Sánchez. Desde el Gobierno, la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, rechazó la idea de vincular la inmigración a criterios de cultura próxima, acusando al PP de deslizar un discurso excluyente y discriminatorio. Saiz subrayó que España necesita mano de obra extranjera en sectores como agricultura, hostelería o cuidados, y que la prioridad debe ser garantizar vías seguras y legales de entrada con políticas de integración que refuercen la cohesión social. El ministro Félix Bolaños calificó de xenófobas las propuestas de Feijóo, a quien denominó número dos de Abascal.
Feijóo presentará formalmente el plan en Barcelona junto a Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP. El líder popular defiende que cada inmigrante no es una víctima, como sostiene el PSOE, ni un delincuente por defecto, como afirma Vox. La solución no es regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar, sino poner orden y aplicar la legalidad. El PP sostiene que España, como país soberano, tiene derecho y obligación de elegir quién entra, cómo y para qué, configurando una política migratoria clara que evite la inhumanidad de la inacción y garantice que contribuir sea condición para permanecer. La inmigración será tema clave en la próxima reunión con los presidentes autonómicos del PP, consolidándose como uno de los ejes centrales del discurso del partido de cara a las próximas elecciones generales.
