Pedro Sánchez logró aprobar el decreto del embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible tras una jornada de máxima tensión en el Congreso. Ambas medidas prosperaron por la mínima diferencia gracias al apoyo y abstención de Podemos, pese a que la formación morada había criticado duramente las dos iniciativas. La ausencia de un diputado del Partido Popular por viaje de novios evitó un empate que habría tumbado la ley de movilidad. El ministro Félix Bolaños reivindicó que el Ejecutivo ha ganado 112 de las 119 votaciones de la legislatura.
El gobierno español salvó esta semana dos pruebas parlamentarias que evidenciaron tanto la fragilidad de su coalición como su capacidad de supervivencia política. El decreto ley sobre el embargo de armas a Israel obtuvo luz verde con 176 votos a favor, incluido el de Podemos, formación que días antes había calificado la norma de engaño. La ley de movilidad sostenible prosperó con 174 votos favorables tras la abstención de los morados, que la consideraban hipócrita. Ambas votaciones se resolvieron por un margen mínimo que refleja la aritmética precaria con la que el Ejecutivo debe negociar cada iniciativa legislativa en un Congreso cada vez más fragmentado.
La ausencia del diputado popular Guillermo Mariscal resultó determinante en el desenlace de la votación sobre movilidad sostenible. El parlamentario se encontraba de viaje de novios en México y solicitó el voto telemático, pero la Mesa del Congreso denegó la petición al no figurar los viajes postnupciales entre los supuestos autorizados legalmente, como embarazo, enfermedad o cuidado de familiares. Esta circunstancia imprevista evitó un empate a 175 votos que habría provocado la caída de la norma. La Moncloa movilizó al propio presidente Sánchez para garantizar su voto presencial, consciente de que no podía permitirse ningún error en un escenario de mayoría absoluta ajustadísima.
Podemos mantuvo al gobierno en vilo durante toda la jornada parlamentaria. La portavoz en el Congreso, Ione Belarra, no confirmó el sentido del voto de su grupo hasta minutos antes de las votaciones, generando una incertidumbre calculada que aumentó la presión sobre el Ejecutivo. Los morados habían denunciado públicamente que el decreto del embargo de armas a Israel era falso porque no impedía las ventas indirectas ni la colaboración militar, y habían tachado la ley de movilidad de insuficiente frente a la emergencia climática. Las negociaciones entre el gobierno y Podemos se prolongaron hasta el último momento, con conversaciones que no trascendieron públicamente hasta que ambas iniciativas quedaron aseguradas.
El episodio del ocho de octubre ilustra las contradicciones inherentes a la alianza entre PSOE y Podemos. Los morados votaron a favor y se abstuvieron en normas que consideran inadecuadas, priorizando la estabilidad del gobierno frente a la coherencia programática. Esta estrategia permite a Podemos mantener una posición crítica hacia el Ejecutivo mientras evita su caída, preservando así la influencia parlamentaria sin asumir el coste político de una ruptura definitiva. El equilibrio resulta cada vez más complejo de sostener conforme avanza la legislatura y se acumulan las discrepancias entre ambos socios en asuntos de política exterior, económica y social.
Ofensiva de la oposición
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció en plena sesión de control al gobierno que Pedro Sánchez será citado este octubre a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Feijóo comunicó la decisión directamente al jefe del Ejecutivo en el hemiciclo, advirtiéndole de que se acabó la huida y acusándole de estar tan implicado como los investigados en el escándalo de corrupción que afecta al PSOE. El anuncio confirma que el PP utilizará su mayoría en la cámara alta para forzar la comparecencia del presidente, convirtiéndose en el segundo jefe de gobierno en activo que comparece ante una comisión de investigación tras José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.
El líder de la oposición fundamentó su ofensiva en los informes de la Unidad Central Operativa que apuntan a una presunta contabilidad paralela del PSOE. Feijóo citó términos procedentes de conversaciones interceptadas como soles, lechugas, folios y chistorras, que según los investigadores formaban parte de un código para referirse a operaciones financieras irregulares. El ministro Félix Bolaños replicó que el informe de la UCO no acredita financiación ilegal y explicó que el llamado impuesto es una aportación voluntaria que todos los cargos públicos socialistas realizan al partido en función de su salario. El cruce de acusaciones evidencia que el caso Koldo se ha convertido en el principal ariete del PP contra el gobierno.
La controversia sobre la fecha elegida para votar el embargo de armas a Israel añadió una dimensión internacional al debate parlamentario. La embajada israelí en España emitió un comunicado calificando la decisión del gobierno de perversa, inhumana y aberrante al coincidir con el segundo aniversario del ataque de Hamás que causó 1.200 víctimas mortales. El decreto podía haberse votado hasta finales de octubre, pero el Ejecutivo optó por tramitarlo el siete de octubre. El gobierno defendió que la fecha obedecía exclusivamente a razones de calendario parlamentario, aunque el timing generó un rechazo frontal de las autoridades israelíes que acusaron a España de obsesión antiisraelí.
112 de 119 votaciones ganadas
El ministro Bolaños reivindicó en el Congreso el balance legislativo del gobierno. El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirmó que el Ejecutivo ha ganado 112 de las 119 votaciones celebradas durante esta legislatura, un porcentaje superior al 94 por ciento que pretende demostrar la solidez de la mayoría parlamentaria. Bolaños subrayó que la capacidad legislativa se mide en los hechos y no en las declaraciones, restando importancia a las críticas sobre la debilidad del gobierno. La estadística ofrecida por el ministro contrasta con la percepción generalizada de que cada votación se ha convertido en una prueba de supervivencia que obliga a negociaciones complejas y concesiones permanentes a los socios minoritarios.
El horizonte presupuestario permanece como la gran incógnita del gobierno. El Ejecutivo necesita aprobar las cuentas públicas para 2026 si quiere mantener su programa de reformas y garantizar la estabilidad hasta el final de la legislatura en 2027. Tanto Junts como Podemos han anunciado condiciones que parecen incompatibles entre sí. Los independentistas catalanes exigen concesiones en financiación autonómica y transferencias competenciales, mientras los morados reclaman políticas sociales más ambiciosas y un giro en la política de vivienda. La aritmética parlamentaria convierte cada negociación presupuestaria en un ejercicio de equilibrismo que puede prolongarse durante meses y condicionar toda la agenda política del próximo año.
Las votaciones del ocho de octubre certifican que el gobierno de Sánchez conserva una mayoría parlamentaria operativa, pero exponen su extrema dependencia de aliados críticos y circunstancias fortuitas. El Ejecutivo ha demostrado capacidad para resistir en el Congreso, aunque legisla con creciente dificultad y debe negociar cada iniciativa de forma separada sin poder contar con apoyos estructurales. La ausencia de un diputado del PP por motivos personales salvó una votación que podría haber tumbado una ley considerada prioritaria. La viabilidad del gobierno se sostiene, pero su estabilidad depende de una mayoría que debe reconstruirse en cada sesión plenaria, convirtiendo la política española en un permanente ejercicio de negociación al límite.
