El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó los presupuestos municipales para 2026 con el respaldo del PP y Vox, tras un acuerdo que incluye el endurecimiento del control sobre el empadronamiento de personas migrantes y la erradicación de la venta ambulante de las calles. El pacto, cerrado horas antes de la votación tras las elecciones extremeñas, contempla recortes en cooperación internacional y memoria democrática, flexibilización de la Zona de Bajas Emisiones y aumento del presupuesto para oficinas antiabortistas.
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó en sesión extraordinaria los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 1.096 millones de euros en inversiones y 1.380 millones en global consolidado, tras un acuerdo entre el PP del alcalde José Luis Sanz y Vox cerrado horas antes de la votación. Las cuentas, que suponen un incremento del 2,52 por ciento respecto al año anterior, salieron adelante exclusivamente con los votos favorables de ambas formaciones, mientras que PSOE y Con Podemos-IU votaron en contra. Este es el segundo año consecutivo que Sevilla saca sus presupuestos mediante un pacto con la ultraderecha, evitando que el alcalde tenga que recurrir nuevamente a una cuestión de confianza como ocurrió en 2024.
El acuerdo, denominado Acuerdo de medidas por Sevilla 2026, incluye siete medidas de política general que van más allá del propio documento presupuestario. La negociación se alargó hasta última hora del lunes, esperando a conocer el resultado de las elecciones extremeñas celebradas el domingo, que arrojaron un crecimiento de Vox y reforzaron la posición negociadora de la ultraderecha. Entre las exigencias de Vox aceptadas por el PP destaca el reforzamiento del control sobre el empadronamiento para evitar, según la formulación del partido de Santiago Abascal, la inscripción de migrantes ilegales dentro de las competencias municipales. La portavoz de Vox, Cristina Peláez, celebró especialmente este compromiso durante el debate plenario.
La medida sobre el padrón municipal se enmarca en un terreno jurídicamente complejo, dado que la normativa sobre quién puede empadronarse se establece a nivel estatal. La Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local dispone que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, sin distinguir entre migrantes con o sin autorización de residencia. El artículo 16 establece que los extranjeros sin autorización de larga duración simplemente tienen que renovar su inscripción cada dos años. El Ayuntamiento es el encargado de confeccionar el padrón, pero no tiene competencias para modificar quién puede o no acceder a él. Fuentes municipales aclararon que el acuerdo no sobrepasará ninguna línea roja ni vulnerará la normativa estatal.
Persecución de manteros y cierre de recursos sociales
Otro de los puntos centrales del pacto establece que se erradique la presencia de manteros de las calles sevillanas, aumentando en 2026 la persecución institucional contra los vendedores ambulantes. Para ello, la Unidad de Intervención de la Policía Local incluirá entre sus funciones la lucha contra la venta ambulante. Esta medida se hace pública a las puertas del primer aniversario de la muerte de Mahmoud Bakhum, un mantero que hace justo un año murió ahogado en el río Guadalquivir mientras huía de una persecución policial, suceso que conmocionó a la ciudad y generó una fuerte polémica sobre las políticas municipales contra la venta ambulante.
El acuerdo también contempla el cierre del Centro de Alta Tolerancia, recurso destinado a acoger diariamente a personas en situación de calle en la ciudad. Esta decisión ha generado críticas de organizaciones sociales que advierten sobre el impacto en las personas sin hogar que actualmente utilizan este servicio. Además, las cuentas incluyen recortes en las partidas destinadas a entidades de cooperación internacional y memoria democrática, reducciones que la portavoz de Vox celebró durante el pleno afirmando que habrá más dinero para lo que importa, en referencia al aumento de inversiones en parques empresariales y mercados de abastos.
El pacto incluye una reforma de la ordenanza de movilidad para flexibilizar la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja, de manera que solo se impondrán sanciones cuando se superen los niveles de contaminación. Esta era una de las dos exigencias que Vox puso sobre la mesa en el último momento de la negociación y que el equipo de José Luis Sanz aceptó para garantizar la aprobación presupuestaria. El acuerdo contempla además un incremento de 4,5 millones de euros para viales en parques empresariales, créditos adicionales por 160.000 euros para mercados de abastos, un plan de mejoras viales sin asignación definida aún, y la reducción del límite de pisos turísticos para toda la ciudad.
Aumento de recursos antiabortistas
La ultraderecha sevillana aprovechó la negociación presupuestaria para profundizar en sus políticas antiabortistas. El Ayuntamiento de Sevilla abrió en mayo de 2024 la Oficina de Apoyo a la Maternidad, y para 2026 Vox ha conseguido un aumento del presupuesto destinado a estas oficinas así como una subvención de 40.000 euros a la asociación antiabortista Provida. Durante el pleno de aprobación de los presupuestos, una serie de colectivos feministas sevillanos denunciaron las políticas antifeministas del consistorio, que también llevaron a que en octubre pasado se retirara un cuadernillo de educación sexual de los colegios locales. Más de 40 colectivos feministas y sociales han denunciado que la oficina constituye una agresión a los derechos fundamentales de las mujeres y otras personas con capacidad gestante.
La portavoz de Vox, Cristina Peláez, defendió el presupuesto como un instrumento de gestión útil para los sevillanos, destacando especialmente el recorte en el dinero destinado a cooperación internacional y memoria democrática. Peláez reiteró que el acuerdo permite reforzar el control del padrón municipal para evitar la inscripción de migrantes ilegales dentro de las competencias propias del consistorio, y subrayó la inversión en parques empresariales y mercados de abastos como prioridades de la gestión municipal. El equipo de Gobierno de Sanz aceptó prácticamente todas las enmiendas y propuestas presentadas por Vox, según afirmó la propia formación de ultraderecha.
La oposición se mostró muy crítica ante lo que calificó como unas cuentas al servicio de la ultraderecha. La concejal del PSOE Sonia Gaya señaló que los presupuestos son poco ambiciosos e ideológicamente condicionados por Vox, y denunció los recortes en partidas destinadas a entidades de cooperación internacional, memoria democrática y eventos culturales. Desde Podemos Sevilla calificaron las medidas incluidas en el pacto como profundamente regresivas, antisociales y condicionadas por la agenda ideológica de la ultraderecha. Durante el pleno se produjeron varios desalojos de activistas que protestaban contra las políticas acordadas entre PP y Vox.
Inversiones y críticas técnicas
El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, destacó que se trata de un presupuesto histórico por cantidad y apuesta por la ciudad, presentado en equilibrio inicial y definido como prudente y responsable pensando en el bien de los sevillanos. Entre las partidas destacadas, la empresa municipal de transportes Tussam contará con una financiación total de 97,7 millones de euros, cifra que supone un incremento del 3,22 por ciento respecto a 2025. El Ayuntamiento destinará un millón de euros más para la rehabilitación de colegios y continuará con el plan de choque puesto en marcha en centros escolares, con un contrato de mantenimiento de 2,5 millones anuales.
Sin embargo, el Consejo Económico y Social de Sevilla advirtió que la inversión en Educación es escasa y que habrá un retroceso en políticas sociales. En cuanto a la ejecución presupuestaria del presente ejercicio 2024, el organismo valoró el avance en la realización de ingresos, aunque señaló que el porcentaje de ejecución en los gastos se mantiene en niveles similares a los de 2023 y subrayó que la ejecución del capítulo de inversiones sigue siendo baja, con un registro del 24,23 por ciento. Este dato evidencia las dificultades del consistorio para materializar las inversiones presupuestadas en ejercicios anteriores.
