El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, adopta propuestas de expulsión automática de migrantes que cometan delitos, acercándose a los postulados de Vox. Esta deriva autoritaria se extiende por las comunidades autónomas dirigidas por el PP, donde la presión del partido de Abascal ha conseguido normalizar medidas discriminatorias que afectan especialmente a la numerosa comunidad latinoamericana, tradicionalmente bien integrada en España.
El Partido Popular apuntala el endurecimiento de su discurso migratorio. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, enarbola propuestas que, hasta hace no mucho, parecía exclusivas del repertorio programático de la extrema derecha. El líder conservador, que se presenta como “moderado”, no duda en afirmar que «la llegada de extranjeros es un fenómeno europeo que no se puede tratar ni con populismo ni con buenismo». Esta transformación responde a una estrategia electoral calculada para arrebatar votos a Vox, convirtiendo la inmigración en el principal vector de competencia con la derecha radical. El cambio resulta particularmente significativo considerando que el PP había mantenido históricamente posiciones equilibradas en la materia, incluso durante los gobiernos de José María Aznar, cuando la inmigración experimentó su mayor crecimiento sin llegar a generar discursos alarmistas desde las instituciones.
La propuesta central de Feijóo consiste en «facilitar la expulsión de inmigrantes con residencia legal en España en el caso de que delincan», defendiendo que «debemos de replantear los determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión». Esta posición rompe con el principio de proporcionalidad al plantear que cualquier delito pueda desencadenar la deportación de personas con arraigo social y en situación legal. El planteamiento incluye además la «expulsión inmediata de los inmigrantes en situación irregular que delincan», eliminando garantías procesales básicas.
Feijóo justifica estas medidas argumentando que la legislación actual impide «tratar de forma inmediata la expulsión», revelando una concepción punitiva que equipara irregularidad administrativa con predisposición delictiva. Las implicaciones jurídicas de estas propuestas chocan frontalmente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han establecido criterios estrictos de proporcionalidad para las medidas de expulsión, especialmente cuando afectan a personas con vínculos familiares o laborales consolidados en territorio español.
Murcia como laboratorio antiinmigración
La Región de Murcia se ha convertido en uno de los grandes laboratorios donde el PP pone en marcha su nueva estrategia migratoria con el apoyo explícito de Vox. La aprobación de las cuentas regionales con la abstención del partido de extrema derecha evidencia hasta qué punto el PP está dispuesto a ceder ante estas presiones. Fernando López Miras, presidente murciano, ha incorporado en los presupuestos para 2025 algunas medidas que endurecen significativamente el acceso a servicios públicos para población inmigrante. El caso resulta paradigmático porque Murcia había experimentado durante los últimos tiempos una gestión migratoria relativamente exitosa, con niveles de integración superiores a la media nacional, demostrando que el endurecimiento no responde a problemas objetivos sino a estrategias político-electorales. López Miras sacrifica así políticas que habían demostrado su eficacia para asegurar estabilidad gubernamental.
La instrumentalización de la inmigración como arma electoral convierte al PP en cómplice de la agenda xenófoba, legitimando discursos que hasta hace poco tiempo consideraba inaceptables. Esta deriva amenaza con desestabilizar un modelo de integración que, pese a sus deficiencias, había logrado evitar los conflictos étnicos que caracterizan otros países europeos. A la luz de la deriva del PP, la extrema derecha habría conseguido uno de sus principales objetivos, a saber, arrastrar al centro-derecha hacia posiciones radicales que fragmentan la cohesión social y erosionan los consensos democráticos básicos sobre derechos humanos y dignidad personal.
El giro táctico: hacia un populismo punitivo
Este endurecimiento responde a la presión constante que Vox ejerce sobre el espacio electoral conservador desde su irrupción, en 2018. Los sondeos internos del PP revelan que el partido ha perdido más de 300.000 votos hacia la formación de Santiago Abascal en los últimos comicios, sobre todo en municipios con alta densidad de población extranjera donde el discurso del «efecto llamada» ha calado entre sectores de clase media preocupados por la competencia laboral. Esta sangría electoral ha forzado a Feijóo a reconsiderar estrategias que durante su etapa gallega había rechazado sistemáticamente. En Galicia, donde gobernó durante trece años, el líder popular mantuvo posiciones moderadas incluso durante crisis migratorias puntuales, llegando a criticar públicamente los «discursos del miedo» que ahora abraza sin reservas.
La transformación resulta harto evidente cuando se comparan las declaraciones actuales de Feijóo con sus posicionamientos de hace apenas dos años. En 2023, el presidente popular defendía que «la inmigración bien gestionada es una oportunidad para España» y criticaba las «soluciones simplistas» que ahora propone. Este cambio de paradigma coincide con la incorporación a su equipo de asesores procedentes de think tanks conservadores europeos que han estudiado el éxito electoral de partidos como Lega en Italia o Alternative für Deutschland en Alemania. La estrategia consiste en adoptar gradualmente elementos del discurso xenófobo sin llegar a los extremos retóricos de Vox, manteniendo un barniz de respetabilidad institucional que permita al PP conservar su imagen de partido de gobierno responsable.
Uno de los grandes riesgos de la involución del PP radica en la normalización progresiva de políticas discriminatorias que afectan a comunidades perfectamente integradas. La población latinoamericana, que constituye el 40% de la inmigración en España según datos del INE, había logrado niveles de integración laboral y social superiores a otros colectivos, aprovechando ventajas como el idioma compartido y vínculos culturales históricos. Las propuestas del PP eliminarían estas diferencias, aplicando criterios punitivos generalizados que ignorarían décadas de integración exitosa. Países como Colombia, Venezuela o Ecuador, que encabezan las listas de remesas desde España, verían cómo sus ciudadanos pierden la seguridad jurídica que había caracterizado su estancia en territorio español.
*David Alvarado: politólogo y periodista español
