Feijóo presenta un documento que endurece las deportaciones, restringe la reagrupación familiar y elimina ayudas a inmigrantes. La estrategia busca frenar la fuga de votos hacia la extrema derecha, pero genera tensiones internas en un partido que históricamente ha mantenido posiciones moderadas en inmigración, alejándose de potenciales socios parlamentarios como el PNV.
Alberto Núñez Feijóo presenta esta semana en Murcia un plan migratorio que marca el giro más radical del Partido Popular en materia de inmigración desde la llegada de la democracia. El documento, coordinado por la vicesecretaria Alma Ezcurra y el responsable de migración Rafael Núñez Huesca, contempla el endurecimiento del Código Penal para deportaciones, restricciones en reagrupaciones familiares y la prohibición del burka y niqab, siguiendo el modelo de países como Francia y Bélgica. La propuesta responde a la presión electoral ejercida por Vox, que ha conseguido arrebatar más de un millón de votos al PP según encuestas internas, forzando a Feijóo a abandonar las posiciones moderadas que mantuvo durante sus trece años de gobierno en Galicia.
La inmigración figura como segunda preocupación de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), convirtiendo el fenómeno migratorio en el principal vector de competencia entre PP y Vox. El plan popular propone «facilitar la deportación de inmigrantes con residencia legal que cometan delitos», eliminando principios de proporcionalidad que tradicionalmente habían defendido los conservadores. Feijóo justifica estas medidas argumentando que «quien venga a contribuir tendrá los mismos derechos y obligaciones; quien venga a delinquir se irá por la misma puerta por la que entró», adoptando la retórica punitiva que hasta hace poco consideraba exclusiva de la ultraderecha.
El documento incluye la reforma de la reagrupación familiar para evitar su “uso torticero» por inmigrantes irregulares y la eliminación del vínculo entre empadronamiento y acceso a prestaciones no contributivas. Esta última medida afectaría directamente a decenas de miles de personas que actualmente reciben ayudas sociales básicas, rompiendo el consenso social construido durante décadas sobre derechos fundamentales. Las propuestas chocan frontalmente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han establecido criterios estrictos de proporcionalidad para medidas de expulsión, especialmente cuando afectan a personas con vínculos familiares o laborales consolidados.
La estrategia de los populares incluye también la priorización de «inmigrantes culturalmente cercanos» con capacidad para cubrir necesidades del mercado laboral, introduciendo criterios de discriminación entre foráneos que algunos tilda den “discriminación étnica”. Esta orientación busca capitalizar el descontento con la gestión gubernamental que el PP considera responsable del «caos migratorio», pero implica renunciar al discurso universalista que había caracterizado históricamente a los conservadores españoles.
Convergencia con la agenda ultra
El endurecimiento del discurso popular culminó con la votación conjunta del PP y Vox contra las regularizaciones por arraigo en el Congreso, evidenciando la convergencia ideológica entre ambas formaciones. La diputada popular Maribel Sánchez justificó el voto favorable argumentando la necesidad de «abrir el debate» sobre política migratoria, aunque reconoció que el texto de Vox «criminaliza al extranjero por el hecho de serlo». Esta aparente contradicción refleja la estrategia del PP de competir con la ultraderecha en su propio terreno manteniendo un lenguaje aparentemente más moderado.
La portavoz de Vox, Rocío de Meer, defendió la eliminación del arraigo con un discurso abiertamente xenófobo, exigiendo «deportaciones masivas» y calificando las regularizaciones como «la trampa del regalo indiscriminado de lo más valioso que tenemos: nuestra nación, nuestra pertenencia y nuestra identidad». Las cifras aportadas por De Meer sobre el incremento del 650% en regularizaciones por arraigo familiar entre 2020 y 2025 han sido asumidas por el PP como argumento para justificar políticas restrictivas, ignorando que el arraigo constituye una herramienta jurídica consolidada aplicada por gobiernos de ambos signos durante las últimas dos décadas.
La adopción de propuestas como la «expulsión automática de inmigrantes que cometan delitos» representa la ruptura definitiva con principios de proporcionalidad que habían caracterizado las políticas conservadoras. Durante la etapa de José María Aznar, cuando la inmigración experimentó su mayor crecimiento, el PP mantuvo posiciones equilibradas sin generar discursos alarmistas desde las instituciones. El contraste con las posiciones actuales de Feijóo evidencia hasta qué punto la presión de Vox ha modificado la matriz ideológica popular, forzando la radicalización de un partido que tradicionalmente había construido mayorías parlamentarias amplias mediante el consenso centrista.
Riesgos de aislamiento parlamentario
La instrumentalización electoral de sucesos como los disturbios xenófobos de Torre Pacheco ha permitido al PP legitimar narrativas que alimentan la xenofobia social. Feijóo tardó seis días en pedir mesura tras la violencia racista contra inmigrantes magrebíes, pero aprovechó su intervención para relacionar migración con delincuencia, validando discursos que hasta hace poco rechazaba como «discursos del miedo».
La radicalización migratoria comporta riesgos significativos para la estrategia de alternativa de gobierno del PP, especialmente en sus relaciones con potenciales socios parlamentarios. El endurecimiento contra las cesiones competenciales ha provocado el distanciamiento del PNV, que tradicionalmente había servido como socio fiable para gobiernos conservadores. Aitor Esteban ha respondido con desplantes sistemáticos a las sugerencias de Feijóo sobre mociones de censura, evidenciando que décadas de entendimiento bilateral se han deteriorado significativamente.
El sacrificio de aliados moderados forma parte de una estrategia que prioriza la competencia con Vox sobre la construcción de mayorías parlamentarias estables. Aunque esta decisión puede reportar beneficios electorales a corto plazo, compromete la capacidad del PP para articular gobiernos de coalición que requieren consensos amplios. La experiencia de otros países europeos demuestra que la adopción de agendas xenófobas por partidos conservadores tradicionales raramente logra detener el crecimiento de la ultraderecha, mientras debilita su posición ante el electorado moderado.
La proximidad de sentencias judiciales contra dirigentes populares amenaza con alimentar la antipolítica que tradicionalmente favorece a formaciones como Vox. En este contexto, el PP ha optado por una estrategia de confrontación total que busca presentarse como alternativa de regeneración frente al desgaste gubernamental por casos de corrupción. Sin embargo, esta táctica implica renunciar a la moderación que históricamente había permitido al partido conservador atraer votantes de centro, comprometiendo su capacidad para construir mayorías electorales sólidas en futuras convocatorias.
