El Consejo de Ministros inicia el proceso para nombrar a la fiscal de Sala del Supremo en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Teresa Peramato, de 63 años y con 35 de carrera, deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso tras el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial, que declaró no idóneo al fiscal saliente.
El Gobierno ha tardado menos de 24 horas en designar a la sucesora de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. El Consejo de Ministros aprobó este martes 25 de noviembre, a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños, iniciar el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general. La decisión llega un día después de que García Ortiz presentara su renuncia tras conocer el fallo del Tribunal Supremo que le condenaba a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Peramato, nacida en Salamanca en 1962, es actualmente fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Con 35 años de ejercicio en la carrera fiscal, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que también forman parte sus dos predecesores inmediatos, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. El Ejecutivo destaca que cuenta con el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos y una amplia trayectoria especializada en la lucha contra la violencia de género, ámbito en el que es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial.
Tramitación y comparecencia parlamentaria
El nombramiento de Peramato como fiscal general del Estado debe seguir el procedimiento establecido legalmente. Una vez aprobada la propuesta del Gobierno en el Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe que, aunque preceptivo, carece de carácter vinculante. Este trámite cobra especial relevancia tras el precedente reciente, cuando el CGPJ consideró no idóneo a Álvaro García Ortiz para ocupar el cargo, dictamen que el Gobierno decidió no atender procediendo igualmente a su nombramiento. Fuentes gubernamentales subrayan que la evaluación del órgano de gobierno de los jueces constituye un paso procedimental sin efectos imperativos sobre la decisión final del Ejecutivo.
Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios podrán interrogarla sobre su trayectoria profesional, sus criterios de actuación y su visión sobre el Ministerio Fiscal. Esta comparecencia, aunque no implica una votación de investidura al estilo de otros cargos institucionales, permite al Parlamento conocer las líneas maestras que guiarán la actuación de la futura fiscal general. Una vez cumplidos estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo mediante Real Decreto que será publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El procedimiento completo podría extenderse varias semanas, periodo durante el cual García Ortiz permanecerá formalmente en el cargo hasta que su sucesora tome posesión. Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que la celeridad en proponer a una candidata responde a la necesidad de garantizar la normalidad institucional en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, especialmente en un momento marcado por la primera condena penal a un fiscal general del Estado en ejercicio desde la instauración de la democracia.
Continuidad y perfil progresista
La oposición ha calificado el nombramiento de continuista, señalando la cercanía de Peramato tanto con García Ortiz como con Dolores Delgado, ambos responsables de su ascenso en la carrera fiscal hasta alcanzar la categoría de fiscal de Sala. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que se trata de un nombramiento de la absoluta confianza de Delgado y del propio García Ortiz, cuestionando si el perfil elegido por el presidente Pedro Sánchez se aleja de sus decisiones anteriores. Muñoz planteó que los españoles se preguntan si esta nueva fiscal general accederá a cometer delitos para atacar a rivales políticos si así se lo pide Sánchez.
El Gobierno defiende que Peramato es absolutamente idónea para dirigir la Fiscalía, destacando su dilatada trayectoria y especialización. La designada fue nombrada en enero de 2025 fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo mediante Real Decreto firmado por Álvaro García Ortiz, ocupando uno de los puestos de mayor responsabilidad en la estructura del Ministerio Fiscal. Durante el juicio por revelación de secretos contra García Ortiz, Peramato acudió a las sesiones acompañando al entonces fiscal general, evidenciando su proximidad profesional y personal con el condenado.
La Unión Progresista de Fiscales, pese a su representación minoritaria en el Consejo Fiscal con solo dos de los nueve miembros electos democráticamente por el cuerpo de fiscales, ha copado los principales nombramientos en los altos cargos de la carrera durante los últimos años. Esta situación ha generado críticas desde otras asociaciones profesionales que denuncian un desequilibrio entre la representatividad electoral de cada corriente y su presencia en los órganos de dirección del Ministerio Fiscal.
Trayectoria en violencia de género
Teresa Peramato ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de la violencia de género. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid, convirtiéndose en una de las pioneras en la especialización que introdujo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio en 2007.
En 2010 fue nombrada Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo en el que permaneció hasta 2018, cuando pasó a ocupar el puesto de Fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Entre 2021 y 2025 ocupó el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, máxima responsabilidad en esta especialidad dentro del Ministerio Fiscal. Desde esta posición impulsó numerosas circulares e instrucciones para homogeneizar criterios de actuación en casos de violencia machista en todo el territorio nacional.
Peramato ha participado como ponente en numerosos cursos formativos tanto a nivel estatal como internacional y ha publicado múltiples artículos de contenido jurídico especializados en violencia de género e igualdad. Ha sido premiada y reconocida en diversas ocasiones por su lucha y aportación en estos ámbitos. Se mostró públicamente a favor de la tramitación de la ley del solo sí es sí impulsada por la entonces ministra Irene Montero, y expresó su rechazo inicial a su reforma, al considerar que exigir el consentimiento expreso constituía un paso necesario para proteger a las víctimas.
Un nombramiento bajo escrutinio político
La propuesta de Peramato se produce en un contexto de máxima tensión política tras la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz. El fallo condenaba al fiscal general a dos años de inhabilitación, multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por la revelación de datos reservados de su causa penal. García Ortiz insistió en su carta de renuncia que dimitía para proteger a la Fiscalía española y que tenía el convencimiento de haber servido fielmente a la institución con inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.
Varios miembros de la carrera fiscal criticaron que García Ortiz no decidiera presentar su dimisión inmediatamente tras conocerse la sentencia condenatoria, esperando a contar con el fallo completo del Tribunal Supremo antes de formalizar su renuncia. El Gobierno ha defendido la actuación del fiscal saliente señalando que la condena constituye un ataque judicial a la independencia del Ministerio Público, mientras la oposición sostiene que evidencia la politización de la Fiscalía bajo el mandato de Pedro Sánchez.
La designación de Peramato deberá sortear el mismo escrutinio que afrontó García Ortiz, con el añadido de producirse inmediatamente después de la primera condena penal a un fiscal general en ejercicio. El Partido Popular ha anunciado que seguirá con cautela la tramitación del nombramiento, considerando clave observar si Sánchez sigue politizando la Fiscalía o permite a la nueva responsable ejercer con independencia. La comparecencia parlamentaria de Peramato se prevé tensa, con previsibles cuestionamientos sobre su relación con García Ortiz y Delgado, así como sobre su visión de la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Ejecutivo.
