El presidente estadounidense sugirió que España debería ser apartada de la Alianza por negarse a elevar el gasto militar al 5% del PIB. Pedro Sánchez mantiene el compromiso del 2,1%, calificando de «irrazonable» la exigencia de Trump, al tiempo que el PP intenta aprovechar la crisis para comprometerse a cumplir el objetivo si alcanza el poder. El choque evidencia la tensión entre las demandas de Washington y el modelo de Estado de bienestar que defiende el Ejecutivo socialista.
Donald Trump elevó la presión sobre España hasta niveles sin precedentes. Durante una comparecencia en el Despacho Oval junto al presidente finlandés Alexander Stubb, el mandatario estadounidense sugirió que la Alianza Atlántica debería expulsar a España por su negativa a comprometerse con el gasto del 5% del PIB en defensa. «Tuvimos un rezagado, era España», declaró Trump. «No tienen excusa para no hacer esto. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente». El presidente añadió que España es el único país que se desmarca del compromiso alcanzado por los aliados y recomendó a Finlandia que «empezaran a hablar con España» para averiguar las razones del incumplimiento.
Las palabras de Trump representan la escalada más grave en las relaciones bilaterales desde el regreso del magnate a la Casa Blanca en enero de 2025. Aunque el presidente estadounidense ya había criticado con anterioridad a Madrid por su posición sobre el gasto militar, nunca antes había sugerido públicamente la expulsión del país de la organización. El ultimátum llega después de que España se desmarcara en junio del compromiso adoptado por los 32 miembros de la OTAN en la cumbre de La Haya, donde se acordó elevar progresivamente el gasto militar hasta alcanzar el 5% del PIB en 2035.
Pedro Sánchez firmó la declaración final de la cumbre pero inmediatamente después aclaró que España no superaría el 2,1% de su PIB destinado a defensa. El presidente español consiguió negociar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, una fórmula de flexibilidad que permitiría a Madrid cumplir con sus obligaciones sin alcanzar el porcentaje fijado. Sin embargo, Rutte cuestionó públicamente la suficiencia de ese compromiso, señalando que España necesitaría al menos un 3,5% del PIB para satisfacer sus compromisos de capacidades militares. El desacuerdo quedó plasmado en la propia declaración de la cumbre, donde se reconoció la existencia de posiciones divergentes entre la Alianza y el Gobierno español.
El debate presupuestario y el modelo de Estado
La respuesta del Ejecutivo de Sánchez ha sido contundente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió que el gasto del 2% es «suficiente» y que España cumple con sus compromisos. «El tratado de la OTAN es claro. Las posibilidades de excluir a un país también están claras. Trump no se lo ha mirado, no se lo ha leído, no las conoce», afirmó Puente en declaraciones públicas. El ministro recordó que no existe mecanismo formal en el Tratado del Atlántico Norte para expulsar a un país miembro, ya que la organización solo contempla la retirada voluntaria mediante el artículo 13. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reforzó este mensaje asegurando que «España es un socio leal y de pleno derecho de la OTAN y así va a seguir siendo».
El choque sobre el gasto militar trasciende la disputa arancelaria o el cumplimiento formal de compromisos. Representa una batalla ideológica sobre el modelo de Estado y las prioridades presupuestarias. Sánchez ha calificado la exigencia del 5% como «irrazonable y contraproducente», argumentando que ese nivel de gasto resultaría incompatible con el mantenimiento del Estado de bienestar español. El presidente socialista defiende que cada gobierno tiene soberanía para decidir sus partidas presupuestarias y que el incremento hasta el 2,1% ya supuso un esfuerzo significativo que no debe comprometer otras áreas esenciales como sanidad, educación o políticas sociales.
Los datos avalan la dimensión del desafío. España destinó en 2024 unos 22.693 millones de euros a defensa, alcanzando el compromiso del 2% del PIB por primera vez en décadas. Para 2025, el presupuesto militar asciende a 33.123 millones, lo que representa un incremento del 43% en términos interanuales. Sin embargo, alcanzar el 5% del PIB exigiría casi cuadruplicar el esfuerzo actual, llegando hasta aproximadamente 85.000 millones de euros anuales. Esta cifra superaría el presupuesto completo del Ministerio de Sanidad o duplicaría el gasto en educación, planteando dilemas políticos y sociales de enorme calado para cualquier gobierno.
La oposición conservadora ha aprovechado la crisis para desmarcarse del Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, escribió en redes sociales que «el problema no es España, el problema es Pedro Sánchez». La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, confirmó que su partido suscribiría el compromiso del 5% si alcanzara el gobierno, argumentando que «es lo serio y porque es lo que nos demandan los ciudadanos». El compromiso popular introduce una variable electoral en el debate, convirtiendo el gasto en defensa en línea divisoria entre las dos principales fuerzas políticas españolas y proyectando consecuencias para las próximas elecciones generales.
Límites del frente común europeo
La crisis también expone las limitaciones del multilateralismo europeo frente a la presión estadounidense. Aunque la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a defender a sus Estados miembros ante posibles represalias comerciales de Washington, la realidad es que Trump tiene capacidad para generar costes políticos y económicos significativos a España mediante aranceles, restricciones comerciales o reducción de inversiones militares estadounidenses en territorio español. La administración Trump ya había lanzado mensajes contundentes a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien subrayó que todos los aliados deben «pagar su parte justa».
La paradoja del momento es que España se encuentra en una posición de creciente compromiso militar con la OTAN mientras mantiene su negativa al 5%. Madrid participa activamente en misiones de la Alianza, ha reforzado su presencia en el flanco oriental europeo tras la invasión rusa de Ucrania y mantiene bases estratégicas para Estados Unidos como Rota o Morón. El Ejecutivo español argumenta que su contribución no debe medirse exclusivamente en términos de gasto presupuestario sino también por su disposición operativa y su papel geoestratégico en el Mediterráneo y el Atlántico. Sin embargo, esta narrativa no ha conseguido convencer a Washington ni a varios aliados europeos que ven en la posición española un precedente peligroso.
Las próximas semanas serán decisivas para determinar si Madrid mantiene su posición o si la presión internacional, combinada con el desgaste político interno, fuerza un replanteo de la estrategia gubernamental. Trump ha dejado claro que no aceptará excepciones y que España debe elegir entre cumplir con el compromiso del 5% o asumir las consecuencias de su negativa. Para Sánchez, ceder significaría traicionar el modelo socialdemócrata que defiende y abrir una crisis presupuestaria de dimensiones históricas. Mantener la posición implica asumir el riesgo de aislamiento diplomático y deterioro de las relaciones con el principal socio de la Alianza Atlántica en un momento de máxima incertidumbre geopolítica global.
