Alberto Núñez Feijóo abandona la supuesta moderación de su partido y adopta propuestas que hasta hace poco consideraba exclusivas de la ultraderecha. La sangría electoral hacia Vox, que supera ya el millón de votantes según el CIS, obliga a los populares a competir en el terreno xenófobo con medidas que chocan frontalmente con la Constitución y el derecho europeo. El cónclave de barones del PP celebrado este fin de semana en Murcia, epicentro de los recientes incidentes racistas de Torre Pacheco, simboliza la normalización del discurso anti-inmigración en territorios donde los ultras han conseguido imponer sus marcos narrativos.
El Partido Popular atraviesa una de sus transformaciones ideológicas más radicales de su historia. La presión electoral ejercida por Vox, que ha conseguido arrebatar más de un millón de votos al PP desde 2023 según sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha forzado a Alberto Núñez Feijóo a abandonar las posiciones moderadas que mantuvo durante sus trece años de gobierno en Galicia. La cumbre de barones celebrada este fin de semana en Murcia cristaliza un giro harto restrictivo que sitúa la inmigración como vector principal de competencia con la ultraderecha, adoptando propuestas que hasta hace poco tiempo el propio líder popular calificaba como «discursos del miedo».
La elección de la comunidad murciana como sede del cónclave resulta particularmente simbólica. Esta región ha sido escenario de los recientes disturbios xenófobos de Torre Pacheco, donde la violencia racista contra inmigrantes magrebíes evidenció hasta qué punto el discurso ultra ha calado en territorios bien identificados de la geografía española. El PP murciano, bajo la presión de Vox, ha legitimado narrativas que presentan a las comunidades musulmanas como amenazas para la convivencia social, apoyando mociones para prohibir el rezo islámico en edificios públicos y normalizando un discurso que hasta hace poco rechazaba como inaceptable.
El cambio resulta aún más significativo si consideramos que durante la etapa de José María Aznar al frente del gobierno, cuando la inmigración experimentó su mayor crecimiento, el PP mantuvo posiciones equilibradas sin generar discursos alarmistas desde las instituciones. La inmigración se ha convertido en uno de los grandes ejes de la política española y, de forma creciente, en un campo de batalla electoral, empujando a Feijóo a replantear estrategias que tradicionalmente habían permitido al conservadurismo español construir mayorías parlamentarias amplias a través de consensos por el centro, lejos de los extremos.
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Deportaciones automáticas que vulneran el principio de proporcionalidad
La propuesta estrella del nuevo plan migratorio popular consiste en «facilitar la expulsión de inmigrantes delincuentes» y «abrir la puerta a ampliar los delitos que lleven a la expulsión de migrantes regulares». Esta medida rompe frontalmente con el principio de proporcionalidad establecido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han establecido criterios estrictos para las medidas de expulsión, especialmente cuando afectan a personas con vínculos familiares o laborales consolidados.
Feijóo justifica estas propuestas argumentando que «quien venga a contribuir tendrá los mismos derechos y obligaciones; quien venga a delinquir se irá por la misma puerta por la que entró», adoptando la retórica punitiva que hasta hace poco consideraba exclusiva de la ultraderecha. El planteamiento incluye la «expulsión inmediata de los inmigrantes en situación irregular que delincan», eliminando garantías procesales básicas y equiparando irregularidad administrativa con predisposición delictiva.
Las implicaciones jurídicas de estas propuestas chocan con décadas de jurisprudencia consolidada. Los tribunales han establecido que las expulsiones deben considerar factores como el arraigo familiar, la integración social, la gravedad del delito y las circunstancias personales del infractor. La automatización de estos procesos, tal como plantea el PP, vulneraría derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución española como en el derecho europeo.
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Discriminación étnica disfrazada de «afinidad cultural»
Una de las propuestas más controvertidas del plan popular es la «discriminación positiva» hacia los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica. Feijóo defiende que «la hispanidad no es una etiqueta, es una reivindicación. La hispanidad es compartir vínculos sociales, vínculos idiomáticos y vínculos de comportamiento», estableciendo un sistema de jerarquización entre nacionalidades que prioriza a determinados colectivos sobre otros.
El diseño mismo de la medida —con un filtro de «afinidad cultural»— revela una tensión evidente: la tentación de jerarquizar a los inmigrantes según criterios identitarios más que laborales. Esta orientación introduce criterios de discriminación étnica que algunos expertos califican como abiertamente racista, estableciendo categorías de «buenos» y «malos» inmigrantes basadas en el origen geográfico y cultural.
El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha criticado al líder del PP por lanzar propuestas «populistas» y expandir un «discurso racista absolutamente inaceptable», recordando que España ha sido históricamente un país multicultural donde conviven tradiciones cristianas, musulmanas y judías. La propuesta popular ignora esta realidad histórica y establece un modelo de integración excluyente que contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley.
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Eliminación de ayudas sociales para forzar la autoexpulsión
El plan del PP incluye «limitar el acceso al ingreso mínimo vital para que no genere un efecto llamada a la inmigración irregular», desvinculando el empadronamiento municipal del acceso a prestaciones no contributivas. Esta medida afectaría directamente a decenas de miles de personas que actualmente reciben ayudas sociales básicas, rompiendo el consenso social construido durante décadas sobre derechos fundamentales.
La propuesta busca convertir la supervivencia económica en un mecanismo de presión para forzar la autoexpulsión de personas en situación irregular, ignorando que el acceso a servicios básicos como sanidad y educación constituye un derecho humano fundamental reconocido por organismos internacionales. La eliminación de estas prestaciones no solo vulneraría compromisos humanitarios, sino que empujaría a miles de familias hacia la marginalidad y la economía sumergida.
El endurecimiento en el acceso a ayudas sociales forma parte de una estrategia más amplia de disuasión que replica modelos implementados por gobiernos ultraderechistas europeos. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que estas políticas raramente logran reducir la inmigración irregular, mientras generan graves problemas de exclusión social y vulneración de derechos básicos.
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Prohibición del velo como símbolo de islamofobia institucional
Los populares consideran que el niqab y el burka suponen un menosprecio intolerable de la mujer y además un problema de seguridad en espacios públicos, proponiendo su prohibición siguiendo el modelo de países como Francia y Bélgica. Esta medida constituye un claro ejemplo de islamofobia institucional que discrimina específicamente a la comunidad musulmana bajo pretextos de seguridad y feminismo.
La propuesta de «prohibir el burka por razones de seguridad» surge en un contexto donde el PP murciano ha apoyado mociones para prohibir el rezo islámico en edificios públicos, evidenciando una deriva que presenta a las comunidades musulmanas como amenazas para la convivencia social. Esta orientación marca una ruptura con el discurso de integración multicultural tradicionalmente defendido por los populares.
La prohibición de vestimentas religiosas específicas vulnera la libertad de conciencia y religión reconocida en el artículo 16 de la Constitución española. Además, establece un precedente peligroso de intervención estatal en las decisiones personales de vestimenta, limitando derechos fundamentales bajo argumentos que han sido cuestionados por organismos de derechos humanos europeos.
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Convergencia programática con la agenda ultra de Vox
El endurecimiento del discurso popular culminó con la votación conjunta del PP y Vox contra las regularizaciones por arraigo en el Congreso, evidenciando la convergencia ideológica entre ambas formaciones. La diputada popular Maribel Sánchez justificó el voto favorable argumentando la necesidad de «abrir el debate» sobre política migratoria, aunque reconoció que el texto de Vox «criminaliza al extranjero por el hecho de serlo».
Desde entonces, los populares han ido asumiendo postulados que hasta ahora parecían exclusivos de la ultraderecha, como la vinculación entre inmigración irregular e inseguridad o la necesidad de un modelo de integración más exigente. Esta transformación responde a una estrategia electoral calculada para arrebatar votos a Vox, convirtiendo la inmigración en el principal vector de competencia con la derecha radical.
La adopción de propuestas como la «expulsión automática de inmigrantes que cometan delitos» representa la ruptura definitiva con principios de proporcionalidad que habían caracterizado las políticas conservadoras. Mientras que la ultraderecha apuesta por una política de deportaciones masivas —llegando a señalar a las personas con estatus migratorio irregular, lo que supondría más de siete millones de personas—, el PP ha preferido reafirmar su defensa de una inmigración ordenada, legal y útil, aunque las diferencias prácticas entre ambos discursos se han difuminado considerablemente.
