El Ejecutivo de Pedro Sánchez intensifica el choque con el PP en sanidad y educación, con Mónica García y Pilar Alegría como protagonistas de una ofensiva contra la privatización en comunidades gobernadas por barones populares. Madrid y Andalucía se sitúan en el centro de un debate que trasciende la gestión técnica para convertirse en disputa por el modelo de Estado y el futuro del sistema de protección social en España.
El Gobierno ha decidido pasar a la ofensiva. Después de meses centrándose en la defensa de su agenda legislativa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elegido el terreno de los servicios públicos para abrir un nuevo frente político contra el Partido Popular. La estrategia, liderada por las ministras Mónica García y Pilar Alegría, busca situar la batalla ideológica en el modelo de gestión de la sanidad y la educación, dos pilares fundamentales del Estado de bienestar que, según el Gobierno, están siendo desmantelados sistemáticamente por las administraciones del PP.
La ministra de Sanidad ha intensificado sus críticas contra las comunidades gobernadas por el PP, especialmente Madrid y Andalucía. García denunció recientemente que estas regiones «son de las comunidades que menos invierten por habitante en la sanidad pública» y advirtió que «menos creen en su sanidad pública y, por lo tanto, menos creen en estos programas de prevención que son la piedra angular de nuestro sistema». La responsable de Sanidad no dudó en vincular la privatización con problemas concretos de atención, como el retraso en las mamografías en Andalucía, situación que calificó de «punta de un iceberg» y que atribuyó a «una falta de confianza en el sistema público» y a «una intención que tiene el Partido Popular de la privatización del sistema sanitario».
El objetivo del Gobierno va más allá de la denuncia retórica. El Ministerio de Sanidad impulsa una nueva Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud que pretende «blindar» la gestión directa frente a la externalización de servicios. García ha explicado que la norma busca «limitar todas estas privatizaciones que ya han demostrado en otros países, como puede ser Inglaterra, que han producido aumentos de la mortalidad y una disminución de la calidad». La ministra se muestra especialmente combativa al señalar que «la privatización sanitaria está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria».
En paralelo, el Ministerio de Educación ha endurecido los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas, medida anunciada por Pedro Sánchez y materializada esta semana en el Consejo de Ministros. Pilar Alegría defendió la reforma argumentando que existen «centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, pertenecen a fondos de inversión y solo buscan negocio». La ministra ha dirigido sus críticas especialmente hacia la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno autonómico ha autorizado numerosos campus privados mientras reducía en un 30% la financiación de las universidades públicas desde 2016.
Impulso inversor a lo público
El contrapunto lo ofrece el Ejecutivo con una inversión de 26,7 millones de euros para financiar 1.783 plazas de Medicina en universidades públicas durante el curso 2025-2026. García justificó la medida señalando que el objetivo es «tener más estudiantes de medicina para garantizar el relevo generacional y evitar la falta de profesionales en el futuro». La ministra añadió que «con este impulso económico, les damos oxígeno a las universidades públicas para que puedan seguir ampliando las plazas sin perder calidad».
Esta estrategia de confrontación responde a un diagnóstico político del PSOE sobre la necesidad de recuperar la iniciativa en el debate público. El Gobierno considera que el PP ha conseguido imponer su narrativa en cuestiones como la gestión económica o la seguridad, pero que los servicios públicos representan un territorio favorable para la izquierda. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, los dos barones populares con mayor proyección nacional, se convierten así en los principales objetivos de una ofensiva que busca cuestionar su gestión autonómica y, de rebote, debilitar al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
La ministra García ha sido especialmente clara al señalar el alcance de sus objetivos. «Queremos limitar todas estas privatizaciones» y «poner en el centro la salud de las personas, frente a quienes quieren poner en el centro su mercantilización», declaró en una reciente entrevista. El discurso gubernamental insiste en que los modelos de gestión privada permiten que «fondos de inversión y fondos buitre especulen con la salud», situación que consideran inaceptable en un sistema público financiado con impuestos.
La respuesta del Partido Popular no se ha hecho esperar. Las comunidades gobernadas por los populares defienden que la colaboración público-privada es necesaria para garantizar la calidad del servicio y acusan al Gobierno de lanzar una campaña ideológica para tapar sus propias deficiencias en la gestión de las competencias estatales. El choque entre ambos modelos define uno de los ejes principales del debate político español de cara a las próximas citas electorales.
