Los presidentes autonómicos populares temen que las concesiones a la formación de Abascal para sustituir a Mazón compliquen sus comicios. La negociación valenciana se convierte en un asunto nacional que podría lastre la imagen del PP en territorios donde Guardiola no le interesa la imagen de un partido entregado a la extrema derecha. Los líderes autonómicos del PP ven con inquietud cómo Génova gestiona la crisis, especialmente aquellos que temen el impacto de un pacto excesivo en sus propias elecciones.
La dimisión de Carlos Mazón tras su gestión de la dana ha abierto una crisis en el Partido Popular que trasciende las fronteras de la Comunidad Valenciana. La necesidad de renegociar un acuerdo con Vox para evitar elecciones anticipadas ha puesto en alerta a los presidentes autonómicos que afrontan citas electorales en los próximos meses. Extremadura, Castilla y León y Andalucía observan con preocupación cómo las concesiones que pueda hacer Alberto Núñez Feijóo a Santiago Abascal para garantizar la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca marcarán un precedente peligroso. Los barones populares temen que su partido quede atrapado en una dinámica de entregas sucesivas a la extrema derecha, dificultando así la posibilidad de presentarse como opción moderada ante los electores. El equilibrio es delicado: rechazar las exigencias de Vox aboca a nuevas elecciones en plena reconstrucción de las zonas devastadas, pero aceptarlas podría contaminar la marca del PP en territorios donde el electorado centrista resulta determinante.
Hace dos años, después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el pacto entre Carlos Mazón y Vox para gobernar en Valencia fue interpretado como una entrega al chantaje de Santiago Abascal. Aquel acuerdo se tradujo en la aceptación de condiciones que vulneraban la legislación comunitaria, desde el rechazo a la Ley de Amnistía hasta el bloqueo al Pacto Verde Europeo. La posible reactivación de ese modelo en 2025, ahora bajo la dirección de Feijóo y con un margen de maniobra aún menor tras la catástrofe, genera inquietud en presidentes regionales que no quieren verse arrastrados por decisiones tomadas en Valencia. El precedente es claro: si el PP cede en asuntos como inmigración, políticas climáticas o lenguas cooficiales para salvar Valencia, Vox exigirá lo mismo en otros territorios. Los ecosistemas regionales del partido se tornan cada vez más hostiles a ese tipo de cesiones. En los despachos de los barones se escucha el mismo temor: lo que se firme en Valencia no quedará en Valencia.
Extremadura y Castilla y León, los territorios más vulnerables
La primera que afronta el riesgo de contagio es María Guardiola, presidenta de Extremadura que ha convocado elecciones para el veintiuno de diciembre tras dos años sin aprobar presupuestos por la falta de acuerdo con Vox. Guardiola llega a su campaña en una comunidad donde el PSOE domina la historia reciente, con noventa años de hegemonía socialista antes de que ella rompiera ese monopolio. Su estrategia pasa por mostrarse como líder moderada capaz de gestionar sin depender de la extrema derecha, pero las imágenes de Feijóo negociando con Abascal en Valencia complican ese relato. Si los populares en la Comunidad Valenciana se ven forzados a asumir posiciones radicales en inmigración o medio ambiente, Guardiola perderá el argumento central de su discurso y correrá el riesgo de que los electores indecisos opten por el PSOE antes que por un PP subordinado a Vox.
El siguiente territorio que afronta el riesgo es Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco debe convocar elecciones en marzo de 2026. Mañueco gobierna en coalición con Vox desde 2022, pero la relación nunca ha sido sencilla. Los populares en Castilla y León mantienen un perfil político que busca el equilibrio entre la moderación exigida por el electorado rural tradicional y las demandas de la extrema derecha que condiciona la estabilidad del Ejecutivo autonómico. Si Valencia establece nuevos estándares en las concesiones a Vox, los de Abascal en tierras castellanoleonesas exigirán un trato similar. Mañueco sabe que cualquier movimiento extremo puede movilizar al electorado socialista y poner en riesgo su continuidad. La delicada geografía electoral de la comunidad, donde el voto rural resulta determinante, no admite experimentos radicales que alejen a los votantes tradicionales del PP.
Andalucía también mira con recelo el desenlace valenciano
Aunque Juan Manuel Moreno no tiene fecha para las andaluzas, la situación valenciana le inquieta especialmente. El presidente andaluz ha construido su liderazgo sobre la base de un PP amable y desideologizado que contrasta con la imagen de confrontación permanente que transmite Vox. Moreno gobierna con mayoría absoluta desde 2022 y aspira a repetir ese resultado en los próximos comicios, lo que solo será posible si mantiene intacta su imagen de gestor eficaz alejado de los extremos. Las encuestas le son favorables, pero el margen se estrecha si el desgaste nacional del PP por sus pactos con Vox contamina su gestión regional. El líder andaluz ha evitado referencias a la crisis valenciana, aunque en privado transmite su malestar por cómo Génova gestiona la negociación. La preocupación es evidente: si el PP valenciano cede ante Vox en materia migratoria, los de Abascal reclamarán lo mismo en Andalucía, región que históricamente ha sido tierra de acogida y donde el discurso antiinmigración tiene menor penetración.
Por último, el impacto de la opa valenciana podría alcanzar a Andalucía de otra manera menos evidente. Si hay urnas en Valencia, la campaña se desarrollará en un contexto marcado por la gestión de la dana y el ascenso de Vox. Ese clima político afectará inevitablemente a la percepción nacional del PP, y Moreno, aunque goza de un margen cómodo, no puede permitirse que la imagen de su partido se deteriore por decisiones tomadas en otros territorios. El presidente andaluz sabe que la suerte del PP nacional y la suya están entrelazadas, y que cualquier debilidad en Valencia tendrá repercusiones en todas las autonomías gobernadas por los populares. Moreno preferiría que Feijóo cerrara rápido un acuerdo que no genere polémica, aunque sea consciente de que Vox aprovechará cualquier fisura para imponer sus condiciones.
La pregunta es cómo se atreve Feijóo a pactar
En el PP son conscientes de que la gestión de la sucesión de Mazón será determinante para su imagen de cara a 2027. La pregunta que se hacen los barones es sencilla: si Feijóo cede ahora, ¿qué margen le quedará después? Y por último, el impacto de la opa valenciana podría alcanzar también a elecciones en la Comunidad Valenciana. Si hay urnas, la campaña se desarrollará en un contexto marcado por la gestión de la dana, el ascenso de Vox y el relevo de Mazón. Varias fuentes autonómicas del partido subrayan que deben evitar a toda costa un escenario donde las elecciones valencianas coincidan con otras campañas regionales. El cambio tiene que consumarse sin generar un contagio mediático que arrastre a otros líderes territoriales hacia posiciones incómodas. Y el único modo de lograrlo es cerrar rápido, aunque eso implique asumir exigencias que en otro contexto serían inaceptables.
La tesis de la «autoamnistía» valenciana, defendida por algunos dirigentes del PP de Valencia, plantea que el acuerdo con Vox puede justificarse por las circunstancias excepcionales de la reconstrucción tras la dana. Ese argumento sirve de coartada, pero también establece un precedente peligroso: cada vez que haya una crisis, los populares quedarán expuestos a nuevas cesiones. El dilema del PP en Valencia marca, en definitiva, cómo se atreve Feijóo a pactar sin que ese pacto destroce su credibilidad nacional. Los barones observan y esperan, pero su inquietud es manifiesta. Si el líder del PP logra un acuerdo equilibrado que no comprometa su perfil moderado, habrá salvado una pieza clave de su estrategia. Pero si se ve forzado a ceder en exceso, el coste político lo pagarán todos los presidentes autonómicos en sus respectivas elecciones. Y Génova lo sabe.
